Pese a que Nicaragua tiene una ley de avanzada contra la violencia hacia las mujeres, una reforma reciente cambió el panorama. Cuando en todo el mundo un feminicidio es el hecho de que un hombre asesine a una mujer en cualquier circunstancia, ahora en la nación centroamericana ese crimen sólo se tipifica así cuando se comete en el ámbito de la pareja. La razón, alegan grupos feministas, es que el Estado nicaragüense soslaya las estructuras sociales, políticas y religiosas, que aquellas consideran profundamente misóginas, para lavarse la cara ante la comunidad internacional. MANAGUA (Proceso).- Vilma tenía 24 años cuando fue quemada viva en una hoguera. Karla tenía 32 cuando fue decapitada por su pareja, un militar que fue dado de baja. Catalina tenía 34 cuando cuatro desconocidos la mataron, la metieron en un saco y la tiraron a un río. Suyén apenas tenía 21 cuando de seis tiros la mató su pareja. Todas forman parte de la macabra estadística de mujeres asesinadas en Nicaragua. Hasta la primera semana de diciembre la cifra había ascendido a 50 durante 2017, más del doble que lo registrado en 2016. Y no sólo ha aumentado el número de feminicidios, también lo ha hecho la saña con la que se cometen. Nicaragua tiene una ley de avanzada contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, la respuesta del Estado ha variado en virtud de la reforma de facto a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como Ley 779. Esta norma prevé que el feminicidio es el delito que comete el hombre que mata a una mujer a causa de las relaciones desiguales de poder sea en el ámbito público o privado. Sin embargo, el reglamento 42-2014, emitido el 31 de julio de 2014 por el presidente Daniel Ortega, circunscribe el delito de feminicidio al que comete un hombre contra una mujer en el ámbito de las relaciones de pareja. Ese aspecto del reglamento ha provocado que muchos asesinatos de mujeres no sean tipificados como feminicidio. De acuerdo con organismos defensores de las mujeres, un ejemplo claro es el caso de Vilma Trujillo, oriunda de El Cortezal, una remota comunidad de Nicaragua en el Caribe Norte, donde no hay escuelas ni centros de salud. Entre el 15 y el 21 de febrero Vilma estuvo secuestrada y amarrada en una iglesia evangélica. La razón que esgrimieron sus torturadores, encabezados por el pastor de la comunidad, fue que ella “tenía al diablo adentro”. El día 21 fue lanzada a una hoguera armada a pocos metros del templo. Estaba atada de pies y manos. Gritaba. Cuando un hombre que presenciaba el acto la sacó de la hoguera, ya tenía 80% del cuerpo quemado. Murió una semana más tarde en Managua. El 2 de mayo cuatro personas, todas miembros de la iglesia, entre ellas su pastor, fueron declarados culpables por la muerte de Vilma. Fueron juzgados y condenados a la pena máxima: 30 años de prisión por asesinato. –¿No fue un feminicidio el cometido contra Vilma? –Para nosotros está claro que sí; uno de los más horrendos y peligrosos, porque concitó el odio de la comunidad –sostiene María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente. “Pero el Estado no toma en cuenta esos argumentos, no ve en ese asesinato las condiciones que fomentan la misoginia, el sexismo, un poder descontrolado. El Estado desconoce que en ese asesinato hay causas profundamente misóginas, donde el poder masculino se ejerce contra la mujer. Más allá de si las penas son más o menos graves, si son cinco años más, el Estado se niega a reconocer que hay una estructura social, política y religiosa que es el caldo de cultivo para ejercer la violencia contra las mujeres”, agrega Blandón. El reglamento que reformó la ley, agrega Magaly Quintana, del organismo Católicas por el Derecho a Decidir –que tiene un observatorio que contabiliza las muertes de mujeres–, se realizó con la intención de “disminuir” estadísticamente los feminicidios, para no quedar tan mal ante el mundo. En 2016 las estadísticas oficiales de la Policía Nacional registraron 10 feminicidios, pero las organizaciones feministas sostienen que fueron 42. Este año la institución no ha ofrecido datos. Los cuatro hombres que el 20 de mayo mataron a Catalina Janeth García Navarrete, de 32 años, quien regresaba de lavar ropa ajena en una comunidad rural de Quilalí, en el centro de Nicaragua, y fue violada, asesinada y tirada a un río dentro de un saco junto a su pequeño hijo, fueron condenados también por el delito de asesinato. “El discurso del Estado es que hay pocos feminicidios porque se basan en la reforma al reglamento, pero eso no es cierto”, sostiene Magaly Quintana. Si el delito se comete en el ámbito público las penas son de 15 a 20 años de prisión; y de 20 a 25 si ocurre en el ámbito privado. Cierre de comisarías La situación, sin embargo, se ha agravado por el cierre de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, creadas mediante ley en 1996 con el fin de dar atención especializada en casos de violencia física, psicológica y sexual contra la mujer o la niñez. Las mujeres que denunciaban en las comisarías eran atendidas por una psicóloga y una trabajadora social, y los policías a cargo tenían formación en materia de género. Blandón recuerda que, en los noventa, la cooperación internacional destinó fondos para crear las comisarías. La primera oficina de este tipo funcionó en 1993 como un proyecto piloto financiado por los Países Bajos. “Las organizaciones de mujeres capacitaron a los funcionarios que estaban en esa dependencia, se creó un mecanismo nacional que fue el Modelo de Atención Integral, había representación del Estado y de las organizaciones de mujeres. La cooperación daba dinero a la policía, al Poder Judicial, estaba presente el Instituto de Medicina Legal, y en esa instancia se validó lo que se conoció como la Ruta Crítica contra la Violencia hacia las Mujeres. Esa ruta decía cuál era el papel de la policía, de la Fiscalía, y más adelante fue que se planteó como parte de esa ruta, y el Poder Judicial tuvo un papel protagónico: la creación de los Juzgados Especializados en Violencia”, recuerda Blandón. Nicaragua se convirtió en ejemplo en la región y los funcionarios policiales a cargo de esa dependencia capacitaron a sus pares de otros países. Sin embargo, a partir de 2008, un año después del regreso de Daniel Ortega al poder, la situación empezó a cambiar. Los organismos defensores de los derechos de las mujeres aseguran que el personal a cargo fue cambiado y en su lugar quedó otro que no estaba capacitado. Según Blandón, “el cierre de las comisarías se da primero de facto, empieza a darse prácticamente desde 2008. Ya en ese momento dependen de la policía y empiezan, primero, a quitarle recursos, a ocupar los bienes, y en 2009 empieza el gobierno a prohibir que las víctimas sean acompañadas por las organizaciones de mujeres”. “El reglamento presidencial cambió también la ruta de acceso a la justicia para las mujeres que denuncian violencia. Ahora el primer paso ya no es la Comisaría de la Mujer, sino una nueva instancia, la Consejería Familiar, que tiene como propósito fortalecer los valores de respeto, amor y solidaridad en la familia y en la comunidad. El segundo paso en la ruta es la policía o el Ministerio Público, desde donde remiten a las mujeres al Ministerio de la Familia, donde buscan arreglar ‘los conflictos que están detrás de la violencia’, según se lee en el reglamento”, explica Ruth Marina Matamoros, del grupo de mujeres Venancia, en un artículo publicado en la revista Envío. Marellyn Somarriba, también del grupo de mujeres Venancia, que trabaja en el norte de Nicaragua, confirma lo anterior en entrevista. Oficialmente no se ha decretado el cierre de las comisarías. Sin embargo, los casos de violencia son ahora abordados por la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. “Se argumentó que ésta era la especialidad de los investigadores y que iba a haber resultados más rápidos; pero en la práctica los investigadores no tienen la preparación de cara a la violencia de género, se culpabiliza a la víctima, alargan los procesos investigativos y hemos identificado casos en que los investigadores se parcializan por machismo o por intereses”, dice Somarriba. Las mujeres continúan denunciando, pero las investigaciones se alargan y los procesos son más tediosos, asegura. Las autoridades, afirma Somarriba, “lo primero que te preguntan es si estás segura de lo que vas a hacer, que es todo un proceso. Te dicen: ‘Vas a ir a la policía, a la Fiscalía, vas a hacerte una valoración psicológica’. Ésta es una forma de desestimular. Luego les dicen que la familia es importante. ‘¿Quién te va a dar para tus hijos?’, les preguntan. El agresor puede tener una red de apoyo y parte de ese apoyo está en los Gabinetes de la Familia”. “Estrategia no escrita” Según Sara Henríquez, de Mujeral en Acción, una ONG de León, en el occidente del país, “la estrategia no escrita, no consultada, ha sido que las mujeres busquen a sus Gabinetes de Familia en sus barrios, que son la misma estructura partidaria de los Consejos del Poder Ciudadano. “Hay un retroceso, les interesa manejar estadísticas bajas de cara al exterior, porque al interior nosotros las conocemos y nunca coinciden nuestros datos con los de ellos.” Para Magaly Quintana “el Estado de Nicaragua se cuida muy bien de los indicadores a nivel internacional que miden el respeto de los derechos de las mujeres”. El Informe Global de la Brecha de Género 2017, elaborado por el Foro Económico Mundial y publicado el pasado 2 de noviembre, ubica a Nicaragua en la posición número seis a escala mundial y la número uno en Latinoamérica y el Caribe entre los países con mayor equidad de género. De 2016 a 2017 Nicaragua subió 102 puestos en el índice. “Quedamos mal que bien con una legislación de avanzada. Eso se reconoce. El problema es la aplicación y el sesgo político partidario a la hora de hacer justicia. Estudié la política de género de la Corte Suprema de Justicia y es buenísima, las consultoras que contrataron son súper buenas (…) pero falta sensibilidad, conciencia”, considera Sara Henríquez. Pese a las críticas, este año en Managua un juez titular de un Juzgado Especializado en Violencia condenó a dos hombres por acoso sexual callejero en un hecho sin precedente en el país. El Nuevo Diario informó que el 13 de julio el juez Edén Aguilar impuso la pena de cinco años de cárcel a Marcos Reyes Torres, de 36 años, quien el 5 de marzo había manoseado en la calle a una mujer de 32 años. Un día después sentenció a siete años de prisión a Rafael de Jesús Obando Orozco, de 18 años, por tocarle la vulva a una muchacha de 16 años en un barrio de la capital nicaragüense donde, según estudios, nueve de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual callejero. Para Blandón hay “un doble discurso”. “Por un lado te doy una ley con la que le digo a las víctimas que tienen derecho a denunciar y a recibir la protección estatal, y por otro lado el Estado te dice: yo soy el que administro la ley y digo en qué casos esta víctima tiene derechos y en qué casos no. Los propios agresores dicen: el Estado no va a ser implacable, podemos ejercer cierto tipo de violencia”. Al menos ocho de las 50 mujeres que han muerto este año habían mediado con su agresor en la policía o en los juzgados, de acuerdo con datos de Católicas por el Derecho a Decidir. Una de ellas fue Karla Estrada, decapitada por su pareja. Este reportaje se publicó el 31 de diciembre de 2017 en la edición 2148 de la revista Proceso.