VALPARAÍSO, Chile (apro). - Luego de 10 días en estado de emergencia que culminaron con al menos cinco fallecidos, 546 personas heridas por armas de fuego; más de 100 personas con pérdida de un ojo, una veintena de diputados chilenos decidieron presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la cual se materializará la primera semana de noviembre con la que se busca destituirlo de su cargo. Una de las principales impulsoras de esta iniciativa, la diputada Pamela Jiles, afirmó que “es nuestro deber constitucional ocupar la acusación contra el primer responsable de los crímenes”. Agregó: "la calle lo grita, ‘¡renuncia Piñera!’", remarcando que "si él no lo quiere escuchar, se lo vamos a gritar por donde vaya hasta que nos escuche" sentenció. Jiles es una periodista popularmente conocida como “la abuela”, que hizo su reputación en los años 80 cuando colaboró con la revista Análisis, uno de los pocos medios opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. En la inacabada transición a la democracia encontró espacios en programas farandulescos de la televisión, que hicieron incrementar su popularidad. La teleaudiencia premió su agudeza y la carencia de filtros para mostrar verdades habitualmente ocultadas para el común de la población. En estos días de revolución ha adquirido singular protagonismo, dado que ha sido la que con más firmeza ha exigido la salida del poder del dúo conformado por el presidente Sebastián Piñera y el ahora exministro de Interior Andrés Chadwick, exonerado ayer de su cargo. Pamela Jiles milita en el Partido Humanista (PH) y por extensión en el izquierdista Frente Amplio, coalición que, en principio dudó, pero finalmente adhirió a la exigencia de destituir al mandatario. El anuncio del impeachment contra Piñera fue realizado este lunes 28 en conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de Santiago, del Congreso Nacional. Además de Jiles, participaron los diputados del Partido Comunista (PC) Camila Vallejo, Karol Cariola, Carmen Hertz, Guillermo Teillier y Hugo Gutiérrez; el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González; y el diputado de la Federación Regionalista Esteban Velásquez. Teillier -presidente del PC- señaló en la ocasión que "posiblemente no se gane” ésta acusación, pero “las diputadas y diputados van a tener que decir claramente si están porque se vulnere la Constitución y (…) se violen los derechos humanos en nuestro país; se saque a las Fuerzas Armadas de cualquier manera a las calles; y se establezca un toque de queda que es inconstitucional, en la forma como se ha hecho”, dijo Teillier, según consignó radio Cooperativa. Para el líder comunista “puede que (la acusación) se pierda en el Parlamento, pero no en las calles, porque la gente está reclamando que alguien con poder fiscalizador pida cuentas respecto a la forma de actuar (…) del presidente de la República". El partido Convergencia Social -que forma parte del FA- informó a través de un comunicado emitido este domingo 27 que sus cuatro diputados (Gabriel Boric, Gael Yeomans, Gonzalo Winter, Diego Ibáñez) apoyarán Acusación Constitucional contra Piñera. “Se perseguirán responsabilidades políticas e institucionales por la represión, abuso, muerte y tortura de civiles en manos de fuerzas armadas”. El partido Revolución Democrática -también del FA- expresó ese mismo día que sus 8 parlamentarios respaldarán la citada acusación, entre ellos su líder el exdirigente estudiantil Giorgio Jackson.

La acusación constitucional

Según la Constitución Política de Chile, los diputados pueden ejercer la Acusación Constitucional contra un jefe de Estado o ministros si es que estiman que han existido "actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes". Para iniciar el proceso de una acusación se requiere la firma de no menos de diez y no más de 20 diputados. Para que la acusación en contra del presidente de la República prospere, se necesita el voto de la mayoría de los 155 diputados en ejercicio. Luego, al ser revisada por el Senado, cuyos integrantes actúan como jueces, estos deberán decidir con el voto de dos tercios de sus miembros en ejercicio (29 de 43). Pese a la reticencia inicial, numerosos parlamentarios de la centroizquierdista Nueva Mayoría (que gobernó con Michelle Bachelet entre 2010 y 2014) han decidido apoyar el líbelo una vez que llegue a la Cámara de Diputados. “Si se presenta una Acusación Constitucional en contra del presidente no cabe duda que los diputados socialistas la vamos a apoyar en la Sala”, dijo este lunes al vespertino La Segunda el jefe de los diputados PS, Manuel Monsalve. La semana pasada, el mismo parlamentario había señalado que “destituir a un presidente elegido democráticamente no está en el espíritu de los socialistas”. No obstante, esta vez explicó que durante el estado de emergencia -vigente entre el 18 y 27 de octubre- se verificaron “violaciones a los derechos humanos que nada tienen que ver con las facultades que se entrega al Gobierno y a las Fuerzas Armadas”. Añadió Monsalve: “La pregunta es: dónde en un estado de emergencia se habilita al presidente a realizar detenciones al interior de hogares o al uso de fuerza desmedida a manifestaciones pacíficas”.

La “ilegalidad” del Estado de Emergencia

Las numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del Estado de Emergencia abrieron un debate respecto a su legalidad. Según expuso el abogado constitucionalista Jaime Bassa, el miércoles 23 en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, este estado de excepción se aplicó, en los hechos, como “si fuera un estado de sitio”. Fundamentó: “el estado de emergencia ha sido utilizado desde 1990 en casos de catástrofe natural, terremotos, incendios. Por primera vez se aplica por motivos políticos”. En la ocasión especificó que en estado de emergencia “los jefes militares sólo pueden estar habilitados por delegación explícita del presidente de la República para controlar el acceso desde y hacia la zona bajo su jurisdicción, cuestión que en la práctica no ocurrió”. Agregó que “los derechos y garantías constitucionales no están suspendidos. Solo los derechos de transporte y reunión pueden ser objeto de restricciones puntuales”. Finalmente, el abogado Bassa subrayó que “los jefes militares y las fuerzas bajo su mando no están facultados para detener personas por infringir el toque de queda, pues se trata de una falta y no de un delito”. Por lo mismo, puntualizó que “la detención sólo es legal en caso de delito flagrante como el robo y el saqueo” pero que, en los hechos, se estaba aplicando “violencia estatal sin ningún tipo de respaldo normativo”.