MADRID, Esp. (apro).- La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ratificó el procesamiento por rebelión y malversación de fondos públicos contra los líderes del independentismo catalán, encabezados por el expresidente Carles Puigdemont Casamajó. Esta decisión lleva la suspensión automática de sus cargos de diputados autonómicos tanto de Puigdemont, de su exvicepresidente, Oriol Junqueras, de los exconsellers Antoni Comín, Raül Romeva Josep Rull, Jordi Turull y del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. De los 25 procesados, quince presentaron un recurso contra el fallo del juez Pablo Llarena, en el cual se les acusa de los dos delitos citados, pero este miércoles se conoció que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo rechazó dichos recursos y confirmó el procesamiento por rebelión y malversación. También rechazó un recurso presentado por Vox, el partido de ultraderecha que ejerce como acusación particular. Los magistrados consideran “suficientemente razonable” calificar los hechos procesados como delito de rebelión porque existió “un alzamiento” con un uso “torticero” del poder de la Generalitat para conseguir la independencia de la comunidad autónoma transgrediendo la ley. Advierten que en cuanto al delito de malversación hubo un “sistema de engaño” para tapar el destino del dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre pasado. El pasado 23 de marzo, el juez Pablo Llarena encontró culpables de rebelión, malversación y desobediencia a 25 líderes independentistas. El magistrado acusó de rebelión a Puigdemont; Junqueras; siete exconsellers; a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el expresidente de al ANC, Jordi Sánchez; y al de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. El delito de rebelión, que implica un alzamiento violento, queda firme contra los sentenciados, por lo que la legislación española impone la suspensión automática para ejercer cargo público de los procesados por rebelión. Dicha suspensión se haría efectiva presumiblemente a Puigdemont y Comín, a los que la justicia alemana y belga dejó en libertad provisional, ambos con prisión preventiva dictada en España.