MADRID (apro).— La Audiencia Nacional acordó este miércoles imputar como persona jurídica a FCC por el presunto pago de comisiones ilegales a políticos y empleados públicos panameños a cambio de la adjudicación de obra pública en ese país, en un consorcio que la compañía española constituyó junto con la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con el fallo del juez Ismael Moreno, la constructora hispana podría haber cometido corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros. FCC tiene como accionista de referencia al ingeniero Carlos Slim, cabeza de Telmex y del grupo Carso, en México. El juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ordenó esta mañana dirigir la investigación contra las sociedades FCC Construcción S.A., FCC Construcción Centroamérica S.A., y Construcciones Hospitalarias S.A., las tres que había constituido un consorcio con la multinacional Odebrecht para participar en el concurso de construcción de líneas del metro panameño y de la Ciudad de la Salud, en ese país centroamericano. Los hechos investigados iniciaron en 2017, a raíz de las diligencias contra de Rodrigo Tacia Durán, asesor jurídico de la multinacional brasileña, por blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal en el llamado caso Lava Jato o Odebrecht, por el uso de dos sociedades españolas para la triangulación de sobornos a paraísos fiscales. En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres sociedades investigadas constituyeron un consorcio con la brasileña Odebrecht para participar en obras en Panamá, donde fueron las únicas adjudicatarias del contrato para construir dos líneas del metro. El auto del juez Moreno señala que existen indicios, corroborados por la información aportada por las autoridades suizas, que revelan que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y Odebrecht diseñaron un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. De esta forma, se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío del dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Los implicados ya declararon en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Se incluía el aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según esa advertencia, gestionaba un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas. En mayo y junio, la multinacional española FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados por un importante de 82 millones 768 mil 849 euros, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción. Sin embargo, tras analizar toda la documentación, el juez Ismael Moreno considera que existen “indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales”. Precisa que la denuncia de FCC pone de manifiesto “la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua”. Los directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre 2010 y 2014. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma “debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.