VALPARAÍSO (apro).- Inútiles resultan los esfuerzos del gobierno del presidente Sebastián Piñera, de acabar con las protestas que sacuden al conjunto del país desde el 18 de octubre, cuando reventó la caldera de la hasta entonces reprimida sociedad chilena. De poco ha servido el Acuerdo por la Paz y por una Nueva Constitución firmado por líderes políticos y parlamentarios de un amplio espectro la madrugada del viernes 15, en la sede de Santiago del otrora Congreso Nacional. Este buscaba satisfacer la que aparece como demanda central del movimiento ciudadano: la convocatoria a una asamblea constituyente para dar forma a un nuevo texto constitucional, que permita acabar con el estado subsidiario y el modelo neoliberal. Dicho acuerdo considera la realización de un plebiscito -en abril del próximo año- en que se consultará a la población si cree necesario o no modificar la Constitución; y respecto del mecanismo para hacerlo. Los mecanismos propuestos a la ciudadanía son: convención constituyente mixta, compuesta por una mitad de parlamentarios activos y una mitad de nuevos delegados-; y asamblea constituyente (convención constituyente), con una totalidad de delegados especialmente electos para los efectos de redactar la nueva constitución. Resistencia ciudadana En un principio pareció que el acuerdo podía devolver el orden al país. Varios de los abogados constitucionalistas más destacados de la izquierda -como Jaime Bassa y Christian Viera- defendían el pacto alcanzado y preconizaban que este podía cumplir con los sueños ciudadanos de alcanzar una constitución que refunde el país. Además, este convenio era suscrito por referentes del eco-feminista e izquierdista Frente Amplio, como el exlíder estudiantil Gabriel Boric, lo que inclinaba a muchos en favor del respaldo al camino constituyente acordado… aunque nunca dio para celebración. No obstante, en las redes sociales y entre los sectores movilizados había confusión respecto de la viabilidad del pacto entre políticos. Convivían las esperanzas transformadoras, con los temores a que se materialice un nuevo engaño de la clase política a la ciudadanía. Sin embargo, con el paso de las horas y días el movimiento social se fue decantando por mantener la presión por cambios profundos e inmediatos, no solo en materias constituyentes, sino que también en lo referido a justicia y derechos humanos; y transformaciones sociales y económicas. Mucho contribuyó en este vuelco movilizador el hecho que el viernes 15 se produjo un nuevo crimen de estado contra un manifestante y equipos de socorro. Por la tarde de aquel día, varias decenas de miles de personas volvieron a reunirse -como cada jornada desde el inicio de las protestas- en la céntrica Plaza Italia de Santiago -rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad-. Aunque algunos medios de prensa -como Radio Cooperativa- informaron que lo hicieron para celebrar el llamado a un plebiscito para una nueva constitución, en los hechos, los manifestantes expresaban su desacuerdo con lo convenido por la clase política. “¡Aún no hemos ganado nada!”, era una de las expresiones que se imponían en aquella jornada. También: “Sin Justicia no habrá paz”. Esta aludía a la descontrolada violencia policial y las numerosas violaciones a los derechos humanos verificadas desde el inicio de las protestas, que se han mantenido constantes con el paso de las semanas. Ya de noche, cuando un pequeño grupo de protestantes resistía en torno al monumento al general Manuel Baquedano -jefe militar chileno durante la Guerra del Pacífico (1879-1883)- el manifestante Abel Acuña sufrió un infarto, aparentemente como resultado de la inhalación de sustancias químicas esparcidas por la policía. En circunstancias que el equipo médico del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) hacía esfuerzos por mantenerlos con vida, fueron atacados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros los que lanzaron chorros de agua, bombas lacrimógenas y hasta perdigones, hiriendo a una de las integrantes del equipo de rescate. En ese contexto, Acuña murió. Este hecho, ampliamente denunciado y criticado en las redes, restó credibilidad al mencionado “acuerdo por la paz” y recalentó los ánimos de la ciudadanía movilizada, que está harta de las golpizas y atentados que a diario cometen agentes del Estado, incluso a niñas, niños y ancianos. Además, ayudó a socavar la fuerza del pacto entre políticos el hecho que un importante sector de la izquierda se negara a suscribirlo. En efecto, los partidos Comunista -que cuenta con 9 diputados- y Humanista (tres diputados) ni lo firmaron ni se sumaron posteriormente a él. Un indicador sustancial del fracaso del acuerdo lo brinda el hecho que la Mesa de Unidad Social -conglomerado de organizaciones ciudadanas movilizadas- informó un día después de la firma del mismo que rechaza el contenido de este, tanto por razones de forma como de fondo. “Este acuerdo (signado) de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido literalmente mientras se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos humanos, se hizo entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”, dicen desde la agrupación de organizaciones sociales. En lo específico, Unidad Social cuestionó que un tercio de los componentes de la convención constituyente puedan vetar lo obrado por los otros dos tercios. También se rechazó el que no se haya contemplado la participación de adolescentes, en la convención constituyente ni en las instancias plebiscitarias; y que no se consideren mecanismos de participación plurinacional y de paridad de género. Así también, este conglomerado de organizaciones ciudadanas cuestionó que en la elección de delegados se privilegien las listas constituidas por partidos políticos en detrimento de las organizaciones ciudadanas. Por dichos motivos, Unidad Social llamó a “mantener la movilización por una verdadera Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria, y por una Agenda inmediata de restitución de derechos sociales y contra la precarización de la vida y crisis socioambiental”. Paralelo a la discusión constituyente el gobierno ha intentado resolver algunos aspectos de la inmensa deuda social reclamada por la población. La madrugada del jueves 21 el Ministro de Hacienda Ignacio Briones -en medio de la discusión anual presupuestaria- alcanzó con parlamentarios de izquierda, centro y derecha un acuerdo para elevar las pensiones mínimas en un 50% -en el caso de los mayores de 80 años- y de porcentajes decrecientes a los jubilados de menor edad. No obstante, este acuerdo en nada apaciguó los ánimos. Ese mismo jueves se verificaron masivas y en muchos casos violentas manifestaciones a lo largo del país, evidenciándose la pérdida de control del orden público por parte de Carabineros. En Valparaíso se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías, a la par que nuevos saqueos a tiendas comerciales y extendidas barricadas, aumentaban la sensación de caos en esta urbe que es sede del Congreso Nacional. El mismo día en la santiaguina comuna de Quilicura fue incendiado un centro comercial de grandes dimensiones sin que Carabineros pudiera -o quisiera- evitarlo. En un intento desesperado por aparentar el retorno de la normalidad, la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) programó una nueva fecha del campeonato nacional de Primera División, suspendido desde el inicio del estallido social. No obstante, el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, que se jugaría a mediodía de este viernes 22 en el estadio Municipal de La Florida, debió ser suspendido a poco de comenzado. Esto, luego que unos 700 miembros de la barra brava Garra Blanca (simpatizantes de Colo Colo) ingresaron al estadio y a la cancha. Los “garreros” extendieron un lienzo gigante que rezaba: “Sin justicia, no hay fútbol”. Existen numerosas versiones que dan cuenta que los torneos de Primera División A y B, serán definitivamente cancelados este año. Algo inédito en la historia de Chile. Este viernes 22 la mesa coordinadora de Unidad Social convocó a una huelga general de 48 horas a desarrollarse el lunes 25 y el martes 26. “A más de un mes del estallido social ni el gobierno ni la clase política instalada en el Congreso han respondido a las demandas de la población de una manera equivalente a la intensidad de las protestas”, expresaron en el manifiesto de huelga.