VALPARAÍSO, Chile (apro)- El derechista presidente Sebastián Piñera se encuentra en una situación insostenible. Detestado por la población, abandonado a su suerte por las principales instituciones del país, se refugia en La Moneda (sede de gobierno) bajo la protección de los Carabineros y de un séquito de políticos y funcionarios que lo siguen en su proyecto de mantener el modelo económico, social y político vigente, contra la opinión de la amplia mayoría del país que quiere cambios estructurales y una nueva Constitución. Las protestas y manifestaciones se robustecen cada día, pese a la brutal represión que ha dejado al menos cinco personas asesinadas –más según cifras extraoficiales–; entre cinco y 10 mil detenidos, muchos de los cuales han sido torturados; dos mil heridos hospitalizados; y más 200 personas con trauma ocular severo, como resultado de disparos o golpes de Carabineros. Las masivas lesiones oculares han llamado la atención de organismos internacionales de derechos humanos y de la prensa mundial. Según reportó BBC Mundo, en nota de 8 de noviembre, en tres semanas de protestas en Chile, hay más lesiones en los ojos por balines que en tres décadas de conflicto entre Israel y Palestina. Dos días después el diario estadunidense The New York Times difundía el reportaje en video Es mutilación: la policía en Chile está cegando a los manifestantes. Estos y otros reportes periodísticos, sumados a los informes que ya están emitiendo las diversas delegaciones de organismos de derechos humanos que se han apostado en Chile, han terminado por destruir la imagen idílica del modelo chileno al desarrollo. No obstante, los mayores problemas de la oligarquía gobernante y del presidente Piñera se encuentran a nivel interno. Las paralizaciones de empresas y servicios públicos, los bloqueos de caminos, el saqueo de comercios, y las diversas expresiones de desobediencia civil que día a día se producen, tienen al país casi paralizado. De acuerdo con lo informado el viernes 8 por el director de radio Bío Bío, Tomás Mosciatti, en octubre las exportaciones disminuyeron un 20%; las ventas de vestuario y calzado un 50%; y las ventas de autos un 24%.

“El presidente Sebastián Piñera camina hacia el abismo. Cada día que pasa la situación empeora. Desde el retorno a la democracia, en 1990, no ha habido tamaña crisis institucional. La situación de inseguridad es insostenible en el tiempo”, señaló el comunicador.

Mosciatti –que es muy influyente pero no menos polémico– también señaló en su citado comentario:

“Con el país casi paralizado, con una economía que se va a contraer, con pequeñas empresas que van a entrar en cesación de pagos y posiblemente muchas de ellas van a quebrar; con el consiguiente aumento de la cesantía; con el efecto inflacionario por el aumento del dólar (…) el gobierno es poco viable”.

Cabe consignar que, desde que se desató el “estallido”, Piñera ha debido cancelar la realización de la APEC Chile 2019 y la Cumbre Mundial de Cambio Climático “COP25”, que debían hacerse en Santiago, en noviembre y diciembre, respectivamente. También ha visto como la Conmebol traslada de Santiago a Lima la final de la Copa Libertadores de América (a jugarse el 23 de noviembre), por no reunir Chile las garantías de seguridad suficientes. El futbol profesional chileno se encuentra suspendido desde el estallido del 18 de octubre, siendo muy probable que deban cancelarse definitivamente los torneos de Primera División (A y B), de este año, dada la negativa de jugadores e hinchas de volver a las canchas, antes que se resuelva el conflicto que sacude al país. Ni siquiera se podrá hacer la Teletón 2019, programada para principios de diciembre. Este es uno de los principales eventos televisivos, sociales y culturales de Chile, en los que la elite dominante hace gala de su riqueza y de su supuesta generosidad.

“¡Nueva Constitución o nada!”, dice una de las consignas recurrentes entre los manifestantes. Y eso se está cumpliendo a rajatabla.

Intenta salvarse Para salir al paso de la crisis, Piñera ha ido haciendo diverso tipo de anuncios, con los que ha querido contentar a la ciudadanía y conseguir que ésta se desmovilice. Pero estos se han evidenciado insuficientes y tardíos. El 19 de octubre, un día después de iniciado el estallido, decidió anular el alza de la tarifa del Metro que lo había provocado. Pero esto ni siquiera fue tomado en cuenta por los manifestantes, que a poco de comenzada la revuelta tomaron como lema: “no son 30 pesos, son 30 años”. Aludían al monto del alza del Metro y a lo larga e insatisfactoria de la transición a la democracia. Los manifestantes querían decir con esa frase que, ya desatada la sublevación, esta no se detendrá hasta conseguir el derrumbe del modelo neoliberal y de la Constitución Política del Estado (CPE), dictada por el general Augusto Pinochet, en 1980. Y es lo que hasta ahora está sucediendo. Esto no ha sido comprendido por Piñera y sus asesores del “segundo piso” de La Moneda, que han insistido en propiciar cambios que, a estas alturas, parecen minúsculos para una ciudadanía que está cobrando una deuda de décadas o siglos. El 23 de octubre, con bombos y platillos, Piñera presentó una “agenda social” que considera pequeños aumentos al salario mínimo y a las pensiones inferiores, entre otras cosas. Estas medidas, con cargo al fisco, en nada afectan las estratosféricas ganancias de los super ricos de Chile (entre los cuales se encuentra el propio Piñera) ni alteran el modelo económico vigente. Por lo mismo, la respuesta ciudadana fue aumentar la presión. El cambio de gabinete de 28 de octubre, en que dejó su cargo el hasta entonces ministro de Interior Andrés Chadwick Piñera, asumiendo en su remplazo el ingeniero civil Gonzalo Blumel, tampoco inmutó al pueblo movilizado, que por todo Chile continuó con la revuelta como si fuera el principal objetivo de sus vidas. El miércoles 6, una concentración autoconvocada en el icónico edificio Costanera Center –ubicado en un exclusivo barrio del oriente de Santiago conocido como Sanhattan– derivó en feroces ataques a locales de empresas en las que se ha enfocado el malestar ciudadano: administradoras de fondos de pensiones (AFP), bancos y cadenas farmacéuticas. Decenas de miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, junto con enfrentarse a Carabineros, hicieron arder grandes barricadas en diversos sectores de la comuna de Providencia, otrora feudo de la derecha, en el que hoy se hace fuerte la revolución ciudadana. En aquella jornada fue saqueada y vandalizada la sede nacional de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) y el memorial del fundador de este partido e ideólogo de dictadura militar, Jaime Guzmán Errázuriz. La policía, como ha ocurrido en todo este periodo, se vio completamente sobrepasada. Agenda de seguridad El jueves 7, en respuesta a las protestas en Providencia, Piñera anunció en La Moneda un paquete de medidas que apuntaban a fortalecer el orden público. Entre estas destacaron proyectos de ley “antisaqueos”, “antiencapuchados” y “antibarricadas”. El mandatario derechista también aseguró que potenciaría la vigilancia aérea policial y fortalecería el alicaído sistema nacional de inteligencia.

“Estamos convencidos que esta agenda constituye un apoyo significativo a mejorar y resguardar el orden público. Creo que su aprobación es algo urgente y necesario”, sostuvo Piñera.

Sin embargo, este plan no satisfizo a la clase política y menos a la ciudadanía. En carta al diario El Mercurio –de 8 de noviembre– los presidentes de seis partidos de oposición expresaron con peculiar fuerza su rechazo. “Ante la crisis social, económica y política que estamos viviendo, planteamos nuestra preocupación, desacuerdo y desilusión con la actitud irresponsable y beligerante de un gobierno que insiste en construir un estado de guerra por sobre la voluntad de diálogo”. Añadieron: “La criminalización de la sociedad civil movilizada ha llegado a niveles absurdos, lo que se ha concretado en los anuncios de una agenda de orden en medio de una crisis social. Optar por el camino de la represión y no de la democracia, considerando la historia de nuestro país, es algo que no podemos tolerar”. Signaron la misiva Catalina Pérez (Revolución Democrática, RD); Álvaro Elizalde (Partido Socialista, PS); Heraldo Muñoz (Partido por la Democracia, PPD); Carlos Maldonado (Partido Radical); Javiera Toro (Partido Comunes), y Luis Felipe Ramos (Partido Liberal). La apuesta represiva del jefe del Poder Ejecutivo no llegaba hasta ahí. En la misma ocasión que daba a conocer su nuevo paquete represivo, Piñera convocaba a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a realizarse por la noche de ese mismo jueves 7. Hizo esto con el claro propósito de conseguir respaldo a su agenda de seguridad y para tantear la viabilidad de volver a decretar un estado de excepción constitucional, como el Estado de Emergencia, tal como hizo entre el 19 y el 27 de octubre pasados. El Cosena es un organismo establecido en la CPE. Es presidido por el Jefe de Estado y está integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; por los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República. En la cita Piñera fue vapuleado por varios de los asistentes, agravando su crítica situación al mando del país. El contralor Jorge Bermúdez expresó que la convocatoria era ilegal dado que el Cosena sólo debe ser citado cuando hay un riesgo para la seguridad de la nación, en circunstancias que los temas denunciados por el Mandatario eran eminentemente ‘de orden público’. El presidente del Senado Jaime Quintana –segunda autoridad del Estado– también fue duro con Piñera. Poco antes de ingresar a la reunión lanzó dardos por Twitter: “No estoy de acuerdo con la convocatoria que ha hecho el presidente al #COSENA. Chile NO está en Guerra. Y si bien tenemos graves problemas de orden público, no está en riesgo la seguridad nacional. Asistiré sólo por la responsabilidad de mi cargo, y pediré publicidad de la sesión”. Al salir, Quintana (PPD) declaró que la convocatoria de Piñera “no ayuda en nada a encontrar solución a esta crisis, e incluso puede terminar agravándola". Además, manifestó que “no hay condiciones para volver a los estados de excepción, que finalmente trajeron más violencia”. Quintana también hizo ver que le “habría gustado que el presidente nos llamara para convocar a un plebiscito respecto de una nueva constitución (…) iniciativas como esta si ayudan a recuperar confianzas e ir restableciendo la paz social”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados el democratacristiano Iván Flores, también expresó reproches a la convocatoria: “corresponde a una tozudez del presidente”. Incluso el jefe del Ejército, Ricardo Martínez, expresó que, como el problema era de orden público, correspondía que fuese abordado por Carabineros. Con su agenda represiva, Piñera parece haber querido dar en el gusto al sector más ultraderechista de su gobierno, que tiene en la figura del ministro de Defensa Alberto Espina, su principal representante. El fracaso en el Cosena, aumentó en la opinión pública la sensación de que a Piñera le van quedando pocas salidas distintas a la dimisión. El programa matinal Mucho Gusto, del canal Mega, debatió el viernes 8 los escenarios que se abren ante una posible o inminente renuncia de Piñera. Esta es una conversación que, por lo demás, se reproduce en todos los ámbitos de la vida cotidiana en Chile. En la tarde de ese viernes, mientras medio millón de personas pedía en Santiago su renuncia y una nueva Constitución; y a pocas horas que Naciones Unidas criticara severamente la represión policial a las protestas, exigiendo el cese inmediato del uso de balines y perdigones contra los manifestantes, Piñera se hacía –para el diario El Mercurio– una sesión de fotos en los patios y salones del Palacio de Gobierno. Una vez más mostraba su profunda desconexión con la realidad, tal como ocurrió la noche del viernes 18, en la que, mientras Santiago ardía ante el inicio del estallido social, él comía pizzas en un restorán italiano de la elegante comuna de Vitacura. A tanto ha llegado el deterioro del gobierno de Piñera, que tres de sus ministros han criticado en los últimos días “las violaciones a los derechos humanos” cometidas en el marco de las recientes protestas. Se trata de Jaime Mañalich (Salud), Andrés Couve (Ciencias) y Consuelo Valdés (Cultura). Las encuestas son reveladoras. Según sostiene la de octubre, de la prestigiada consultora Activa Research (dada a conocer el martes 5), Piñera tiene apenas 9.1% de aprobación; y su gabinete ministerial sólo 5.7%. En septiembre la aprobación de Piñera era de 15% y la de su gobierno de 10%. Estas cifras son las más bajas registradas por un jefe de Estado desde el inicio de la transición a la democracia, en marzo de 1990. Según la encuesta Termómetro Social (difundida el 3 de noviembre) del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios y Cohesión Social (COES) un 85% está de acuerdo con el movimiento social; un 80% aprueba la idea de materializar una nueva constitución; y un 75% estima que el mecanismo más adecuado para hacerlo es a través de una asamblea constituyente. A contracorriente de esta voluntad popular, el presidente Piñera, su Gobierno y la oficialista coalición Chile Vamos, decidieron la noche del domingo 10 que promoverían un “Congreso Constituyente”. Sin embargo, como no se han entregado detalles de esta propuesta, la ciudadanía movilizada ha entendido que el presidente ha delegado al Congreso Nacional, la responsabilidad de redactar la nueva constitución, lo que es no es de su parecer. El frente Unidad Social –que agrupa a una amplia gama de organizaciones ciudadanas, de trabajadores y medioambientales– convocó para este martes 12, a una huelga general contra el modelo económico. La situación de Piñera y su gobierno es extremadamente crítica.