WASHINGTON (apro).- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin del Estatus de Protección Migratoria Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 200 mil ciudadanos de El Salvador, quienes tendrían que salir de la Unión Americana a más tardar el 9 de septiembre de 2019. En teleconferencia de prensa, Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, explicó que el fin del TPS es en concordancia con la aplicación de las leyes de inmigración y luego de revisar y analizar las condiciones económicas y sociales del país centroamericano. Los poco más de 200 mil salvadoreños beneficiados por el TPS, llegaron a territorio estadunidense Estados Unidos a partir de los terremotos y otros desastres naturales ocurridos en su país en 2001. El gobierno estadunidense los acogió humanitariamente otorgándoles un permiso temporal de empleo y de residencia que se renovaba de manera constante sin dilación. “La secretaria determinó que esas condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen, por lo tanto, bajo la ley vigente, el TPS actual debe ser cancelado”, dijo Nielsen. La prórroga de 18 meses que da el gobierno de Trump a los salvadoreños afectados por el fin del TPS -de acuerdo con Nielsen-; les permitirá tomar las decisiones necesarias para preparar adecuadamente su regreso a su país de nacimiento. El problema con los beneficiados del TPS es que una enorme mayoría ya tiene hijos ciudadanos estadunidenses, de quienes algunos no querrán separarse o llevarse a la nación centroamericana una vez que concluyan los 18 meses de gracia que les dieron. El Departamento de Seguridad Interior manifestó que se mantiene en comunicación con las comunidades salvadoreñas en Estados Unidos, con la realización de foros comunitarios, teleconferencias y platicas directas para apoyar a quienes deberán salir de Estados Unidos. El gobierno de Trump consideró que después de 16 años de TPS y de brindar ayuda directa a El Salvador para su recuperación tras los desastres naturales, muchos de los proyectos de reconstrucción en la nación centroamericana han terminado, por lo que “la alteración sustancial de las condiciones de vida causada por el terremoto ya no existe como tal”. Por encima de su determinación, el gobierno de Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que el Congreso federal estadunidense tome alguna medida para evitar la salida de los salvadoreños. “Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la carencia de un estatus migratorio legal para quienes están actualmente protegidos por el TPS y que han vivido y trabajado en Estados Unidos por tantos años”, concluyó Nielsen. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), en su primer año de administración, el presidente Donald Trump retiró a cuatro países de la lista del TPS –Haití, Nicaragua, Sudán y El Salvador-, y en los próximos meses decidirá si mantiene esta medida humanitaria para las 57 mil personas originarias de Honduras que actualmente se benefician de ella. Desde su creación en 1990, el TPS protege de la deportación a las personas que entraron de manera ilegal a Estados Unidos cuando sus países de origen sufrieron desastres naturales de gran magnitud o conflictos armados0. Él de El Salvador fue aprobado en marzo de 2001, después que dos terremotos devastaron al país centroamericano. La medida se aplicó para los salvadoreños que ya vivían en Estados Unidos en esta fecha. En los últimos 17 años, el TPS fue renovado 10 veces, debido en gran parte a las condiciones de violencia extrema y de pobreza -pero también de sequía- que enfrentaron los salvadoreños en años recientes. Sin embargo, el DHS indicó que “muchos proyectos de reconstrucción ya terminaron” y que “las disrupciones sustanciales de las condiciones de vida provocadas por los terremotos ya no existen”. El gobierno de Trump ignoró las peticiones del gobierno de El Salvador, el cual trató de mantener las medidas de protección a la comunidad salvadoreña establecida en Estados Unidos, que envía cerca de 5 mil millones de dólares en remesas cada año a su país de origen, lo que representa alrededor del 17% del PIB. (Con información de Mathieu Tourliere).