CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 17 de mayo, fecha en que se conmemora el “Día Internacional contra la homofobia”, la comunidad lésbico-gay de Paraguay organizó un “Besatón” para reivindicar sus derechos en las calles. El acto no fue reprimido, pero sí repudiado por el gobierno, la Iglesia y gran parte de la población, aduciendo sobre todo que se trataba de un espectáculo “inapropiado” para niños y adolescentes. Mayoritariamente católica, la sociedad paraguaya se ha distinguido por su conservadurismo en temas sexuales, de modo que la agenda LGTBI ha avanzado poco en términos de derechos adquiridos. En 2014 el Congreso se negó a aprobar una ley contra toda forma de discrimincación, la diversidad sexual está excluida de los textos escolares, los partidos truenan contra la identidad de género, y el expresidente Horacio Cartes llegó a decir que si tuviera un hijo gay, “me daría un tiro en los testículos”. En este contexto, la prensa paraguaya no ha hecho sino reforzar los estereotipos y prejuicios, lo que remite a una noticia publicada el 12 de septiembre de 1959 por el diario local El País, afín a la dictadura de Alfredo Stroessner: “108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas.”. Ese titular dejaría una huella homofóbica en Paraguay. Días antes, un popular locutor de radio había sido asesinado, en lo que genéricamente se tildó como “un crimen pasional entre homosexuales”. Apremiado por la opinión pública, Stroessner desató una cacería contra cualquier hombre señalado como gay. La policía realizó redadas en calles, casas y lugares de entretenimiento, y se dio gusto torturando e inclusive violando a los detenidos para que confesaran. Finalmente se publicó una lista completa con nombres y apellidos. Los “amorales” eran 108 y el pueblo rápidamente adoptó ese número como sinónimo de “maricón”.  Luego desapareció de la nomenclatura de muchas casas, cuartos de hotel, placas de automóvil y hasta listas de alumnos en centros escolares para evitar el estigma. Sin embargo ahora ha sido reivindicado por la comunidad LGTBI, y así como hay un centro cultural llamado “Mansión 108”, muchas pancartas con esas tres cifras pudieron verse en las marchas multitudinarias del pasado 29 de septiembre en las principales ciudades del país. Esta historia resulta significativa para los mexicanos, porque a principios del siglo pasado se suscitó una situación similar que también dejó un número como marca infamante para los homosexuales varones. El 18 de noviembre de 1901 la policía de la Ciudad de México irrumpió en una casa particular donde había un baile entre puros hombres, la mitad de ellos vestidos de mujer. El escándalo fue mayúsculo, porque se trataba de miembros de la alta sociedad, incluido, según se dijo, el yerno de Porfirio Díaz, quien de algún modo escapó de la redada y no entró en la contabilidad final de 41 detenidos. Al igual que la prensa paraguaya, la mexicana se cebó en ellos con términos infamantes, y a partir de entonces ese número pasó a ser el equivalente de homosexual y también desapareció de múltiples nomenclaturas. Tanto en el caso de México como en el de Paraguay, las redadas fueron ilegales, ya que en el primero la homosexualidad quedó despenalizada de facto en 1871, al entrar en vigor las leyes napoléonicas; y lo mismo ocurrió en el segundo, en 1880. Pero las autoridades mexicanas y paraguayas aprovecharon los resquicios legales para penalizar actos que atentaban contra “la moral, el pudor y las buenas costumbres”, y que podían –y pueden– ser interpretados a conveniencia. Ahora, a 117 años de aquel episodio mexicano y 59 del paraguayo, muchas cosas han cambiado en los dos países y en el mundo respecto de los derechos de la comunidad LGTBI; pero no todas son avances. Hay muchas estancadas y uno que otro retroceso. Y, sobre todo, el tema sigue sujeto a la interpretación, que se ve permeada por dogmas religiosos y vaivenes políticos. Según el último reporte de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), correspondiente a 2017 y titulado Homofobia de Estado, que se presenta como “un estudio jurídico mundial sobre la orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento”, todavía en 71 países (37% de la ONU) la homosexualidad es ilegal: 32 en África, 23 en Asia, 10 en América y seis en Oceanía. Si bien esta situación se da mayoritariamente en el arco islámico, también se extiende hacia el Sudeste Asiático y la Polinesia, así como a las pequeñas islas del Caribe. Y lo peor es que en 11 de ellos, donde impera la sharia, todavía se castiga con la pena de muerte (Arabia Saudita, Irán, Yemen y Sudán, en todo el país; Nigeria y Somalia, por provincias; y Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Paquistán y Qatar, en el Código Penal, aunque no se aplica). En otras 14, entre ellas Barbados, Guyana, Tanzania y Uganda se establece la cadena perpetua. Y en una decena de países de África, el Sudeste Asiático y la Polinesia; naciones islámicas como Brunei, Kuwait, Malasia y Myanmar; y casi todas las islas del Caribe, además de Belice, se imponen penas superiores a cinco años de cárcel. Diez en promedio y en Trinidad y Tobago hasta 25. Enlistar los lugares restantes donde se aplican penas menores y multas, sería demasiado largo. Todos estos datos que el ILGA presenta desde 2006 en su informe anual, se reúnen a través de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas, organismos regionales, medios de comunicación y fuentes in situ. Y reflejan no sólo la legislación vigente y las políticas públicas, sino su aplicación y el ambiente social, religioso y cultural en que se despliega la diversidad sexual. En 2016, 628 ONG de 151 países promovieron ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la creación de un Experto Independiente de la ONU sobre derechos humanos relacionados con la orientación e identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales. Increiblemente la iniciativa fue sometida a cuatro votaciones en la Asamblea General, por parte de países que se oponían a esa iniciativa, aunque finalmente fue aprobada. Como titular quedó el profesor tailandés Vitit Muntarbhorn, a quien se comisionó para establecer un diálogo con los Estados. También se fijó la necesidad de presentar un Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación mundial del colectivo LGTBI; pero en este rubro la cooperación de los gobiernos ha sido muy poca, por no decir nula. Esta cooperación sería importante, porque se busca un abordaje intersectorial, ya que se ha comprobado que la discriminación por orientación sexual se entrecruza con otras variables como género, raza, discapacidad física o mental, estado de salud, privación de la libertad, condición migratoria o de asilo, edad, etc. Y sin estadísticas oficiales es muy difícil hacer estos cruces. A pesar de estas carencias, el informe de ILGA esboza algunas cifras. Todavía hay por ejemplo 19 países (9.6% de la ONU), que apelan a la religión, la decencia, las buenas costumbres, la moral o la protección de los niños para aprobar o censurar normas que regulen la conducta relacionada con la orientación sexual. Ocho son de África y nueve de Asia, todos musulmanes; pero también hay dos europeos: Lituania y Rusia. Por su parte 25 Estados (13% ONU) ponen barreras a las ONG que trabajan en temas relacionados con la orientación sexual; seis más en el arco islámico, además de Corea del Norte y, otra vez, Rusia. Apenas nueve Estados (5% ONU) han elevado a prohibición constitucional la discriminación por orientación sexual: Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Kosovo, Malta, Portugal, Suecia e Islas Fiyi. Sin embargo son 73 (37% ONU) los que prohiben discriminar en cuestiones laborales: 40 están en Europa;  11 en África, Asia y Oceanía, y llama la atención que entre los 17 de América no aparece Estados Unidos. En cuanto a las normas de no discriminación por esta causa en otros ámbitos como la educación, la salud, la vivienda, los servicios públicos, la posesión de bienes, la cultura, los medios de comunicación, etc., son 63 los Estados (33% ONU) que las han emitido. La mayoría están en Europa y América, y la cifra va descendiendo hasta llegar a sólo uno en África: Sudáfrica. En cuanto a considerar los “crímenes de odio” como agravante penal, son 43 Estados (23% ONU) los que así lo consideran: 27 en Europa; 13 en América (México no por carecer de una ley federal al respecto, pero Brasil y Estados Unidos sí); uno en Asia (Timor Oriental); y África y Oceanía ni siquiera aparecen. Los que por su parte prohíben la “incitación al odio” son 39 (21% ONU). Otra vez los europeos llevan la mano con 29, americanos son nueve (ahora sí está México, Brasil en algunas provincias y no aparece Estados Unidos). Sudáfrica es el único africano y el resto no se menciona. Por lo que toca al matrimonio entre parejas del mismo sexo, son 22 Estados (12% ONU) los que lo han legalizado. En Europa son 13; en América siete, cinco latinoamericanos (incluido México en forma parcial) más Estados Unidos y Canadá; Sudáfrica y Nueva Zelanda. Curiosamente, la adopción por parte de estas parejas es más elevada con 26 Estados (14% ONU). Los europeos con 16; los americanos seis , con Estados Unidos y México en forma parcial; en Asia sólo Israel y, en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. Un nuevo apartado legal corresponde a las “terapias de conversión” que han sido prohibidas por Naciones Unidas como engañosas y violatorias de los derechos humanos. Ahí sólo tres países (1.5% ONU) se han apuntado: Brasil, Ecuador y Malta. Vistos en conjunto, los porcentajes son bajos. Y si se considera el cumplimiento real de la norma, lo son aún más. Pero ha surgido un nuevo temor: el ascenso de partidos y gobernantes nada comprometidos con la agenda LGTBI y que han tenido abiertas expresiones homofóbicas. Tal vez no puedan revertir las leyes ya establecidas, pero sí están creando un ambiente hostil que compromete el respeto a la diversidad sexual.