LONDRES (apro).- Cuando el niño de nueve años Michael Fowoshele comenzó a comportarse de forma extraña en su escuela, las autoridades del colegio primario de Surrey Square, en el sur de Londres, se contactaron de inmediato con su madre Damilola para hablar sobre lo que le ocurría al pequeño. Sólo entonces los directivos de la escuela descubrieron qué estaba pasando con el niño, cuyos padres son inmigrantes procedentes de Nigeria. La madre de dos hijos contó que su familia se vio obligada a dormir en el piso de una iglesia local desde hacía nueve meses, ya que su estatus inmigratorio le imposibilitaba acceder a trabajo y a subsidios estatales, impidiendo además que sus hijos obtuvieran la nacionalidad británica. “En principio no quise contarle nada a la escuela, me llevó mucho tiempo poder admitir lo que estaba pasando. Y mis hijos sufrieron mucho”, contó Damilola. La mujer no es la única que atraviesa problemas económicos debido a su incierta situación inmigratoria, y con problemas para que sus hijos, que vivieron toda su vida en Gran Bretaña, obtengan la nacionalidad británica. Al menos 40 menores en la escuela de Surrey Square enfrentan la misma situación, muchos de los cuales terminaron durmiendo en autobuses, en iglesias, mezquitas, en hostales o en comisarías, debido a la falta de recursos económicos de sus padres imposibilitados de trabajar por su situación inmigratoria. Al respecto, un informe elaborado por la Alcaldía de Londres encargado por el edil laborista Sadi Khan, concluyó el pasado 14 de mayo que al menos 300 mil niños y adolescentes nacidos en Gran Bretaña de padres extranjeros se encuentran ahora en un “limbo” legal, sin poder acceder a educación superior, a servicios de salud, subsidios o a oportunidades de empleo, debido a un nuevo requisito del gobierno para obtener la nacionalidad británica. El reporte concluyó que cientos de miles de menores nacidos de familias de inmigrantes no pueden acceder a servicios básicos en el país debido a que deben abonar obligatoriamente mil libras esterlinas (unos mil 360 dólares) para conseguir su residencia legal. Khan explicó que dicho requisito económico hace al gobierno responsable por un nuevo escándalo de inmigrantes como el reciente caso “Windrush", en relación a la llegada de más de un millar de inmigrantes procedentes del Caribe y de otros países en los años 40 y 50, la mayoría que buscaba radicarse en el Reino Unido para ayudar en la reconstrucción del país tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, y a quienes sin embargo se les negó la nacionalidad. Para la Alcaldía de Londres, el monto de dinero que los jóvenes deben pagar al Ministerio del Interior para obtener su ciudadanía británica es “inaceptable”, teniendo en cuenta que esos menores vivieron toda su vida en el Reino Unido. La mayoría de los casos involucran a familias de inmigrantes que llegaron al país con bebés o niños pequeños, y que no pudieron aún obtener la nacionalidad británica para sus hijos. El reporte de la Alcaldía londinense reveló que miles de adolescentes desconocen que no cuentan con la nacionalidad o residencia británica hasta que deben presentar su documentación para iniciar la educación terciaria o universitaria en el país, y en muchos casos sus solicitudes son rechazadas porque no pueden financiar sus estudios como “extranjeros”. Ello a pesar de que completaron su educación primaria y secundaria en el país. En Gran Bretaña las cuotas escolares de las Universidades para ciudadanos británicos suelen ser de entre 9 mil y 12 mil libras esterlinas anuales (de 12 mil a 16 mil 200 dólares) dependiendo de la universidad, mientras que para extranjeros, ese monto suele superar los 50 mil dólares. Además, sin la ciudadanía o nacionalidad británica esos jóvenes hijos de inmigrantes pueden verse en problemas para alquilar una vivienda, acceder a ciertos tratamientos del Servicio Nacional de Salud (NHS), abrir cuentas bancarias o comenzar un empleo, debido a restricciones “muy hostiles” implementadas por el gobierno conservador de Theresa May. El reporte dado a conocer en la capital británica indicó que en 2007 el número de menores afectados por esa situación era de 159 mil, pero aclaró que la cifra actual se duplicó. La Alcaldía de Londres encargó ahora una nueva investigación para determinar con exactitud cuáles son los problemas que enfrentan estos menores de edad, y qué soluciones puede dar el gobierno ante esa situación, en el contexto de medidas de inmigración cada vez más estrictas y ante el inicio el próximo año del ‘Brexit’, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). “El reciente escándalo Windrush echó luz a un sistema de inmigración que simplemente no funciona adecuadamente”, indicó Khan ante la presentación del documento. “Estos jóvenes londinenses vivieron la mayor parte de sus vidas, sino toda su vida, en este país”, agregó. Para el edil londinense, es “totalmente vergonzoso” que estos hijos de inmigrantes, muchos de los cuales nacieron en el Reino Unido, tengan prohibido el acceso a la educación superior, a oportunidades de trabajo y a tratamientos de salud sólo porque su estatus de ciudadanía no fue resuelto. “El gobierno se beneficia de esta circunstancia a pesar de la enorme contribución que estos jóvenes están haciendo a nuestra ciudad y nuestro país”, subrayó Khan. Indicó que el gobierno de May debe acelerar el proceso de solicitud de nacionalidad para dichas personas, y prescindir en esos casos del cobro de mil libras. En abril de 2018, el costo por menor para ser registrado como británico era de mil 12 libras (mil 363 dólares) y de mil 330 libras (mil 800 dólares) para un adulto. La organización civil Citizens UK, que hace campaña y aboga por los derechos de los ciudadanos británicos, calculó que de esos ingresos para obtener la nacionalidad, el gobierno se queda con unos 870 dólares de ganancia, ya que sólo 500 dólares son destinados a gastos administrativos. Y aquellos que no nacieron en el Reino Unido, pero arribaron a Londres de pequeños, enfrentan costos adicionales de inmigración de hasta 8 mil 521 libras (unos 11 mil 500 dólares) durante un período de diez años. El director ejecutivo de Citizens UK, Neil Jameson, afirmó que ese sistema de requisitos financieros “es un gol en contra por parte del gobierno”, ya que según el experto “priva a jóvenes de mejorar su futuro a partir del acceso a la educación, cuando más que nunca Gran Bretaña debe ser generoso con los que lo necesitan”. Las sumas de dinero que reclama el Ministerio del Interior para dichos procesos de nacionalización ponen mucha presión en familias que tienen problemas económicos y que buscan mejorar su situación y oportunidades. Bajo las actuales leyes, las familias de inmigrantes regularizadas en el Reino Unido pueden registrar a sus hijos para que accedan eventualmente a la nacionalidad británica, sólo después de haber estado diez años en el país. Pero en muchos casos, la situación inmigratoria de esas familias es incierta, ya que puede que aún no hayan obtenido el derecho a la residencia permanente o tengan visas temporales, las cuales les impiden acceder a recursos públicos. Por ejemplo, en la escuela primaria Surrey Square, con alta población de inmigrantes, nueve alumnos de quinto grado están en el arduo y costoso proceso de solicitar la ciudadanía británica, a pesar de haber vivido toda su vida en el país. Fiona Carrick-Davies, la coordinadora del área de familia y comunidad de dicho colegio, reveló que los niños que están solicitando la nacionalidad se identifican como británicos, hablan el inglés perfecto y están totalmente integrados. “Muchas familias terminan en situaciones muy complicadas para poder obtener el dinero que necesitan y lograr que sus hijos obtengan la nacionalidad, a veces pidiendo prestado a amigos y familiares, y endeudándose mucho”, afirmó Carrick-Davies. “Esos padres tienen trabajos precarios, de limpiadores o cuidadores, y el dinero que les exige pagar el Ministerio del Interior para los procesos de nacionalización muchas veces es más de sus salarios mensuales”, agregó. La representante escolar contó que debido al endeudamiento de esas familias, la escuela provee abonos alimenticios a niños “porque los afectados no tienen ni siquiera para darle de comer a sus hijos”. Daniel Adebeso, un niño de nueve años que vivió toda su vida en Londres y que nació en el seno de una familia de origen africana, contó que quiere obtener la nacionalidad británica para poder ir a la universidad en el Reino Unido. “Quiero poder acceder a educación universitaria igual que mis amigos”, contó el niño. Su amiga y compañera de clase en la escuela de Surrey Square, Anjolaoluwa Somefun, también busca obtener la nacionalidad cuando cumpla diez años. “Quiero algún día ser ingeniera”, afirmó Anjolaoluwa. “Mi sueño es poder construir autos. Me siento tan británica como el resto de mis amigos”. Tras la polémica por el informe de la Alcaldía de Londres y las acusaciones de Citizens UK, una portavoz oficial del Ministerio de Interior afirmó que la cuota de dinero exigida a los solicitantes de la nacionalidad británica “cubre los costos generales de mantener el sistema inmigratorio”. “Dicho sistema es financiado por aquellos que más se benefician del mismo, y ayuda a reducir los costos que de otro modo recaerían en el erario británico”, sostuvo la vocera del llamado Home Office. “Hay excepciones a las tasas de solicitudes de vida que protegen a los más vulnerables, como por ejemplo para jóvenes que está bajo el cuidado y protección de las alcaldías locales”, concluyó. Lo cierto es que un contexto de regulaciones inmigratorias cada vez más estrictas y duras impuestas por parte del gobierno, con una retórica conservadora “anti-inmigración”, y ante los crecientes desafíos al sistema de inmigración por la implementación del ‘Brexit’, es improbable que mejore en un futuro cercano la situación de cientos de miles de niños y jóvenes hijos de inmigrantes, que buscan obtener los mismos derechos de residencia y nacionalidad por haber vivido toda o casi toda su vida en el país. mlv