MADRID (apro).- La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) dejó en libertad bajo fianza al expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y descartó el delito de rebelión, mientras estudia su extradición a España. Esto llevaría a que Puigdemont eventualmente sea extraditado a España para ser enjuiciado solo por el delito de malversación de caudales públicos, informó el tribunal esta tarde. La decisión de la justicia alemana supone un duro revés a la acusación que España integró contra los líderes independentistas, a quienes achacaban el delito de rebelión, lo cual supone actos de violencia. El tribunal alemán le impuso una fianza de 75 mil euros para poder abandonar la prisión alemana, hecho que se produciría mañana viernes, según el abogado Gonzalo Boyé, coordinador de las distintas defensas de los líderes independentistas en el extranjero. La defensa del expresident catalán le tendrá que buscar un domicilio en Alemania para poder enfrentar el proceso sobre su posible extradición a España. En un comunicado, el juez alemán explicó que solo lo tramitará la petición española por el delito de malversación de caudales públicos, ya que considera que en Cataluña no hubo violencia y que, por lo tanto, no procede extraditarlo por rebelión. Este revés a la justicia española acota que, ante una posible extradición, Puigdemont sólo podría ser juzgado por malversación. Según la explicación del tribunal, se considera que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible”, pero sí podrá ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, de manera que el proceso de extradición sigue adelante. Asimismo, en Bruselas los tres exconsellers del gobierno Catalán Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig empezaron a declarar por la tarde ante un juez, quien decidirá si los mantiene en libertad o si adopta otras medidas cautelares. En Madrid, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió procesar al mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre, durante el asedio frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre, fecha del referéndum de Cataluña. Hasta ahora no existe una reacción del gobierno de Mariano Rajoy ni de la justicia española.