LIMA, Perú (apro).- El titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Anticorrupción, Carlos Sánchez Balbuena, ordenó el impedimento de salida del país al expresidente Alan García, quien es investigado por el delito de lavado de activos y colusión en el caso Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez solicitó la orden de impedimento y el juez la autorizó, por lo que Alan García solicitó asilo político a la Embajada de Uruguay. El impedimento de salida es para garantizar la participación del ex presidente en las diligencias de la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la licitación de la obra pública de Línea 1 del Metro de Lima. [caption id="attachment_560272" align="alignnone" width="1200"] El embajador de Uruguay en Perú, Carlos Alejandro Barros, saluda a la prensa. El expresidente Alan García le solicitó asilo. Foto: AP / Mauricio Muñoz[/caption] Alan García se comprometió a quedarse en el país sin ningún problema, ante medios de comunicación, pero posteriormente acudió con el embajador de Uruguay, para solicitar protección política de ese país.

Nos hemos allanado al pedido de impedimento de salida del país porque tenemos interés en que se profundice toda investigación.

— Alan García (@AlanGarciaPeru) 17 de noviembre de 2018

De acuerdo con el fiscal José Domingo Pérez, la constructora brasileña Odebrecht presentó nuevos documentos y reconoce el pago de cien mil dólares a Alan García, mediante a su división de operaciones estructuradas, por una conferencia que dictó en Brasil en el 2012. Previamente, el medio de comunicación IDL-Reporteros dio a conocer esa información y antes de la audiencia, García expresó: "demuéstrenlo, pues, imbéciles". El fiscal explicó durante la audiencia que para dicho pago, Odebrecht utilizó como intermediario al abogado José Américo Spinola. Asimismo refirió numerosas visitas de Jorge Barata, representante de la constructora en el país, a Palacio de Gobierno de Perú, y la celeridad del Poder Ejecutivo para la emisión de normas para presuntamente beneficiar a la empresa brasileña. El 19 de febrero del 2009, durante el gobierno de García, hicieron un Consejo de Ministros para aprobar un decreto, en el que se encargó al Ministerio de Transportes la ejecución de las obras de la línea 1 del metro de Lima. Pérez agregó que en ese momento, el decreto aprobado no tenía expediente y que recién se confeccionó el 24 de febrero, presuntamente para beneficiar a Odebrecht. El juez del Segundo Juzgado Nacional resolvió que, debido a la gravedad de los delitos imputados, la medida coercitiva resulta proporcional e indispensable para averiguar la verdad.