MADRID (apro).— La Audiencia de Navarra (norte de España) decretó este jueves la libertad provisional para los cinco miembros de “la Manada”, como se autodenominaba el grupo de jóvenes condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual y en grupo contra una joven en los Sanfermines de 2016. Los condenados, que se encuentran en prisión desde el 7 de julio de 2016, podrán obtener su libertad previo pago de una fianza de 6 mil euros. El fallo judicial provocó una ola de indignación entre colectivos feministas y de defensa de mujeres, así como de responsables políticos. En redes sociales se están organizando movilizaciones callejeras para protestar contra esta decisión. Las dos primeras se produjeron en la Plaza Sant Jaume, en Barcelona, y en la plaza consistorial de Pamplona –donde se produjo la agresión sexual— donde se coreaban consignas como “No es abuso, es violación”; “Somos mujeres, no vamos a parar”, se acusó de la decisión a la “justicia patriarcal”; “falta de inmunidad a los violadores”; “Esta justicia es una mierda”, entre otros. Hay concentraciones convocadas también en Pontevedra y Santiago de Compostela (Galicia). Y este viernes se prevé una concentración masiva frente al Ministerio de Justicia en Madrid, además en Zaragoza y Sevilla. En las críticas por este fallo prevalece la incomprensión al cambio de criterio del tribunal, que los había mantenido en prisión provisional hasta en tres ocasiones ante el riesgo de fuga y reiteración delictiva, sin embargo, una de las magistradas modificó ese criterio y a solo dos meses de haber sido condenados a nueve años, les dictaron la libertad provisional. Los condenados no han cumplido siquiera los cuatro años y medio mínimos para poder considerar una posibilidad de eludir la prisión. Tanto la fiscalía como las acusaciones ejercidas por el gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, se oponían a la puesta en libertad, en la vista celebrada el lunes a petición de la defensa de los condenados, que pedía revisar el caso para pedir su libertad. Los tres acusados presos en Pamplona, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, fueron trasladados a la Audiencia, y los recluidos en Madrid, el guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, siguieron el procedimiento por videoconferencia. Indignación La fiscal Elena, que pidió 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de agresión sexual, delitos contra la intimidad y robo del teléfono móvil de la víctima, no solo se opuso a la libertad, sino que pidió se incluyera la responsabilidad civil por el “sufrimiento moral” de la víctima. Planteó la absoluta credibilidad a la víctima en su informe final, en el que destacó que la “intimidación fue gravísima e impidió resistencia o huida” de la joven, por lo que “no le quedó más remedio que someterse, pero la denunciante no consintió” la agresión. Esta decisión de la Audiencia de Pamplona se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, aunque en ese supuesto no suspende la ejecución de libertad provisional. Además de la fianza de seis mil euros, el tribunal impuso a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio. También les impone la prohibición de entrar a la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicarse con la víctima, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.