MEDELLÍN (Proceso).- Como en México, en Colombia se abre paso la posibilidad de ensayar estrategias alternativas a la persecución policiaca para enfrentar el problema de la criminalidad en las grandes ciudades.  En Medellín, la segunda ciudad de Colombia, voceros de la estructura delictiva conocida como La Oficina han expresado su deseo de acogerse a la justicia, entregar las armas, desmantelar sus negocios ilegales y reparar los daños a sus víctimas a cambio de una rebaja de penas.  El abogado medellinense Ricardo Andrés Giraldo dice que “es necesario darles a estas organizaciones salidas legales para romper el ciclo de violencia”. El maestro en derecho procesal penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana propone una legislación especial que permita a grupos delictivos como La Oficina, que actúan en entornos urbanos, iniciar un proceso de paz con una nueva legislación que garantice la justicia, la verdad, la reparación a víctimas y las garantías de no repetición. Afirma en entrevista que las capturas de integrantes y cabecillas de grupos criminales en Medellín, que suman más de 2 mil 900 este año, resultan por sí solas ineficaces para reducir los índices de violencia y dar seguridad a la ciudadanía. Este año se han registrado en la ciudad 67 homicidios más de los habidos entre enero y mediados de agosto de 2017. Y 2018 será el segundo año consecutivo con aumento de asesinatos. “Es necesario cambiar la estrategia para combatir el delito. La que tenemos no está dando resultados”, señala el abogado. Giraldo propone impulsar una ley que permita a todos los “actores del conflicto armado urbano” del país acudir a la justicia, confesar sus crímenes, abandonar sus negocios ilícitos y recibir, a cambio, penas de entre cinco y ocho años de prisión efectiva, en el caso de delitos comunes, y hasta de 10 años en los casos de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, ejecuciones y violencia sexual. Además, señala, la iniciativa podría tener como incentivos que los condenados puedan cumplir sus penas en granjas agrícolas, que admita a los miembros de este tipo de organizaciones que estén presos y hayan recibido condenas y que se limite la admisión de solicitudes de extradición a Estados Unidos a los delitos que se hayan cometido después de entrar en vigor la eventual legislación.  Con este marco legal, explica, se propiciaría que en Medellín y otras ciudades de Colombia con alto niveles de criminalidad haya una entrega a la justicia, individual y colectiva, de integrantes de estructuras delincuenciales que generan violencia y terror entre la población. Oficina excluida El pasado junio el Congreso colombiano aprobó una ley para el sometimiento a la justicia de bandas criminales, que está dirigida a “grupos armados organizados” como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y las disidencias de las FARC.  La nueva legislación, que prevé sometimientos colectivos, rebajas de penas de hasta 50% y el cumplimiento de condenas en granjas agrícolas, excluye a las estructuras delictivas urbanas como La Oficina, que está considerada una Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico. Paola Holguín, senadora del derechista partido gubernamental Centro Democrático, quien había propuesto que esa ley incluyera a todo tipo de grupos armados ilegales, es partidaria de darle una salida a organizaciones criminales “que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia”. Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático, dice a este semanario que, por principio, es partidario de impulsar “cualquier proceso que implique la erradicación de la violencia en todos los contextos, no solamente la que tiene un origen político evidente, como la que ejercen las guerrillas, sino también la que está relacionada con el crimen organizado”. La diferencia, dice, es que a una guerrilla se le reconoce como actor político, y a un grupo delictivo no.  “Colombia”, asegura, “ha tenido una larga y sangrienta experiencia con el esquema represivo que se ha aplicado en la guerra contra el delito y el narcotráfico. A lo único que nos ha conducido esto es a la reproducción exponencial de los cárteles, los microcárteles y las redes del narcotráfico, así que hay que ensayar definitivamente otras vías”. Afirma que si La Oficina y otras estructuras armadas urbanas tienen una intención auténtica de desmantelar sus negocios ilegales, reparar a sus víctimas y deponer las armas, “pues obviamente habría que pensar en las vías que hagan realidad esa intención”.  Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice a Proceso que su administración va “duro y de frente contra las organizaciones criminales” y que “cada vez debemos dar golpes más fuertes y estratégicos que debiliten su estructura”. Gutiérrez, quien ha priorizado el tema de la seguridad durante su gobierno, dice que esa postura “ha dado resultados” por la cantidad de cabecillas de La Oficina (120) capturados este año. “Nosotros no negociamos con ellos. Hoy sus opciones son someterse o caer capturados”, asegura, aunque aclara que detener miembros de estructuras criminales “no es un fin en sí mismo; el fin es lograr confianza en la ciudad”.  Según Gutiérrez, su lucha contra el crimen es “en favor de los valores colectivos que la mafia nos arrebató: volver al trabajo honrado en oposición al dinero fácil, a la discreción en oposición a la opulencia, al valor de la vida en oposición a un precio para cada vida”.  El alcalde atribuye el aumento de homicidios que se ha registrado este año en la ciudad a las disputas entre bandas por el territorio.  Giraldo plantea que los habitantes de Medellín que más sufren la violencia son los que viven en los barrios más pobres, como en la Comuna 13, donde los asesinatos han aumentado 80% este año. “Es muy fácil hablar cuando usted vive en un edificio completamente blindado y con seguridad; ahí no pasa nada. Pero en los barrios es donde se escuchan disparos día a día y donde las comunidades tienen que convivir con la muerte. Por eso creo que una salida que rompa ese círculo es la más adecuada”, señala. La gerente de Paz de la Gobernación de Antioquia, Tatiana Gutiérrez Pérez, es partidaria de explorar una vía de acogimiento a la justicia, con una ley, de los miembros de La Oficina. “Si este proceso está bien organizado, si hay una legislación, hay que hacerlo, porque a nosotros nos ha costado mucho construir una sociedad. Y si hay un compromiso de estos grupos delictivos de someterse a la justicia, de entregar parte de sus bienes para reparar a las víctimas y de seguir una ruta de legalidad, hay que darles la oportunidad”, asegura. El jefe de La Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo, detenido en diciembre pasado, hizo saber a Proceso –por medio de uno de sus abogados– que estaría de acuerdo con una ley que incluyera reparar a las víctimas del conflicto y que le permita a la dirección colegiada de esa organización acogerse a la justicia y abandonar sus negocios ilegales. Cepeda considera que este tipo de fórmulas jurídicas pueden ensayarse en otros países latinoamericanos con graves problemas de criminalidad, como México, donde el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promueve foros de paz en busca de salidas alternativas a los problemas de inseguridad y violencia. Este texto se publicó el 26 de agosto de 2018 en la edición 2182 de la revista Proceso.