GINEBRA (apro).- Un nuevo informe del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos acusa a las fuerzas armadas leales al presidente de Nicaragua Daniel Ortega de "represión sistemática" de estudiantes y de la disidencia, al tiempo que grupos armados arrestaron de manera arbitraria a manifestantes, muchos de los cuales han sido torturados bajo custodia. Ante este panorama de persecución, el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein llamó al líder nicaragüense a liberar de inmediato a los estudiantes y opositores detenidos sin el debido proceso. "La sistemática persecución y represión de la disidencia o de la oposición así percibida por parte de las autoridades gubernamentales y grupos progubernamentales, sumado a la continua intimidación por parte de grupos armados progubernamentales, ha resultado en un clima de temor generalizado, frustración y desesperación en la población'', subraya el informe. "La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado", dijo Zeid en Ginebra al hablar sobre el informe realizado por investigadores de su oficina en el terreno. "La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza”, afirmó el Alto Comisionado en su último encuentro con la prensa antes de dejar su puesto que será ocupado por la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet. “Insto al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional en general a que adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves. Cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de derechos humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, comprendidas las indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad”, declaró. El informe del ACNUDH abarca el periodo comprendido entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el proyecto de reforma de la seguridad social y el 18 de agosto en el que se contabilizan al menos 300 muertos y 2 000 (dos mil) heridos. El informe insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer una comisión internacional de investigación para evitar que la situación empeore, aunque "el efecto escalofriante de la represión" y un "clima de terror generalizado" ya silenciaron a muchos de los manifestantes y otros se han visto obligados a huir del país para salvar su vida. Entre las violaciones y los abusos del derecho internacional de los derechos humanos documentados en el informe figuran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica. Relacionado a la tortura, el informe de 47 páginas describe que los detenidos fueron torturados con pistolas Taser, alambre de púas, golpes con puños y tubos e intento de estrangulamiento. "Algunas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, incluida la violación, y han descrito las amenazas de abuso sexual como algo común. Los detenidos también mencionaron casos de violación, incluida la violación con rifles y otros objetos", remarca el informe. Indica que en la primera fase de la crisis la policía y algunos elementos armados progubernamentales reprimieron las protestas. En la segunda fase de “limpieza”, de mediados de junio a mediados de julio, la policía y los elementos armados progubernamentales, entre otros las denominadas “fuerzas de choque” y las turbas, desmontaron violentamente las barricadas y los "tranques". "Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno. Según la información de que dispone la Oficina del ACNUDH, hasta el 18 de agosto al menos 300 personas habían sido imputadas, incluso con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado. Estos juicios presentan graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales'', según expone el informe. Numerosos funcionarios entre los que figuran docentes y médicos, han sido cesados en sus cargos y a quienes se les considera críticos del Gobierno se les acosa, intimida y hasta se les agrede. Las autoridades, incluso las de máximo nivel, estigmatizan y desprestigian cada vez más a los manifestantes y a quienes defienden los derechos humanos, al calificarles de “terroristas”, “golpistas” o “plagas”, agrega. “En vez de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos durante la crisis, el Gobierno culpa a los dirigentes sociales y de la oposición por lo que denomina “violencia golpista”, así como por la repercusión negativa que la crisis política ejerce sobre el país”, cita el documento. El acoso contra individuos percibidos como opositores del Gobierno incluye marcas en las casas, amenazas de muerte, hostigamiento y campañas difamatorias en las redes sociales. La OACNUDH ha recibido relatos de individuos que alegan haber sido advertidos que sus nombres aparecerían en “listas de muerte”; estas listas estarían siendo presuntamente circuladas por autoridades gubernamentales para instruir a la población sobre a quién se debe acosar, arrestar o incluso privar de sus vidas. "Los líderes de oposición, particularmente de partidos tales como el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) han sido también objeto de acoso. El 24 de julio, el alcalde de la ciudad de Mulukukú, Apolonio Fargas (militante del PLC), fue detenido y luego formalmente acusado de terrorismo, crimen organizado, y del asesinato de tres agentes de policía'', detalla el documento. Además, el 22 de julio, se expulsó a las madres y familiares de los detenidos del acceso al centro de detención “El Chipote”, donde habían permanecido durante semanas esperando noticias sobre familiares detenidos y poder tener contacto con ellos. Grupos armados progubernamentales llegaron al lugar de los hechos con altavoces y sillas y ocuparon el espacio que había sido utilizado por los familiares. De igual forma el informe observa que además de algunos militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y murieron 22 agentes de policía. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, reza el informe. Es preciso que se investiguen estos abusos, que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado que no se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos. El Alto Comisionado hizo un llamado al Gobierno de Ortega "a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas. También se le pide que disuelva y desarme a los elementos progubernamentales y suspenda los arrestos ilícitos''. Asimismo, insta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura y a que reanude de manera positiva el diálogo nacional entre funcionarios gubernamentales y representantes de los diversos sectores, con miras a lograr acuerdos basados en los principios de la democracia y los derechos humanos. El Diálogo Nacional, remarca el informe, se encuentra actualmente paralizado y las perspectivas de reactivarse como una instancia constructiva y amplia "no son claras". Mientras que el Gobierno ha descalificado abiertamente a algunos miembros de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica ha reiterado su intención de continuar jugando un rol de mediación, concluye el documento publicado por OACNUDH.