NUEVA DELHI (apro).- La planta de fundición de cobre de Sterlite empezó a operar en 1997 en Tuticorin, en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India. Desde un principio la empresa tuvo enfrente la oposición de la población local, que nunca quiso que una fábrica contaminante se instalara en su territorio. Ahora, dos décadas después, logró cerrarla. Pero el precio ha sido caro: la victoria popular sólo llegó tras una matanza de la policía en una manifestación. En el último año, los habitantes de la zona decidieron protestar 99 días seguidos para que se escuchasen sus demandas: aseguran que la planta industrial contamina sus aguas. El día 100, más de 20 mil personas recorrieron las calles de Tuticorin con el objetivo de llegar a las oficinas de la administración. La policía, por primera vez, respondió. Al principio con toletes y gas lacrimógeno. Después, con disparos. Al menos 12 personas murieron ese día y decenas resultaron heridas. Otro ciudadano más murió al día siguiente. “El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice a Apro el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”, expone. “Al menos uno debe morir” En las redes sociales se difundieron rápidamente videos de la policía disparando; unas pruebas que daban a entender que aquellos disparos no fueron una respuesta espontánea. En uno de los videos se ve una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen delante, mientras uno de los agentes se sube al techo de un vehículo policial, se acomoda y dispara su rifle como lo haría un francotirador. De fondo se oye una voz que dice en lengua tamil: “al menos uno debe morir”. “Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a Apro Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado a profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group. Expertos de Naciones Unidas que han seguido el caso expresaron su preocupación por “el aparente uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo munición real, contra los manifestantes”. Pidieron al gobierno que inicie una investigación “transparente e independiente” para que los culpables asuman responsabilidades. En la arena política también se han alzado críticas contra los supuestos abusos policiales cometidos en las protestas. El político Kamal Haasan, fundador del partido tamil Makkal Needhi Maiam, se refirió a la masacre como un episodio “imperdonable” que “la gente de Tamil Nadu no olvidará nunca”. A nivel nacional, el líder de la oposición, Rahul Gandhi, dijo que las muertes de manifestantes pacíficos fueron “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”. El gobierno de Tamil Nadu anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, pero siempre ha defendido que fue la multitud la que empezó los disturbios quemando vehículos y arrojando piedras contra las oficinas de la administración. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado. Su justificación no consiguió poner freno a una indignación que fue creciendo y que convirtió esta protesta en un asunto nacional. Un tribunal ordenó paralizar la expansión del complejo industrial, una operación con la que Sterlite pretendía doblar su producción anual. Esa decisión no fue suficiente para contener la ira de la gente, de modo que pocos días después el gobierno estatal ordenó el cierre definitivo de las instalaciones. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar. “Delincuentes ilustres” En los últimos 20 años los vecinos han protestado contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado dedicado a la minería y la metalurgia que tiene su sede en Londres y que es dueño de su filial india, Sterlite Copper. De hecho, la productora de cobre originalmente se iba a instalar en los estados de Maharashtra y Goa, pero las protestas locales en esos lugares obligaron a la compañía a trasladar la fundición a Tamil Nadu. En el fondo de esta lucha se encuentra el miedo de los habitantes de Tuticorin a que algún día se repita lo que ocurrió en Bhopal en 1984: aquella fuga de gas que causó 25 mil muertos y 500 mil afectados se recuerda hoy como uno de los peores desastres industriales de la historia. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”. Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Tal como cita el medio indio The Wire, en 2010 el científico Mark Chernaik, de la Environmental Law Alliance Worldwide, concluyó en un informe que “de manera concluyente el complejo de fundición de cobre Sterlite está poniendo en peligro la salud humana y el medio ambiente contaminando los suministros de agua”. En 2013 el Tribunal Supremo de la India llegó a una conclusión similar. Reconoció que la planta industrial estaba contaminando el ambiente a través de fugas de gases nocivos y residuos peligrosos. Sin embargo, los jueces entendieron que la fábrica debía seguir operando porque India necesitaba grandes cantidades de cobre, así que sólo le impuso una multa a la empresa por la contaminación provocada. “Es triste ver que salieron inmunes aun sabiendo que había contaminado y que se estaba saltando las reglas”, lamenta Sundarrajan. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, añade el investigador Jayaraman. Los ambientalistas creen que las compañías multinacionales llevan sus producciones a la India porque saben que tienen vía libre para operar. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allá hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica Sundarrajan. En la misma línea se expresó el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente, una entidad independiente de Delhi. “Con un historial medioambiental tan pobre durante casi dos décadas, una planta como la de Sterlite no habría podido operar en ninguna parte del mundo”, dijo Chandra Bhushan, subdirector del centro. El fundador de Vedanta Resources es anil Agarwal, un multimillonario indio que dirige su compañía desde Londres. En el último año fiscal, su empresa obtuvo 2 mil 100 millones de dólares en beneficios sólo en la India. En una reciente entrevista con el periódico The Economic Times, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, declaró el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de dólares al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 3.2 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales. Agarwal lamentó la pérdida de vidas humanas en la manifestación en contra de su empresa y aseguró que ésta siempre ha estado comprometida con la prosperidad de la comunidad local. El presidente de Vedanta anunció que su compañía seguirá peleando para que la planta vuelva a abrir sus puertas porque entiende que siempre ha operado de forma “transparente y sostenible”. Mientras tanto, el candado está echado y los habitantes de Tuticorin celebran su costosa victoria.