BUENOS AIRES (apro).- “Hemos logrado un nivel de conciencia social muy amplio, transversal y federal, que hoy se traduce en un debate legislativo. Estamos emocionadas y expectantes, pero vamos a estar alegres cuando efectivamente se vote la ley”, dice a Apro Celeste McDougall, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito en Argentina. Esta red federal es la autora del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que la Cámara de Diputados debatirá, por primera vez en su historia, este miércoles 13. La iniciativa fue rubricada por 71 diputados de distinto signo político. Miles de mujeres, con sus pañuelos verdes como símbolo, han apoyado el reclamo a través de movilizaciones en Buenos Aires y otras ciudades. El Código Penal vigente desde 1921 considera que el aborto es un delito. Y es no punible sólo cuando la vida o la salud de la mujer corren peligro o el embarazo es producto de una violación. El proyecto de ley establece, por el contrario, que toda mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Este plazo se prorroga en los dos casos ya contemplados o cuando el feto presenta malformaciones graves. Si la ley es sancionada, Argentina se convertirá en el país más poblado e influyente de América Latina en permitir el aborto. Un verdadero hito en una región en la que rigen leyes restrictivas, a excepción de Cuba, Uruguay, Guayana y la Ciudad de México. El Ministerio de Salud estima que en el país se realizan entre 370 mil y 522 mil abortos clandestinos al año. En 2016, 43 mujeres perdieron la vida en esta circunstancia. Amnistía Internacional sostiene que el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias argentinas. Entre 45 mil y 60 mil mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de esta práctica. Según datos de Unicef, en Argentina nacen anualmente casi tres mil bebés de niñas de entre 10 y 14 años. Los grupos que impulsan la despenalización sostienen que su principal motivación es salvar vidas y extender los derechos de las mujeres y la infancia. Que una mujer aborte o no no es decisión del Estado, pero sí que pueda hacerlo de una forma segura. “El aborto está penalizado, está criminalizado, no solamente en términos legales sino también desde las subjetividades de las mujeres”, dice Celeste McDougall. “Las mujeres que se hacen abortos lo ocultan, no lo dicen, lo viven con culpa justamente por la condición de clandestinidad”, señala. “La legalización cambia esta subjetividad respecto de tener derecho sobre el propio cuerpo, en lo concreto impacta en la vida y la salud de las mujeres, y en un sentido más general profundiza el cuestionamiento del patriarcado y de los vínculos que se generan, la forma en que se tienen relaciones sexuales, la forma en que se piensa la maternidad, o no, la forma en que se piensa el rol de la mujer en esta sociedad”, sostiene. La Iglesia Católica ha recalcado su rechazo a la iniciativa. “La eliminación de la vida humana del que no se puede defender instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados; acepta que unos pueden decidir la muerte de otros”, se lee en el comunicado difundido por la Conferencia Episcopal Argentina el 24 de febrero. Minoritarias manifestantes antiaborto piden a diputados y senadores que legislen “por la madre y el bebé en gestación”. El mantenimiento del estatus quo prohibitivo equivale, en los hechos, a consolidar el marco ilegal al que recurre cada año medio millón de argentinas. La falta de solución abarca a quienes han sido víctimas de violación o enfrentan un embarazo de riesgo. Muchos médicos evitan el procedimiento legal por temor a estigmatizaciones o posibles conflictos judiciales. “En la práctica no se respetan esas excepciones y lo que vemos es una prohibición prácticamente total a los abortos”, indicó el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en su visita a Argentina en abril pasado. Oportunismo El 1 de marzo, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri dijo que promovería un debate “maduro y responsable” sobre el aborto en el Congreso. El anuncio provocó sorpresa. Macri encabeza un gobierno conservador, esmerado en el recorte de derechos básicos, y se ha manifestado personalmente en contra de despenalizar esta práctica. Diferentes sectores de la oposición consideran que se trata de un intento de desviar la atención de la crisis económica, la inflación persistente, la represión de la protesta social, las acusaciones de corrupción que afectan tanto al presidente como a varios de sus colaboradores directos. El impulso a la discusión sobre el aborto también resalta las divergencias en el seno del peronismo. Entre 2007 y 2015, la expresidenta Cristina Kirchner alentó la sanción de leyes progresistas, como la del matrimonio igualitario o la de identidad de género, manteniendo como tabú la despenalización del aborto. La inclusión del tema dentro de la agenda es también un desafío al Papa argentino. Francisco critica el costo social de la política económica del gobierno. Su negativa a visitar Argentina es ostensible desde que Macri es presidente. Independientemente de las motivaciones que pueda tener el oficialismo, lo concreto es que el movimiento feminista en Argentina es un actor político con gran vitalidad y respaldo popular. Su peso se multiplicó a partir de junio de 2015, cuando cientos de miles de mujeres tomaron las calles para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género, dando vida al movimiento Ni una menos. La despenalización del aborto es una de sus banderas. Apuntan como un logro propio la discusión actual en el Congreso. La iniciativa es motorizada por diputadas de todos los signos políticos y respaldada incluso por legisladoras del arco conservador. En los últimos dos meses, una comisión especial del Parlamento escuchó a cientos de expertos y testigos. Una de las convocadas fue la periodista y escritora Luciana Peker. “En esta democracia empobrecida, donde el Congreso hoy tiene una incidencia baja, donde no se trabaja con transversalidad, este debate está muy por encima del momento democrático en Argentina y del tratamiento que reciben otros temas o instancias políticas o ciudadanas”, dice a Apro. “La postura a favor del aborto legal, seguro y gratuito ganó en solvencia, en incidencia pública, en calidad de argumentos. Y se democratizó la palabra en un punto que ya es una victoria, más allá de lo que pase con la ley”, señala. El respaldo a la despenalización ha crecido junto con la pérdida de incidencia de la iglesia católica en las últimas décadas. Dos sondeos del Centro de Estudios de Estado y Sociedad muestran esta evolución. En 2006 el 37% de los argentinos opinaba que las mujeres deberían tener derecho a abortar sin importar la causa. En marzo de 2018, la cifra se elevó al 49%. Una encuesta a nivel nacional, realizada este año por la Universidad Nacional de General San Martín, consigna que el 55% de los argentinos aprueba la despenalización. Las disparidades geográficas son marcadas. Mientras que el 67% de la población en Buenos Aires está a favor, en las provincias del norte la aceptación baja al 40%. Perspectivas La votación en la Cámara de Diputados será definida por una treintena de legisladores que hoy se muestran indecisos. Se supone que la ley será aprobada. Entre los senadores hasta ahora solo 16 se han pronunciado a favor de la despenalización, 27 en contra, y 29 no han revelado su postura. El activismo feminista confía en que los senadores no tumbarán la ley si es que esta obtiene un apoyo amplio en la Cámara Baja. “Nosotras redactamos un proyecto de ley porque queríamos que se apruebe y estamos convencidas de que en algún momento se va a aprobar”, dice Celeste McDougall. “El nivel de consenso social es alto y creo que los diputados y diputadas no pueden mirar para otro lado. Para nosotras esto va a salir”. “Yo creo que en Diputados se aprueba, y claramente es más difícil en Senadores, porque representa el poder de las provincias. Puede que le laven el contenido, pero soy optimista que la ley va a salir”, dice Luciana Peker. Si esto ocurre, el presidente argentino se verá en la disyuntiva de tener que promulgar una ley que en su fuero íntimo rechaza, o tener que vetar una ley que quizá sea la única de orden progresista en su gestión. En mayo, Macri vetó la ley que moderaba los aumentos siderales de las tarifas, contrariando de este modo al 90% de la población. “Macri dijo que no iba a vetar la ley de despenalización del aborto”, sostiene Celeste McDougall. “No creo que quiera pagar ese costo político. Y si la veta, ahí estaremos reclamando por nuestros derechos”. Luciana Peker no considera que un veto presidencial sea probable: “El presidente abrió el debate, no puede abrir el debate y después vetar, salvo que lo haga para introducirle reglamentaciones”, sostiene. “El proyecto de ley no contempla la objeción de conciencia de los médicos y estoy segura de que se lo van a poner, para que salga regulado. Mi mayor miedo es que quieran hacer un dictamen que no contemple la autonomía para decidir de las adolescentes, restringiendo la posibilidad de abortar de las menores de 18 años”, dice. El triunfo del referéndum en Irlanda ha sido un golpe para los sectores conservadores del oficialismo, que ya no pueden referenciarse en ningún país desarrollado que penalice la interrupción voluntaria del embarazo. La legalización del aborto en Argentina podría fungir como mecha en toda la región. “Esto no es solo algo local”, dice Luciana Peker: “Argentina es hoy un país faro en temas de género y lo que pase en Argentina va a incidir en otros países latinoamericanos”.