Iván Cepeda, el senador que tiene a Álvaro Uribe en investigación penal

martes, 27 de marzo de 2018
BOGOTÁ (apro).- La noche del domingo 11 de marzo, cuando el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, se enteró que había logrado la reelección en el cargo, en los comicios de ese día, envió un mensaje por Twitter con dedicatoria a todos los “mafiosos y corruptos” de la “ultraderecha” colombiana: “Me tendrán otros cuatro años haciéndoles la vida imposible”, escribió el legislador. Y quienes conocen su trayectoria pública saben que no miente. Apenas tres semanas antes de las elecciones legislativas, Cepeda fue protagonista de una noticia que sacudió la política colombiana: la Corte Suprema de Justicia lo exoneró de una demanda que había presentado en su contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos y calumnia, entre otros delitos. Y no sólo eso, el máximo tribunal de Colombia ordenó investigar al exmandatario precisamente por el mismo delito por el que denunció a Cepeda: manipulación de testigos. En el fallo de la Corte, Uribe pasó de acusador a acusado, y además quedó exhibido ante la opinión pública como un político de dudosa credibilidad que, según las evidencias, participó en un “complot” en el que personas muy allegadas a él obtuvieron testimonios de exparamilitares para incriminar a Cepeda como jefe de un “cártel de falsos testigos”. Ante el magistrado de la sala penal de la corte, José Luis Barceló, Uribe declaró que no tenía vínculos con el ganadero Juan Guillermo Villegas, pero a través de seguimientos e interceptaciones telefónicas el tribunal descubrió que ambos tenían una fluida comunicación, de mucha confianza, y que sus conversaciones giraban, precisamente, en torno al caso de manipulación de testigos. En una resolución de 219 páginas, la Corte señala que cuando Uribe se dio cuenta, por una aparente filtración desde la Fiscalía, que los teléfonos estaban intervenidos, acordó con Villegas un encuentro personal que se llevó a cabo en Medellín en octubre de 2015. En esa cita participó Humberto Gómez Garro, quien se había encargado, junto con el abogado uribista Wilser Molina, de que los exparamilitares Gabriel Muñoz Ramírez, ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao, ‘Simón’ --ambos presos--, declararan en contra del senador Cepeda. El encuentro entre el expresidente y Villegas “estaba relacionado con el caso de testigos dispuestos a colaborarle al senador (Uribe), incriminando falsamente a Iván Cepeda de hacerles ofrecimientos a cambio de declaraciones en su contra”, señala el expediente. El fallo de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia donde están contenidas esas graves afirmaciones fue emitido el mes pasado como resultado de un proceso judicial que inició en febrero de 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda ante ese tribunal por los delitos de abuso de la función pública, calumnia agravada y fraude procesal. Este último, por presuntamente usar testimonios “falsos” contra el expresidente. En 2010 y 2011, Cepeda, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes (de Diputados), había visitado 50 cárceles del país para documentar la grave crisis humanitaria que viven los internos en esos centros y proponer soluciones. El legislador recuerda que, en esa labor, muchos prisioneros se le acercaron no sólo a denunciar maltratos o hacinamiento, sino también delitos graves que conocieron, como asesinatos, masacres y alianzas entre políticos y delincuentes. “Los primeros testigos de un crimen son los propios criminales. Y en ese transcurrir de las visitas se me acercaron, en diferentes cárceles, dos exparamilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, que me contaron hechos muy graves en los que ellos fueron partícipes y que ocurrieron en una hacienda de Álvaro Uribe”, dice Cepeda a Apro. Sierra, que estaba recluido en la cárcel de Itagüí, en la zona metropolitana de Medellín, y Monsalve, preso en el penal de la nororiental Cómbita, le contaron al congresista que a finales de 1996 el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, había participado junto con su hermano Santiago y los hermanos Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas, y Santiago y Pedro Gallón Henao, en la creación de un grupo paramilitar. De acuerdo con el testimonio de los dos reclusos, las tres parejas de hermanos se reunieron en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe, para echar a andar el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el propósito de combatir a las guerrillas que operaban en esa zona y hacer “limpieza” social. Ese bloque paramilitar, dijeron, comenzó a operar a principios de 1997, el último año de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia. Sierra y Monsalve fueron combatientes de ese grupo armado ilegal y participaron o conocieron las masacres y asesinatos selectivos que cometió en el oriente antioqueño, así como su involucramiento en el narcotráfico y el robo de gasolina de un ducto que pasa por la hacienda Guacharacas. Esa información fue la base de varias denuncias que hizo Cepeda sobre los vínculos del expresidente Uribe con grupos paramilitares. No sólo las formuló ante la Cámara de Representantes, sino también ante los medios de comunicación. Incluso, en 2011 presentó el testimonio de los dos exparamilitares a la entonces fiscal general, Viviane Morales, y sus acusaciones fueron ratificadas en declaraciones ante fiscales. Aunque Uribe enfrenta decenas de denuncias penales en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes --que es la que investiga a los expresidentes-- y en la misma Corte Suprema de justicia --que investiga a los gobernadores y a los congresistas--, el impacto mediático que han tenido las denuncias públicas de Cepeda y la contundencia de las pruebas que ha exhibido fueron un incentivo para demandarlo por manipulación de testigos, entre otros cargos. Teléfono roto Según la demanda presentada por Uribe, el entonces representante Iván Cepeda obtuvo los testimonios de Sierra y Monsalve a cambio de dinero y de ofrecerles beneficios carcelarios. Y para sustentar esa acusación, el expresidente presentó a su vez declaraciones de otros dos exparamilitares presos, Gabriel Muñoz Ramírez, ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao, ‘Simón’, que afirmaban que Cepeda les ofreció dinero a cambio de testificar que Uribe, su hermano Santiago “y otras personas” estaban involucrados con grupos armados de extrema derecha. Mientras la Corte Suprema de Justicia analizaba la demanda, Cepeda y Uribe, que se convirtieron en senadores en julio de 2014, mantuvieron viva una dura confrontación en el que el primero reiteraba sus denuncias y les sumaba evidencias, y el segundo acusaba a su compañero de legislatura de ser “vocero” de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un debate convocado por Cepeda el 17 de septiembre de 2014, el legislador expuso ante el pleno del Senado las relaciones de Uribe con diferentes grupos de narcotraficantes y de paramilitares desde que fue director de Aeronáutica Civil, en los ochenta, hasta su presidencia (2002-2010). El senador Uribe, en su réplica, la emprendió no sólo contra Cepeda, a quien llamó “mentiroso consumado” y “aliado del grupo terrorista de las FARC”, sino contra el presidente Juan Manuel Santos, al que acusó de quererse aliar con el paramilitarismo a mediados de los noventa para sacar del poder al entonces presidente Ernesto Samper. Entre más años pasaban desde que Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2012, más elementos supuestamente probatorios contra el senador izquierdista presentaba ante el tribunal. El equipo de abogados del expresidente, encabezado por el conocido penalista Jaime Granados, “se esforzó con vehemencia por demostrar que el senador Iván Cepeda dirige un cártel de falsos testigos en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago”, señaló el fallo de la Corte, y concluyó que más bien fueron el expresidente y sus allegados quienes presionaron a testigos para sustentar sus acusaciones. Juan Guillermo Villegas, el amigo de Uribe con el que supuestamente no tenía contacto y uno de los presuntos fundadores del bloque paramilitar Metro en la hacienda Guacharacas, aparece en la resolución de la Corte como un operador clave en el entramado para buscar testimonios a la medida de los intereses del expresidente. Según las interceptaciones telefónicas que le hizo, por orden de la Corte, la Sala Esperanza --un centro de escuchas de alta tecnología de la Fiscalía--, el ganadero investigado por paramilitarismo presionó en todo momento al padre y a los hermanos del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para desacreditar su afirmación de que el Bloque Metro había sido creado en la hacienda Guacharacas por los Uribe, los Villegas y los Gallón Henao. El padre de Juan Guillermo, Oscar Monsalve, fue administrador de esa hacienda en los tiempos en que, según su hijo y el también exparamilitar Pablo Hernán Sierra, fue creado el Bloque Metro. Pero él declaró ante la justicia que desconoce esos hechos. En una conversación telefónica, Laura Monsalve, hermana de Juan Guillermo e hija de Oscar, le dice a otro de sus hermanos: “Es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo, si es que mi papá era el encargado de la finca”. De acuerdo con la Corte, Villegas “controla los movimientos de la familia Monsalve, conoce a todos sus miembros, sabe de sus actividades o le deben informar de las mismas y de su ubicación”. Además, “los insta a declarar en el momento y en los términos en que él lo define, previa preparación de un abogado”. Y hasta les da ayudas económicas. Su comunicación con Uribe sobre los testigos es fluida y en un tono muy familiar. El 24 de marzo de 2015, día en que el exadministrador de la hacienda Guacharacas Oscar Monsalve declaró ante la Corte a través de una videoconferencia, Villegas lo llamó 10 veces a su celular en un lapso de 20 minutos, pero por una “inexplicable falla técnica” la Sala Esperanza de la Fiscalía no grabó esas llamadas. Esta “fatal casualidad de que el sistema no permitió la escucha de las comunicaciones”, señala el fallo, no fue la única que ocurrió durante la investigación. Otras llamadas muy importantes, como una que le hace un familiar de los hermanos Gallón Henao a Oscar Monsalve, tampoco quedan registradas por la Sala Esperanza. Además, llamó mucho la atención de los magistrados a cargo del caso que Uribe se hubiera enterado de que los teléfonos de sus amigos estuvieran intervenidos. Los jueces detectaron que el tono y el contenido de las conversaciones cambió desde finales de octubre de 2015. Se advierten “intencionalmente” orientadas a aparentar que todos los implicados son ciudadanos rectos y ejemplares. Ganaderos y caballistas Santiago Uribe, el hermano del expresidente, está sometido a juicio por homicidio agravado y concierto para delinquir y por financiar en los noventa al grupo paramilitar conocido como “Los 12 apóstoles” en el municipio de Yarumal, Antioquia. Los otros mencionados por Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra como creadores del Bloque Metro también tienen cuentas pendientes con la justicia. El expresidente Uribe enfrenta decenas de acusaciones penales --por masacres, homicidios, vínculos con grupos paramilitares y espionaje ilegal, entre otros delitos-- en la Corte Suprema de Justicia y en la Comisión de Acusaciones del Congreso. Los hermanos Gallón Henao son dos conocidos narcotraficantes y paramilitares a quienes se les atribuye, entre una larga lista de ilícitos, la autoría intelectual del homicidio del futbolista Andrés Escobar, asesinado en Medellín en 1994 tras anotar un autogol que le costó a la selección colombiana su eliminación del Mundial de Futbol de ese año, realizado en Estados Unidos. Y los hermanos Villegas no se quedan atrás. No sólo varios exparamilitares los han señalado como financiadores del Bloque Metro, sino que Luis Alberto Villegas incluso fue asesinado en 2004 como parte de un ajuste de cuentas al interior de ese mundo criminal, según relató a un juez el excomandante paramilitar Rodrigo Pérez Alzate. Los Uribe, los Villegas y los Gallón Henao son antioqueños, propietarios de grandes extensiones de tierra, ganaderos y caballistas, como se les dice en Colombia a los criadores de caballos de paso fino que compiten con su trote elegante en las ferias rurales del país. Son rancheros ricos, igualitos que cualquier ranchero rico latinoamericano. En sus fincas usan sombreros, montan sus maravillosos ejemplares ecuestres y escuchan canciones de Vicente Fernández. Son familias que responden al perfil de los empresarios rurales que en los años ochenta, asolados por los secuestros, extorsiones y robos de ganado por parte de las guerrillas, decidieron crear, con la complicidad y ayuda de las Fuerzas Militares y la policía, sus propios grupos de autodefensa. Invariablemente, estos acabaron por mimetizarse con los cárteles de la droga y por convertirse en aparatos criminales que asesinaron o desaparecieron a decenas de miles de civiles. Una de sus víctimas fue el padre de Iván Cepeda, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la izquierdista Unión Patriótica, quien murió asesinado el 9 de agosto de 1994 por paramilitares y agentes de seguridad del Estado. En 2011, al cumplirse 17 años de ese magnicidio, el gobierno, acatando un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció a través del ministro del Interior de la época, Germán Vargas Lleras, que el asesinato de Cepeda Vargas “fue cometido por agentes del Estado en complicidad con paramilitares, y que la justicia colombiana fue incapaz de encontrar y juzgar a los responsables de este crimen”. El papá de Álvaro Uribe, Alberto Uribe Sierra, también murió asesinado. El episodio ocurrió el 14 de junio de 1983 en la hacienda Guacharacas, cuando el ganadero se resistió a un intento de secuestro por parte de guerrilleros de las FARC. Tanto Álvaro Uribe como Iván Cepeda son víctimas del conflicto armado que ha vivido Colombia en el último medio siglo. “Aquí se han acumulado muchos odios y muchos deseos de venganza en las últimas décadas, y es algo que debemos superar, pero los responsables de actos criminales deben responder por ellos”, afirma Cepeda. Uribe es el más enconado crítico del proceso de paz con las FARC, que sacó del conflicto a unos 8 mil guerrilleros y milicianos en armas. Cepeda fue uno de sus principales facilitadores y fue un conciliador clave que tendió puentes entre las partes en los momentos más críticos de las negociaciones. Uribe, quien constitucionalmente está impedido para volver a ser presidente, es quizá el político más influyente de Colombia. Iván Duque, el candidato presidencial que él ungió, encabeza todos los sondeos de cara a los comicios de mayo próximo, lo cual sólo se explica por el respaldo del exmandatario. Cepeda, un filósofo formado en Bulgaria y maestro en derechos humanos de la universidad francesa de Lyon, ha sido desde hace dos décadas un reconocido activista humanitario, y desde 2010 es congresista, primero como representante (diputado) y a partir de 2014 como senador. Vencer impunidad Para Iván Cepeda, no hay “ninguna duda de la solidez de las evidencias que implican a Uribe en el paramilitarismo y en el narcotráfico desde el comienzo de su carrera política”, a finales de los setenta. Dice, sin embargo, que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar al expresidente por manipulación de testigos “abre la posibilidad de que haya una indagación imparcial que llegue al fondo de los hechos y pueda vencer el aparato para impunidad que, según lo indican muchos elementos, él (exmandatario) creó”. Por primera vez, Uribe será investigado por presuntos delitos que habría cometido como legislador, y no como presidente. Esto lo pone ante la Corte Suprema de Justicia y no ante la inoperante Comisión de Acusaciones del Congreso, que es la que investiga a los mandatarios y exmandatarios en Colombia. “Hay una montaña de pruebas contra él”, afirma Cepeda. El senador reconoce que Uribe es un político muy poderoso, aunque también muy polarizante. 50% de los colombianos tiene una mala imagen de él y 46% tiene una opinión favorable, según una encuesta de Gallup. “Hay un fragmento de gente fanatizada que está dispuesta a perdonarle a Uribe cualquier cosa, pero son mucho más los colombianos que aspiran a que actúe la justicia”, señala. El abogado de Uribe, Jaime Granados, ha señalado que no existen evidencias que demuestren que el expresidente realizó acciones para manipular testimonios en la demanda que presentó contra Cepeda. Para el penalista, es respetable la decisión de la corte de desechar los cargos contra Cepeda, aunque afirma que “existen suficientes medios de prueba que acreditan los hechos denunciados”. Uribe dijo que hay “un ánimo persecutorio” en la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia y ya presentó, a través de Granados, un recurso contra el fallo de ese tribunal. Cepeda señala que una de las cosas que más le preocupan con respecto a este caso judicial que lo enfrenta con Uribe es “la seguridad de los dos testigos cuyas declaraciones la Corte consideró creíbles”, que son Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Tanto Cepeda como la Corte Suprema de Justicia solicitaron a las autoridades penitencias reforzar la seguridad de ambos internos. Monsalve ha sufrido dos atentados en la cárcel. Lo han intentado apuñalar y lo han intentado envenenar. El mismo senador Cepeda, quien tiene un fuerte esquema de seguridad fuerte, recibe constantes amenazas de muerte. A sus oficinas han llegado esquelas comunicando su deceso. La candidata izquierdista a la vicepresidencia, Ángela María Robledo, ha llamado al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su vida. Este martes 27, Cepeda anunció que tiene cáncer de colon y que fue operado de ese padecimiento, en forma exitosa, en una clínica de Bogotá. Dijo que seguirá un tratamiento pero que no piensa abandonar ni su curul ni su trabajo político.