MANAGUA (apro).- Veinticuatro horas después de que la misión de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un demoledor informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre el 18 de abril y el 18 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega suspendió la invitación oficial que le giró al organismo internacional, obligándolo a abandonar el país en las próximas horas. En una misiva oficial con fecha del 30 de agosto, dirigida a Marlene Alejos, representante regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, le informa sobre la cancelación de la invitación y por ende, de la presencia del organismo internacional en suelo nicaragüense. En la nota oficial, el canciller refiere que la invitación al organismo internacional se dio con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad, creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques, que se levantaron en varios departamentos del país, durante la primera etapa de la crisis política que inició el pasado 18 de abril. “Por tanto, considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, refiere la comunicación oficial del Canciller nicaragüense. Sin embargo, la verdadera razón está relacionada al malestar que provocó en el seno del régimen de Ortega el informe titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua: 18 de abril-18 de agosto”, presentado por el coordinador de la misión de la OACNUDH, Guillermo Fernández. En dicho informe, de 47 páginas, afirmó que la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde el comienzo de las protestas sociales el pasado 18 de abril, se “ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2.000 heridas”. Basándose en informes y testimonios, la misión concluye que la respuesta global de las autoridades a las protestas no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos. “Las violaciones de derechos humanos documentadas por la OACNUDH incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el Gobierno”, indicó el informe. Y agregó: “La información obtenida por la OACNUDH aporta claros indicios que elementos armados progubernamentales, incluyendo aquellos conocidos como ‘fuerzas de choque’ o ‘turbas’, han actuado con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjunta y coordinada”. Protesta oficial La Cancillería de la República expresó con anterioridad su protesta oficial al mencionado informe, a través del documento “Consideraciones del Estado de Nicaragua al denominado informe elaborado por OACNUDH, con fecha 24 de agosto. En primer lugar, expresó su inconformidad por el plazo de 72 horas que le otorgó la misión de la OACNUDH en Nicaragua, para reaccionar al informe que presentaría el organismo internacional en Managua y en Ginebra, Suiza, el miércoles 29, sobre la crisis política que estalló el pasado 18 de abril. “… evidentemente no existe equidad, ni equivalencia de dicho plazo con el tiempo que utilizó OACNUDH para elaborar el mismo, lo que deja al Estado en una situación de desventaja procesal, que pretende limitar nuestra defensa”, señaló la Cancillería. En segundo lugar, se mostró inconforme con el título del documento, ya que “prejuzga la actuación del Estado al dejar pro sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carente de objetividad y que no están sustentadas”. El documento oficial insistió en que lo sucedido en Nicaragua, “fue un intento de Golpe de Estado, pretendiendo romper con el orden constitucional”. Luego, aprovechó para indicar que “Nicaragua no ha invitado a la OACNUDH para una visita in loco con fines de observación a los derechos humanos, ni la resolución de la Asamblea General 48/141 indicada en el precitado informe les concede esta facultad”. Finalmente, rechazó de manera integral el informe por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, “redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera subjetiva”. Junto a las víctimas Guillermo Fernández, coordinador de la misión de la OACNUDH en Nicaragua, al presentar el informe el pasado 29 de agosto ante periodistas nacionales y extranjeros, insistió que el informe fue el resultado de decenas de reuniones, centenares de entrevistas y de revisión de acceso a documentos incluso oficiales. “Se cumplió con la debida diligencia respecto a las fuentes y respecto a la veracidad y su contraste sobre lo recibido”, dijo el representante de OACNUDH en Nicaragua. Entre la documentación analizada están alrededor de 40 comunicados del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciando hechos de violencia contra policías y simpatizantes del gobierno. En esa oportunidad, Fernández lamentó que enfrentaron obstáculos a su labor de monitoreo sobre los derechos humanos, ya que nos les permitieron el acceso a los centros de detención –solo en una ocasión- y nos les dejaron desplazarse en misiones fuera de la capital. Hoy, en rueda de prensa, Fernández leyó un comunicado oficial de la sede regional en Panamá en la que confirmarán que abandonarán Nicaragua el 1 de septiembre, tras permanecer en el país desde el pasado 24 de junio. “La OACNUDH continuará apoyando a las víctimas y sus familiares, a la sociedad civil y reitera su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Asimismo, seguirá cooperando de cerca con los organismos regionales de derechos humanos y con la comunidad internacional”, refirió el comunicado. Al hablar con los periodistas, Fernández reiteró que el organismo aboga porque Nicaragua siga la ruta pacífica, que se retome el diálogo nacional, y el cumplimiento al marco de los derechos humanos. Y, aseguró que la oficina del organismo regional continuará con su labor de monitoreo alrededor del cumplimiento de los derechos humanos de forma remota, desde Panamá. “Lo central son las víctimas y sus derechos, queremos seguir enfocados en eso. Y, aunque estemos fuera del país, vamos a continuar por esa ruta. Nuestro trabajo, con el mismo equipo, continuará”, concluyó Fernández.