SAN FRANCISCO (apro).- Mientras se intensifica el debate global sobre la comercialización de bonos de carbono forestal, el Banco Mundial sólo ofrece cinco dólares por título, considerado bajo por los dueños de los bosques. “El Banco Mundial no ha explicado por qué es ese precio. El banco ha impuesto las reglas del contrato de compra-venta de los bonos”, dijo a Apro Ramón Silva, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Ese contrato forma parte del proceso que lleva a cabo la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) desde 2014 para ejecutar el proyecto de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+). El FCPF apoya técnica y financieramente a naciones interesadas a diseñar sus estrategias nacionales y desarrollar programas REDD+, mientras el BM es el comprador de los bonos por emisiones de dióxido de carbono (CO2) emitidos para el mantenimiento de los bosques que luego comercializarán en el mercado secundario. El Proyecto de Reducción de Emisiones (ERPD en inglés), que Conafor denominó Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) y que presentó en diciembre de 2016 ante el FCPF, estima decrementos anuales disponibles a transferir al Fondo del Carbono de un millón 695 mil toneladas de CO2 en el primer año de ejecución de la iniciativa y que escalarían en el quinto año a 6 millones 781 mil toneladas. Los propietarios de los ecosistemas mencionados quieren participar en el programa, bajo condición de que se les reconozca la titularidad de los derechos de las emanaciones evitadas y que reciban una compensación justa. “Las comunidades generan empleo y hacen trabajos forestales. Nos interesa participar en REDD+, pero queremos una distribución justa de beneficios”, declaró Joaquín Núñez, miembro de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios “Gral. Hermenegildo Galeana”. La Unión, que agrupa a mil 30 ejidatarios de 15 ejidos en cinco municipios de Guerrero, posee 160 mil hectáreas de bosque, de las cuales tiene 60 mil bajo manejo forestal. En 2010, México empezó a diseñar la Estrategia Nacional REDD+ (Enaredd+) para aplicar ese programa, enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El FCPF y el gobierno firmaron en marzo de 2014 un acuerdo por tres millones 800 mil dólares para concluir el proceso de consulta y preparación de la estrategia. Se trata de un plan de acción que financia programas nacionales en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de CO2 --responsable del calentamiento planetario-- y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero con esos fines. La iniciativa pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, lanzado en 2008 y que actualmente abarca a 64 naciones. México tiene unos 88 millones de hectáreas cubiertas de árboles, que son parte de los territorios de unas dos mil 300 comunidades, las cuales poseen unas 600 empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En otras latitudes, el BM ofrece cinco dólares por bono de CO2. Tal es el caso de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), que opera en el departamento homónimo en el norte de Guatemala. Allí, el acuerdo abarca la comercialización de más de un millón de toneladas de carbono sobre 650 mil hectáreas boscosas, incluyendo tierras que no pertenecen a la concesión asignada a la asociación. “Queremos que mejoren el precio. Deberían recompensar todos los servicios”, comentó Sergio Guzmán, gerente del proyecto REDD+ GUATECARBON -iniciativa de Acofop-, a Apro. Pero de esos cinco billetes verdes, solo 2.5 terminarán en los bolsillos de Acofop, pues la parte restante se destinará a costos administrativos y monitoreo, registro y verificación de las emisiones evitadas. En total, el proyecto puede recortar 37 millones de toneladas de CO2 en un periodo de 30 años. Un problema para las comunidades es que la titularidad de los derechos sobre las emisiones evitadas pertenece al gobierno, según el marco legal guatemalteco. Acofop administra 550 mil hectáreas repartidas en nueve concesiones por un plazo de 25 años. El manejo forestal fue uno de los temas de la Cumbre Global de Acción Climática, convocada por el gobierno del estado de California y desarrollada en San Francisco el 13 y 14 de septiembre pasado. Además, el Grupo de Trabajo de los Gobernadores para el Clima y Bosques (GFC, por sus siglas en inglés), que sesionó en San Francisco el 11 de septiembre, validó 13 Principios Rectores para la Colaboración y las Alianzas entre Gobiernos Subnacionales, Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, para abordar la deforestación, los impactos del cambio climático y respetar derechos de grupos nativos y comunidades forestales. Avalados por al menos 18 organizaciones indígenas y comunitarias y 17 organizaciones de la sociedad civil, entre ellos figura que los beneficios del desarrollo rural de bajas emisiones y la baja de emanaciones deben destinarse a pueblos indígenas y comunidades locales. Asimismo, acordaron un trabajo conjunto para diseñar iniciativas de reparto de dichos beneficios. En el GFC participan 38 estados de 10 países, donde se localiza un tercio de los bosques tropicales del planeta. Impasse Luego de año y medio de deliberaciones y en el ocaso de la administración del priista Enrique Peña Nieto, Conafor sigue sin resolver la cuestión de la titularidad de derechos del carbono, asunto fundamental para vender los bonos en el mercado internacional. En la reunión del 25 de abril último, el Comité Técnico de Cambio Climático y Bosques del Consejo Nacional Forestal (Conaf) argumentó que no es posible acreditar la titularidad de las emanaciones evitadas a los dueños de territorios forestales, de conformidad con el marco legal mexicano, según consta en la minuta de la junta, de 12 páginas de extensión y consultada por Apro. El documento consigna que Francisco Núñez Castañeda, director de Normatividad de la Dirección General Jurídica de la dependencia, arguyó que no existe disposición legal para reconocer la propiedad de las emisiones evitadas a favor de los poseedores de tierras forestales ni para clasificar REDD+ como servicio ambiental. Por su parte, Francesca Feliccani-Robles, oficial forestal y de temas legales de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señaló que la temática asociada a la propiedad del CO2 y a la titularidad de la disminución de emanaciones es “compleja”, por lo cual se necesita de “una definición por ley”. Por tres votos a favor y una abstención, el Comité Técnico decidió considerar REDD+ un servicio ambiental prestado por los ecosistemas boscosos, resolución transmitida al Conaf. Integran el Comité Técnico representantes de la industria forestal, pueblos indígenas, comunidades forestales, gobierno federal, sociedad civil, academia, profesionales del ramo e invitados especiales, que tienen voz, pero no voto. El FCPF aceptó incorporar provisionalmente la ERPD a su portafolio de financiamiento, bajo condición de que Conafor demostrara legalmente los derechos de disminución de carbono y la capacidad de ceder esa titularidad al fondo, administrado por el Banco Mundial. Además, debía atender seis recomendaciones planteadas por el Panel de Evaluación Técnica, que analizó en 2016 la IRE mexicana. En su Reporte de Avance Anual de Participantes de Países REDD+, enviado en julio pasado al FCPF, Conafor reconoció la existencia de la discusión sobre quién ostenta la titularidad de las reducciones de emisiones o emisiones evitadas como resultado de las actividades que disminuyen la deforestación y degradación forestal. “Al respecto, el marco legal aplicable no hace referencia específica sobre la titularidad de las reducciones de emisiones, sin embargo, en dicho marco se prohíbe expresamente el cambio de uso del suelo no autorizado (deforestación) y se regula el aprovechamiento forestal. Es importante destacar la necesidad de solucionar este tema para avanzar en la definición de los beneficiarios y el procedimiento de distribución de beneficios”, cita el documento de 15 páginas consultado por Apro. Entre los pendientes, Conafor incluyó la finalización del proceso de negociación del Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones e iniciar la ejecución de la IRE. Los proyectos piloto de REDD+, llamadas “acciones tempranas”, se escenifican en Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, donde existen 18.5 millones de hectáreas boscosas –21% de la superficie boscosa total–. Además, representan 36% de las emisiones de CO2 del sector forestal nacional. México, donde hay al menos 11 proyectos REDD+ y otras 38 iniciativas forestales, pierde anualmente unas 150 mil hectáreas, según el Observatorio Global de los Bosques. Entre 2000 y 2010, las emisiones de CO2 por deforestación totalizaron 45 millones de toneladas. La IRE estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de CO2. Las emanaciones serán reducidas en 80% durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20% y equilibrada a 80% en el quinto año. Así, las emisiones esperadas anuales provenientes de las cinco zonas totalizarían 21 millones 866 mil toneladas de CO2 en el primer año de ejecución para bajar progresivamente hasta 15 millones 428 mil toneladas en el quinto año. Las reducciones estimadas anuales sumarían dos millones 145 mil toneladas de CO2 en el primer año de la iniciativa, para subir a ocho millones 583 mil en el quinto año. Desde 2017, organizaciones forestales y Conafor negocian un Plan de Distribución de Beneficios, cuyo borrador fue consultado por Apro. El documento plantea que Conafor verifique la contracción de emanaciones, negocie con el FPCF el pago por resultados basado en los volúmenes de CO2 disminuidos y luego los fondos pasen del FCPF al Fondo Forestal Mexicano. A nivel nacional, los recursos serán distribuidos a los estados de acuerdo con su desempeño en los gases recortados y a los propietarios o titulares de derechos de suelo boscoso, como ejidos, comunidades o privados. “Mercantilización del aire” El debate sobre el mercado de carbono forestal se ha calentado este año entre afines a ese esquema y sus detractores. A los primeros les cayó un balde helado con la suspensión temporal del Proyecto de Carbono del Bosque Suruí, el primero tipo REDD+ administrado por pueblos originarios, anunciada el 10 de septiembre último, debido al embate de la minería de diamantes y oro y la tala. El programa, que arrancó en 2009 a cargo de los paiter-suruí en el Territorio Indígena “Siete de Septiembre” --en la frontera entre los estados de Matto Grosso y Rondonia, en la Amazonia (en el oeste de Brasil)--, buscaba impedir la salida a la atmósfera de cinco millones de toneladas de CO2 en 30 años. En 2013, la iniciativa colocó créditos de carbono por 120 mil toneladas de CO2 y un volumen similar al año siguiente. El proyecto “retrasó claramente el aumento de la deforestación” en el territorio, pero “no pudo prevenirla sin el respaldo regulatorio”, escribió Steve Zwick, editor de Ecosystem Marketplace, publicación de la organización Forest Trends, dedicada a la conservación forestal y otros ecosistemas. Una lección del caso radica en la necesidad de demarcación territorial para los grupos ancestrales y políticas sociales en esos linderos, para aminorar su vulnerabilidad histórica, especialmente ante intromisiones externas. La noticia ha fortificado los argumentos de los opositores a REDD+. “Los mercados de carbono no han sido diseñados para reducir emisiones. Estamos muy dolidos, porque estos proyectos están siendo aplicados sin el consentimiento de los pueblos afectados”, denunció en entrevista con Apro el indígena kichwa Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, de Ecuador. El líder aborigen calificó esos esquemas de “falsas soluciones”. En ese debate resalta la adjudicación de los derechos de las emisiones. Para Charlotte Streck, directora fundadora de la consultora Climate Focus, uno de los problemas es su inexistencia como figura en las legislaciones nacionales e internacionales. Durante su estadía en el Banco Mundial como asesora legal, Streck fue responsable de crear el modelo de bonos de CO2 para proyectos energéticos y luego lo extendió al ramo forestal con el Fondo de Biocarbono, una iniciativa público-privada de apoyo a países en desarrollo. Fue quien sacó al genio del carbono de la botella y ahora brega con la manera de regresarlo. “El tema es garantizar compensación justa y reparto de beneficios. Los derechos del carbono plasman eso. El problema es que no hay mucha confianza entre los pueblos indígenas y los gobiernos”, indicó Streck a Apro.