MANAGUA (apro).- La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que funge como testigo y mediadora en el diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, confirmó a través de un comunicado oficial que se reinstalará el plenario de la mesa del diálogo el próximo viernes 15, tras 22 días de impase. “En dicha mesa estaremos dando a conocer a la comunidad nacional e internacional la propuesta que presentamos al señor presidente (Daniel Ortega) y la carta que él nos ha enviado con su planteamiento, lo que someteremos a debate para buscar un consenso que responda a los anhelos de justicia, democratización y paz del pueblo”, señala el comunicado 13.06.18 de la CEN. El pasado 7 de junio, la CEN en pleno, integrada por todos los obispos del país, sostuvo un encuentro a puertas cerradas con el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, y representantes del gobierno que asisten a la mesa del diálogo nacional. En él le expuso la Agenda de Democratización planteada en la mesa del diálogo nacional y rechazada por sus representantes por calificarla de “ruta hacia un golpe de Estado”. La agenda de Democratización, expuesta de manera resumida en la edición 2170 de Proceso, aborda los mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral y transparente en Nicaragua. Entre estos se cuenta: reforma parcial de la Constitución Política en el presente año, a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y de las regiones autónomas, a la mayor brevedad posible. Además, que sean observadas por misiones de la OEA, de la UE y del Centro Carter, entre otros. También plantea: reducción del periodo de las autoridades de los Poderes del Estado, entre estos, el Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Controlaría General de la República, Ministerio Público, y Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos. Finalmente, la Agenda de Democratización propone la aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática para la Implementación de los Acuerdos Políticos del Diálogo Nacional, que establezca las líneas de acción para garantizar los planteamientos del pasado 21 de mayo, incluyendo que el garante de la misma fuese la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea. La víspera del Paro Nacional La Conferencia Episcopal de Nicaragua indica que el presidente Ortega respondió oficialmente a dicha Agenda a través de una carta. Sin embargo, asegura que su contenido se expondrá en la mesa del plenario del diálogo el próximo 15 de junio. El plenario del diálogo, que se transmite en vivo y en directo a través de la señal televisiva del Canal Católico de Nicaragua, se encuentra suspendido desde el pasado 23 de mayo, cuando no hubo consenso alrededor de la Agenda de Democratización propuesta por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a la delegación estudiantil, de la sociedad civil y del sector empresarial nicaragüense. Tampoco hubo consenso alrededor de la demanda gubernamental de retirar los tranques o bloqueos en carreteras y ciudades, por considerar que éstos son violatorios a los derechos humanos de la población. Al respecto, la Alianza Cívica ha indicado que son un mecanismo para autoprotegerse de los ataques de las fuerzas policiales y de los grupos “parapoliciales” que han provocado desde el pasado 18 de abril más de 150 muertos. A partir de las cero horas de este jueves 14 se desarrollará la primera convocatoria a Paro Nacional de 24 horas lanzada por Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el pleno respaldo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que agrupa a los grupos financieros más importantes del país y a más de 20 cámaras empresariales de igual número de sectores económicos. “Este es un paro cívico, nacional y pacífico que abarca a todo el país y todas las actividades económicas… Instamos a los empleadores a respetar la decisión de los trabajadores a sumarse a este paro cívico nacional y pacífico”, apuntó la Alianza en conferencia ayer. También llamó a los empleados públicos a sumarse de forma masiva, planteándoles que el gobierno de Ortega ha pisoteado su dignidad, deduciéndoles contribuciones partidarias de sus salarios y obligándolos a manifestarse públicamente en sus actos por temor a perder sus empleos.