A la sombra de la crisis en Venezuela, un drama parece pasar casi desapercibido. Presos políticos y sus allegados son objeto de tratos crueles y asedio. De sus casas son sacados sin orden judicial, incomunicados y, algunos, desaparecidos. El Foro Penal cuenta casi un millar de personas en prisión por razones políticas y lo describe como un “arma poderosa” de control de la población. CARACAS, Venezuela.- “Ahora sí, bajaron los barrios, esto va a caer”, dijo Sandra Hernández la madrugada del 21 de enero cuando un grupo de sargentos venezolanos se revelaron contra el gobierno de Nicolás Maduro y tomaron por asalto el comando de la Guardia Nacional en Cotiza, un sector pobre al noroeste de Caracas. En ese momento no sabía quiénes eran, pero se alegraba de que “alguien por fin” lo hiciera. Faltaban dos días para la “gran movilización” convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que había anunciado la “usurpación” de Maduro en la presidencia de la República, por considerar que las elecciones de 2018, cuando resultó reelecto, fueron ilegales e ilegítimas. El día esperado era el miércoles 23 de enero, fecha icónica para los venezolanos pues evoca el derrocamiento de la última dictadura del siglo XX en ese país. “Mi amor, ¿cómo estás?”, escribió Sandra en un mensaje a su esposo, muy temprano el lunes 21. No obtuvo respuesta inmediata. Paralelamente, veía en redes sociales las noticias del alzamiento y la reacción de apoyo del barrio popular que lo rodeaba. De repente, recibió una respuesta inquietante: “Amor, actuamos, nos rodearon en el comando -no dijo en cuál-, tenemos que entregarnos, yo no estoy armado, no queremos disparar porque si disparamos nos va a pasar lo mismo que a Óscar Pérez”, dijo Luis Alexander Bandres Figueroa, sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, quien comandó la sublevación de Cotiza. La vida de Sandra cambió desde ese momento. Rondaban su mente los temores de lo ocurrido con Óscar Pérez, un oficial de la policía técnica venezolana que se sublevó y fue asesinado por las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro el 15 de enero de 2018. “Si lo agarraron lo van a torturar pero no lo van a matar como a Óscar Pérez”, se consolaba ella misma sobre el destino de su esposo. En una entrevista exclusiva para Proceso, Sandra Hernández contó cómo han sido sus días, junto a los dos hijos que tiene con Bandres Figueroa, luego de que el gobierno de Maduro lo capturara tras el alzamiento militar. Siete días pasaron antes saber del sargento con el que ha compartido 12 años de su vida. “¿Cómo estás, qué te están haciendo?, ¿Te están torturando?”, le preguntó desesperada el 28 de enero. “No te preocupes que yo aguanto”, le respondió Bandres. Ante la insistencia de su esposa, solo le adelantó: “Me pusieron corriente (descargas eléctricas) tan fuerte que me defequé cuatro veces”, confesó el sargento que en ese momento se encontraba bajo la custodia de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), uno de los cuerpos de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos contra venezolanos disidentes. Bandres Figueroa estuvo casi 14 días en los calabozos de la DGCIM y lleva dos semanas en la cárcel militar de Ramo Verde a las afueras de Caracas. Represión como arma de dominación En Venezuela se han producido más de 14 mil detenciones arbitrarias por razones políticas durante el mandato de Nicolás Maduro, según cifras que maneja el Foro Penal de Venezuela, una organización social que opera en el país desde el año 2002, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Tiene presencia nacional y representación en siete países, incluyendo México, explicó en exclusiva para Proceso, Alfredo Romero, fundador y presidente de esa organización. “En este momento hay 974 presos políticos. Todas las semanas verificamos la lista porque así como encarcelan nuevas personas, también liberan a otras. Esa lista no solo la verificamos, sino que la hacemos certificar por organismos internacionales como la OEA y las Naciones Unidas”. Al cierre de esta nota, el Foro Penal actualizó el registro a 989 presos políticos. Romero comenta un fenómeno que denomina “puerta giratoria”, una estrategia del régimen de Maduro y, en el pasado de, Hugo Chávez, en la que capturan y liberan disidentes de forma sistemática, pero destaca que bajo este sistema son más de 14 mil venezolanos los que han sido detenidos por razones políticas desde 2014. De los 989 presos políticos, hay 11 menores de edad, 85 militares y 102 mujeres, según el reporte de Foro Penal. Romero señala que las detenciones y torturas a las que son sometidos los disidentes tienen un efecto intimidatorio real por el miedo que infunde en las víctimas y sus allegados. “Eso es lo que hace que la represión sea una herramienta muy eficiente de control de la población, hasta psicológica, porque la gente tiene miedo de protestar, de oponerse, y el control político es porque, al someter a la población a través del miedo, mantiene el monopolio del poder”, agregó. El mayor número de detenciones arbitrarias en la historia reciente de Venezuela se registró la semana del 21 de enero, tras el alzamiento militar en Cotiza. Hasta ese momento Foro Penal contaba 273 presos políticos. Tras las protestas surgidas en apoyo a los militares sublevados, en menos de una semana, se contaron casi 800 que quedaron arrestados, pero fueron detenidos en esos días más de mil de manifestantes. Romero enfatizó que “cuando se trata de violaciones de derechos humanos no hay ideologías” y quiso enviarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Mi llamado al presidente AMLO, es que en Venezuela no estamos hablando de un gobierno que tiene una posición política y que parte del mundo debe ponerse a favor o en contra, se trata de un gobierno que viola los derechos humanos. De venezolanos víctimas de torturas, niños detenidos arbitrariamente, personas asesinadas. Lo que le pido a AMLO no es que apoye a un presidente u otro, sino que rechace la violación a los derechos humanos en Venezuela, que vea a los ciudadanos que son víctimas”, dijo. Persecución familiar Proceso también pudo conocer el testimonio de la familia del sargento mayor Harry José Solano Vargas, compañero de Bandres Figueroa en el alzamiento militar. Solano huyó del país tras la revuelta del 21 de enero, pero atrás dejó a su familia que ha sido perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. “Hoy no sé de mi nieto, no sé si está vivo o está muerto, si lo están torturando, no sé nada”. Antonio Maita sufre por la persecución contra su familia, su nieto Leonel Antonio Maita Vargas, oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), es primo de Harry, fue buscado en su casa por sus propios compañeros de la policía y entregado a la DGCIM el 7 de febrero, fue la última vez que su familia lo vio. Aunque Leonel no participó en el alzamiento militar de Cotiza, la DGCIM lo solicitó por este hecho. “Él no tiene nada que ver, solo por ser primo de Harry lo tienen desaparecido”, dijo su abuelo a Proceso. Pero el oficial de la PNB no es el único integrante de la familia Solano Vargas que ha sido perseguido. La madre de Harry, su suegra, su prima Karla (hermana de Leonel) y el novio de esta, fueron detenidos por la DGCIM y desaparecidos durante una semana. Fueron soltados en un paraje solitario de Caracas. Durante ese tiempo su familia no tuvo contacto con ellos. “A Karla se la llevaron de su casa el 22 de enero, una comisión de la DGCIM se la sacó esposada como si fuera una malandra (delincuente), la arrastraron sin ella saber nada, no tenían orden judicial. Ellos decían que mi nieta sabía dónde estaba Harry”. Karla tiene 19 años y estuvo una semana en los calabozos de la DGCIM. “La manosearon, le decían que la iban a violar, la asfixiaron, le ponían bolsas plásticas en la cabeza, le pusieron electricidad. Ella ahora está con un ataque de nervios. Tiene miedo porque la amenazaron, que si decía algo la iban a ‘picar’, a matar, pues, a ella o a nosotros”, cuenta el señor Maita. Romero explicó que los familiares de Solano Vargas sufrieron actos lascivos y torturas en la DGCIM, pero aclaró que no fueron violados, aunque otros presos políticos sí han sido abusados sexualmente. Los relatos de torturas que emplea la DGCIM contra los detenidos, coinciden. Sandra volvió a hablar con su esposo días después. Ya había sido trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Asfixia con bolsas plásticas, amenaza de “picar” a familiares, descargas eléctricas y otras torturas, fueron confirmadas por Bandres Figueroa. “Cada vez que entraba al cuarto de tortura, yo salía desmayado. Me pusieron prensas en los nudillos de los dedos y no puedo cerrar las manos”, cuenta Sandra que su esposo le dijo en una de las llamadas. “Ellos querían que él dijera que Juan Guaidó, María Corina Machado (dirigente opositora) y Julio Borges (representante de Guaidó ante el Grupo de Lima) le pagaron para que él actuara contra Maduro, ellos lo querían grabar diciendo eso. Lo amenazaban que si no lo decía me iba a agarrar a mí y a los niños”. Sandra contó que su esposo les respondió: “yo me hago responsable de todo, yo lo hice solo porque ya no aguanto la situación que estamos viviendo”. Los métodos de tortura utilizados por cuerpos de seguridad que apoyan a Maduro, para conseguir supuestas confesiones grabadas, han sido denunciadas por organizaciones como el Foro Penal. Las mismas necesidades  “No por ser familia militar tenemos todo. También tenemos carencias. Nos falta la comida. Subsistir aquí es muy difícil. Se nos han muerto familiares por falta de medicinas. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político”, relata Sandra y evita decir alzamiento militar. “Él es el sargento mayor que hace el llamado al pueblo de Venezuela a salir a exigir sus derechos”. Sandra tiene 29 años, es docente y trabajaba en un preescolar. Es la primera vez que da una entrevista a un medio de comunicación, pero habla con fluidez y elocuencia. Su esposo, militar de carrera, tiene 33 años y 12 en la Guardia Nacional. Ella cuenta que los sueldos de ambos no les alcanzan para cubrir sus necesidades. Desde el 21 de enero, Sandra debe lidiar con una vida en la clandestinidad junto a sus dos hijos. Evita sitios públicos, se queda en distintos lugares para despistar, por temor a correr la misma suerte que la familia del sargento Solano Vargas. Pero, quizás lo más difícil es explicarle a sus hijos la situación de su papá. “Mi hijo mayor tiene síndrome de Asperger, es autista pero de alto funcionamiento, él entiende todo. Es imposible ocultarle a los niños lo que está pasando”. Luis Alexander tiene 11 años y Alexandra Valentina 7. Desde la sublevación de Cotiza, no están yendo al colegio y pasan sus días encerrados en cada lugar donde Sandra consigue cobijo. “Yo tengo que esconderme, mis hijos no van a clases. Él está preso y nosotros también”, dijo. Ambas familias, tanto la del sargento Bandres Figueroa como la de Solano Vargas, vivían en zonas populares de Caracas, sin ningún lujo y con las mismas necesidades que cualquier venezolano. “El día a día es ‘cazar’ la comida, viendo las bolsas de los demás y preguntarles dónde consiguieron algún producto básico”, comenta el señor Maita abuelo de Leonel el policía desaparecido en custodia de la DGCIM y primo de Solano Vargas. “Aquí prácticamente uno se está muriendo de hambre. Yo tengo dos nietos, hijos de Leonel, el niño de dos años y la niña de uno, no conseguimos leche y cuando se consigue no tenemos plata para comprarla”, explica. La casa de la madre del sargento Solano Vargas y la de su suegra, fueron allanadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) considerado por defensores de derechos humanos como un “grupo exterminio” de la PNB, fueron los que ejecutaron la mayoría de las detenciones arbitrarias en las protestas de enero y están señalados como responsables de los más de 40 asesinatos que se registraron durante esas manifestaciones. Cuenta el señor Maita que se llevaron todo y lo que no, lo destruyeron. Lo mismo ocurrió con la vivienda de Bandres Figueroa. “Yo tenía dos Barbies, pero se las llevó el FAES”, comentó Alexandra Valentina mientras esperaba que su mamá terminara la reunión con los abogados del Foro Penal. En medio de la crisis política y humanitaria que vive Venezuela, Maduro se sostiene en el poder con el apoyo del alto mando militar, pero de los mandos medios hacia abajo se han evidenciado fracturas, más de 80 militares activos están presos acusados de conspiración y “traición a la patria” señalados de participar en diversos planes para derrocar a Maduro. Todos han sido torturados. Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tiene el respaldo popular demostrado en diversas movilizaciones de calle desde el 23 de enero, cuando se juramentó como “presidente encargado” de Venezuela, y ha recibido el reconocimiento de más de 50 países. Con Bandres Figueroa otros 26 sargentos, que participaron en el alzamiento, fueron detenidos por la DGCIM y se encuentran entre Ramo Verde y otros centros de detención militar. El presidente del Foro Penal destacó que en 2018 y 2019 la persecución política del gobierno de Maduro se concentró en militares activos y sus familiares. Además, hizo énfasis en los casos de represión en sectores populares durante enero. “La ola de represión, asesinatos y detenciones arbitrarias fue tal, que las protestas en esos sectores se acabaron. Han sido muy efectivos en el control de las manifestaciones a través de la represión. Las desapariciones se han convertido en algo frecuente, lo que pasa es que antes era por tiempos cortos, ahora hay desapariciones de semanas o un mes”, explicó. Al cierre de esta nota, Leonel Antonio Maita Vargas llevaba ocho días desaparecido.