SANTIAGO DE CHILE.- El sorpresivo otorgamiento de una “extradición temporal” a Chile del exguerrillero Raúl Escobar Poblete, otorgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto el lunes 26 –sólo cinco días antes de dejar su cargo-- vino como anillo al dedo a la administración derechista de Sebastián Piñera, que enfrenta un severo momento político y de merma de popularidad. La determinación fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) a través del comunicado 315. Allí se indica que la extradición permitirá que Escobar Poblete pueda “ser procesado por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile, por el delito de atentado terrorista con resultado de muerte del Senador Jaime Guzmán Errázuriz”. Este crimen fue perpetrado a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica (Santiago) el 1 de abril de 1991 y fue obra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, facción autónoma (FPMR-A). Este grupo del “Frente” se había descolgado del sector vinculado al Partido Comunista de Chile (PC), el cual, a principios de 1987 y tras el fallido atentado contra el dictador Augusto Pinochet (7 de septiembre de 1986), decidió dar un paso atrás en su opción militar e incorporarse a la institucionalidad política diseñada por el régimen dictatorial. Escobar Poblete –mejor conocido como “Comandante Emilio”--, su compañero de andanzas en el FPMR, Ricardo Palma Salamanca, así como centenares de guerrilleros de esta organización, estuvieron en desacuerdo con esta opción del PC y se negaron a replegarse como este partido ordenaba. De hecho, continuaron sus acciones armadas y asesinatos políticos incluso después que Pinochet dejó La Moneda (palacio de gobierno), en marzo de 1990. Por la importancia de la víctima –ideólogo de la dictadura militar, principal artífice de la Constitución Política de 1980 y líder fundador del derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI), además de senador por Santiago-, el asesinato de Guzmán es considerado el crimen político más importante de la transición a la democracia chilena. Pese a haber participado en este y en al menos otros cuatro homicidios –contra represores de la dictadura militar- Emilio nunca fue siquiera detenido en Chile por estos delitos. Incluso se dio el lujo de comandar el rescate de prisión más espectacular que se recuerde en Chile. Este se verificó el 30 de diciembre de 1996: desde un helicóptero un comando del FPMR liderado por él arrojó al patio de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago una canasta a la que Palma y otros tres connotados guerrilleros del Frente se treparon, huyendo en medio de los disparos de los gendarmes que eran repelidos por Emilio desde el aire con una ametralladora Punto Treinta. Es por todo esto que Escobar Poblete y Palma Salamanca (a quien Francia acaba de otorgar asilo) fueron por décadas los hombres más buscados por Chile. El misterio por el destino de ambos comenzó a desaparecer luego de la detención del Comandante Emilio el 30 de mayo de 2017 en San Miguel de Allende, Guanajuato, acusado de ser el autor del secuestro de la ciudadana franco estadunidense Nancy Kendall. Extradición temporal “Esta decisión da cuenta de forma muy clara del compromiso de México en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el respeto a la justicia y la colaboración entre los Estados, y al mismo tiempo expresa su confianza en que en nuestro país existe Estado de Derecho”. Es lo que señaló a los medios chilenos el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, al atardecer del lunes 26, poco después que la SRE informara del otorgamiento de la extradición de Escobar Poblete. Ampuero expresó también que esta medida le provocaba “mucha satisfacción” concluyendo que “a veces, la justicia tarda, pero llega”. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, juez Mario Carroza, que sustancia la causa por el asesinato del senador Jaime Guzmán, también expresó su complacencia ante la determinación del gobierno mexicano. Carroza destacó que Escobar “nunca ha sido capturado ni declarado” en dicha causa. Expresó que él dispone de abundantes elementos que comprobarían la presencia de Escobar “en el momento, antes y después del asesinato”. De todos modos, este magistrado relativizó el alcance de la decisión mexicana al subrayar el carácter temporal de esta medida: “(Escobar Poblete) tendría que venir a ser juzgado a nuestro país pudiéndose llegar hasta la sentencia. Una vez que eso ocurra, nosotros tendríamos que enviarlo nuevamente a México para que sea juzgado por los secuestros en los que está comprometido”, señaló el magistrado. Carroza estimó que el “Comandante Emilio” en unos tres meses podría ser traído a Santiago. En entrevista con Apro el abogado y doctor en derecho Marcelo Hadwa explicó que la figura de la “extradición temporal” se emplea generalmente cuando el sujeto buscado por la justicia no sólo tiene causas o procesos penales en su contra en el país que lo pide sino que también en el país requerido. “Con ello se busca evitar que prescriban los delitos cometidos en el país que solicita la extradición”, señaló el jurista. La extradición temporal se comenzó a usar en México hace unos 15 años para hacer frente a la problemática que generaba que muchas personas que cruzaban la frontera con Estados Unidos tenían antecedentes delictuales activados en ambos países. El abogado Hadwa estima que la posible extradición del Comandante Emilio a Chile tendría vicios de ilegalidad dado que el tratado de extradición entre México y Chile “si bien fue acordado entre ambos países antes del asesinato del senador Guzmán, comenzó a regir con posterioridad al crimen, por lo que no se le podría aplicar retroactivamente”. Dicho acuerdo binacional se suscribió el 2 de octubre de 1990 pero entró en vigencia el 3 de agosto de 1993, más de dos años después del homicidio de Guzmán. El exguerrillero chileno tiene 30 días hábiles, que empezaron a correr este lunes 26, para presentar un amparo ante el poder judicial federal de México en contra de la señalada orden de extradición temporal. Ampuero: “gestor de la UDI” La extradición de Raúl Escobar Poblete –que en San Miguel de Allende y por 20 años se hizo llamar Ramón Guerra Valencia- ha sido solicitada a México por la Justicia, el Parlamento y por los últimos dos gobiernos de Chile –de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera- desde que éste fuera capturado en San Miguel de Allende, el 30 de mayo de 2017; y llega poco después que Francia diera una bofetada al gobierno de Chile y al conjunto de su institucionalidad al otorgar asilo al “frentista” Ricardo Palma Salamanca, en decisión comunicada el viernes 2 de noviembre. Lo que más golpeó a Santiago de la decisión francesa fue el hecho que esta se basara en supuestas precariedades de la transición chilena a la democracia. En efecto, el martes 6 el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, encabezado por Jean-Yves Le Drian, informó que el caso de Ricardo Palma Salamanca “se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet”. El gobierno galo sostuvo esto pese a que al momento de ocurrir el asesinato de Guzmán (1 de abril de 1991) en Chile gobernaba el democristiano Patricio Aylwin, primer presidente de la transición. Por lo mismo, en Chile se estimó que Francia sugirió que la sombra de la dictadura seguía presente en la institucionalidad chilena en el periodo de la transición a la democracia (Proceso 2194). Y por supuesto que existen razones para sostener esto. Este varapalo de Francia a Chile, se suma al brindado por India –en septiembre de 2015- cuando este país rechazó la solicitud de extradición de la ciudadana francesa Marie Emmanuelle­ Verhoeven, requerida por el juez Carroza, por su eventual participación en el asesinato de Guzmán. Además, en septiembre de 2010 el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner había otorgado asilo a otro de los presuntos implicados en este asesinato. Se trata del jefe del FPMR-A, Galvarino Apablaza, quien siempre ha negado toda participación en ese homicidio, y a quien la dupla de Piñera y Ampuero también quiere llevarlo a los tribunales. Todos estos rechazos han generado inseguridad en la elite política chilena, que no entiende por qué importantes países se niegan a entregar a los eventuales asesinos y cómplices de una de sus principales figuras políticas. El propio México había denegado, el pasado martes 13, la solicitud chilena de iniciar el proceso de extradición de Escobar Poblete, por su eventual responsabilidad en el secuestro –septiembre de 1991- de Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio. El fundamento: “El delito invocado se encuentra prescrito”. Para peor, todos estos últimos acontecimientos ocurren en un muy complicado momento político para el gobierno de Piñera y para el Estado de Chile, dados los numerosos escándalos de corrupción que afectan a varias de sus principales instituciones, como Carabineros y el Ejército, crisis que se agravó luego de que el miércoles 14 efectivos policiales asesinaran a balazos al comunero mapuche Camilo Catrillanca, hecho que ha desatado una ola de protestas. Dado este complejo escenario y con el fin de evitar otra derrota, el gobierno de Piñera decidió jugar todas sus fichas para conseguir la extradición de Escobar Poblete, antes que deje su cargo el priista Enrique Peña Nieto, con quien tiene una evidente afinidad política. Por lo mismo al canciller Roberto Ampuero se desplazó a México la noche del miércoles 21 para sostener una reunión con el canciller Luis Videgaray a la mañana siguiente. Aunque oficialmente ambos cancilleres “dialogaron sobre los sólidos vínculos de la relación bilateral entre México y Chile (…) sobre la participación de ambos países en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como de la próxima Cumbre del G20 a celebrarse en Buenos Aires, Argentina” -como señala el comunicado 310 de la SRE- la cita tuvo otro motivo tanto o más importante que los anteriores y que no fue declarado por sus protagonistas pero que ha trascendido en la prensa chilena. “El ministro chileno le transmitió (a Videgaray) la importancia que representaba para Chile juzgar en el país a quien es sindicado como el autor material del asesinato del senador gremialista (Jaime Guzmán) y que existían las garantías para un debido proceso”, informó el martes 27 el diario La Tercera. De acuerdo con la versión de este diario, ambos cancilleres “mantienen una relación de amistad desde la época en que Ampuero se desempeñó como embajador en México”, durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014). Y señala que este encuentro “se concretó en momentos en que ambos países monitoreaban el pronunciamiento que daría un juez de la ciudad de Guanajuato respecto de la extradición de Escobar, paso previo a la decisión final del gobierno mexicano”. En los canales oficiales de la Cancillería chilena y del propio canciller Ampuero se omitió informar de este viaje a México. Sólo cuatro días después de a concreción de esta cita, el gobierno mexicano –que ya hace las maletas- decidió otorgar la extradición de Escobar Poblete. El papel del canciller Ampuero en esta materia ha sido celebrado por representantes de la derechista UDI, que se han reunido con él para felicitarlo, como ocurrió el miércoles 28 cuando acudieron a su despacho los parlamentarios de este partido político, Juan Antonio Coloma (Senador) e Issa Kort (diputado). Sin embargo, también ha motivado severas críticas como las del abogado en Santiago de Palma Salamanca, Alberto Espinoza. Este señaló el martes 27 que el canciller Ampuero “parece que está trabajando como un gestor de la UDI en toda esta materia, no como canciller del Estado”, como sostuvo en las afueras del despacho del ministro en visita Mario Carroza. Espinoza afirmó que, según la legislación nacional, “no le corresponde al Poder Ejecutivo intervenir en cuestiones que son de exclusiva competencia de los Tribunales de Justicia”, como sería el trámite de extradición.