MADRID (apro).– El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, compareció este miércoles como testigo en el juicio contra los líderes independentistas de Cataluña, en el que señaló que “el soberanismo siempre supo que yo no aniquilaría la soberanía del Estado” y que una consulta sólo era posible en caso de que los partidos independentistas debieran promover un cambio constitucional. En la Sala del Tribunal Supremo, Rajoy refrendó que los “actos de acoso” que se produjeron en Cataluña fueron uno de los motivos para activar el artículo 155 de la Constitución, que derivaron en la intervención del gobierno o Generalitat de Cataluña. El presidente del gobierno de España no utilizó el término violencia durante de la celebración del referéndum, como lo señala la acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sin embargo, sí señaló que ese 1 de octubre de 2017 se produjeron hechos de “acoso” y una “situación de excepcionalidad”. Al ser cuestionado si se valoró imponer el estado de excepción o de sitio, el político defendió que se valoró sólo la aplicación del artículo 155, porque era “el más justo”, porque sólo implicó intervenir la administración catalana y los otros escenarios suponían “afectar a los derechos de las personas”. Afirmó que “Puigdemont era consciente de que yo no iba a autorizar el referéndum”. Señaló que su objetivo “era que los representantes de la Generalitat se dieran cuenta que por aquel camino no íbamos a ninguna parte”, y negó que se hicieran gastos con dinero público para la celebración de dicho referéndum, porque “eliminamos de los presupuestos la partida para el referéndum”. En las insistentes preguntas de la acusación y de las defensas de los líderes enjuiciados, el exmandatario señaló: “Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la soberanía nacional”. Recordó que, frente a la “declaración deliberadamente confusa” sobre la declaración de independencia, es que “pedimos a Puigdemont si había declarado o no la independencia”. “Después de un segundo requerimiento sin respuesta tuve que tomar la decisión de llevar el 155 al Senado”, y recordó que antes “invitamos a (el expresidente catalán, Carles) Puigdemont a venir a las Cortes (al Parlamento) a defender su posición”. En este sentido, señaló que invitó a Puigdemont y al anterior president Artur Mas y ambos eran “plenamente conscientes de mi posición”.   Declaración de independencia fue real En la sesión de este miércoles también compareció como testigo la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien fue la operadora del gobierno de Rajoy en la crisis catalana. En su opinión, la declaración de independencia que se produjo en Cataluña no fue ni simbólica, ni una declaración política, sino fue una declaración real, “por eso aplicamos el (artículo) 155” de la Constitución española, que derivó en la intervención de la administración autonómica. Al responder a las preguntas de la acusació y la defensa, señaló que en Cataluña se produjeron “actuaciones violentas”, en sintonía con lo que señala la Fiscalía y la Abogacía del Estado, así como la acusación popular del partido de ultraderecha Vox, presente en el juicio. Respecto a los ataques de la policía durante el referéndum, Sáenz de Santamaría dijo que éstas de produjeron como consecuencia de una “una ejecución a una decisión judicial”. Aseguró que el gobierno de Cataluña fue el responsable de convocar a ese referéndum ilegal, debido a que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional. A lo largo del día también pasaron el expresidente Artur Mas, quien aseguró que él recomendó a Puigdemont no celebrar un referéndum ilegal y que convocara a elecciones. Los exdiputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), una formación política radical independentista, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, se negaron a responder como testigos a la acusación popular del partido ultraderechista Vox. Ambos argumentaron que no iban a contestar a un “partido fascista, xenófobo” y que está contra las mujeres, por lo que el presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena, suspendió su comparecencia y advirtió que darían cauce al juzgado de guardia por la eventualidad de que pudieran acarrear acciones judiciales, ya que como testigos tienen obligación de contestar a las preguntas de las partes que les citaron y decir verdad.