MADRID, Esp. (apro). - El Tribunal Supremo condenó este lunes a penas de hasta 13 años de prisión a los principales líderes del procés separatista de Cataluña, por su papel en la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaratoria unilateral de independencia. El Alto Tribunal impuso la pena más alta al exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, con 13 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, con lo cual se descartó el delito de rebelión que pedía la Fiscalía General del Estado. Para los exconsellers de Exteriores, Raül Romeva, Jordi Turull (exconseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat) y Dolors Bassa (Trabajo, Asuntos Sociales y Familia) se les impuso 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por “sedición en concurso medial” con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. A la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell se le condenó a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación. Asimismo, el exconseller de Interior Joaquim Forn y el conceller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, fueron condenados a penas de 10 años y seis meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación La condena para los líderes de las plataformas independentistas, Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural, fue de 9 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta. En cuanto a Santiago Vila, Meritxell Borràz y Carles Mundó, son condenados cada uno de ellos como autores de un delito de desobediencia a las penas de 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros, y un año y 8 meses de inhabilitación especial. La sentencia absuelve a los acusados Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó del delito de malversación. Rebelión descartada En la histórica sentencia de la Sala que encabeza el juez Manuel Marchena precisa quedó probada la existencia de violencia en los actos de protesta del 20 y 21 de septiembre de 2017, en las inmediaciones de edificios gubernamentales, y luego el 1 de octubre, día del referéndum; sin embargo, no fue una violencia sistémica que encajara en la tipificación del delito de rebelión. Señala que, aunque está “probada la existencia de violencia, no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión”. Apunta que los líderes procesados no instigaron la violencia que se produjo en las jornadas más críticas, aunque sí promovieron tumultos para obstaculizar la aplicación de las leyes. Las condenas impuestas a los doce líderes independentistas, nueve de los cuales permanecen en prisión, es bastante menor a la que exigía la Fiscalía general del Estado y se equiparar más a las penas que pedía la Abogacía General del Estado. Por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, la Fiscalía pedía 25 años de prisión por delito de rebelión y malversación, la Abogacía del Estado reclamaba a cambio 12 años de prisión, mientras que la acusación particular que ejerce Vox, el partido ultraderechista, que pedía 74 años de cárcel por los delitos de rebelión y pertenencia a organización criminal. El tribunal le impuso 13 años. Las reacciones a la histórica sentencia se produjeron de inmediato. Miles de estudiantes universitarios abandonaron las aulas y tomaron las principales arterias de Barcelona, como la Gran Vía, Vía Laietana, La Rambla, San Joan, el Paseo de Lluis Companys, Diagonal, entre otras. Los estudiantes, convocados por Telegram salieron a protestar contra la sentencia, algunos se agolparon en el Arc de Triomf, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y en la plaza Catalunya. Convocados por Tsunami Democràtic, un movimiento sin liderazgo visible y surgido para dar respuesta en las calles a la sentencia, miles de jóvenes se desplazaban al aeropuerto de Barcelona-El Prat para bloquearlo. Algunos se desplazaron en tren, coche y a pie a las instalaciones aeroportuarias, que se encuentran fuertemente resguardadas por las fuerzas de seguridad. De hecho, al igual que en la estación de trenes de Sants, en el aeropuerto la policía solo permite el ingreso a las personas con boleto para viajar y mantiene una estrecha vigilancia, para evitar la toma de las estaciones y del puerto aéreo. Aunque solo se suspendió un vuelo, muchos viajeros no consiguieron arribar al aeropuerto, por la movilización de protesta. En Twitter, Junqueras reaccionó a la sentencia al difundir un mensaje: “Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. ¡Gracias a todos y persistir porque nosotros persistiremos siempre, siempre!”. Por su parte, el influyente Fútbol Club Barcelona emitió de inmediato un comunicado titulado “Barca: la prisión no es la solución”., “El FC Barcelona, como una de las entidades de referencia de Cataluña, y de acuerdo con su trayectoria histórica, desde la defensa de la libertad de expresión y del derecho a decidir”, hoy, después de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo, manifiesta que (…) “de la misma forma que la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución”. “La resolución del conflicto que vive Cataluña pasa, exclusivamente, por el diálogo político”. El club pide a “todos los responsables políticos que lideren un proceso de diálogo y negociación para resolver este conflicto, que también tiene que permitir la liberación de los líderes cívicos y políticos condenados”, y se solidarizó con las familias de los que “son privados de su libertad”. Pedro Sánchez: No indultos El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, anunció el respeto y acatamiento por parte del gobierno de la sentencia del procés y precisó que el “acatamiento significa el íntegro cumplimiento” del fallo descartando de esta manera un posible indulto de los líderes independentistas condenados. Frente a las críticas de sus adversarios políticos que afirman que Sánchez va a indultar a los líderes que hoy fueron sentenciados, el presidente cortó ese debate al afirmar que el cumplimiento de la condena será íntegro. En una comparecencia en el palacio de La Moncloa, sede del gobierno, Sánchez dijo que “nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento”. “En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico”, dijo. Sánchez defendió que acatar el fallo del Tribunal Supremo, supone el “íntegro cumplimiento” de la sentencia.