BUENOS AIRES (apro).- El presidente Mauricio Macri ordenó iniciar el proceso de destitución de Alejo Ramos Padilla, juez federal de la ciudad de Dolores, quien investiga una “organización paraestatal de inteligencia”, dedicada al espionaje ilegal y a las extorsiones a partir de información privilegiada. La red está compuesta –según el magistrado– por espías, funcionarios judiciales, periodistas y legisladores. Las operaciones incluyen informes de inteligencia confeccionados por agencias extranjeras. La directiva presidencial, cursada ya al Consejo de la Magistratura, se encontró con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia, que accedió a aumentar los recursos del juez Ramos Padilla para que avance con la causa. También Human Rights Watch, la prensa crítica, e incluso algunos periodistas de los grandes medios cuestionan el intento presidencial de destituir a un juez que lo investiga. El escándalo, que mantiene en vilo al gobierno, se precipitó luego de que el juez Ramos Padilla detuviera el 15 de febrero a Marcelo D’Alessio, acusándolo de extorsionar al productor agropecuario Pedro Etchebest. Marcelo D’Alessio solía frecuentar los tribunales federales de Buenos Aires en carácter de “abogado” y aparecer en los programas de televisión afines al gobierno como “especialista en narcotráfico”. D’Alessio le exigió al productor agropecuario el pago de 300 mil dólares, en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli, quien instruye la “Causa de los cuadernos”, donde se investiga el pago de sobornos en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno. Marcelo D’Alessio advirtió al productor agropecuario que en ese expediente, al que tenía acceso por su cercanía con el fiscal Carlos Stornelli, un “arrepentido” lo había involucrado. Sostenía que el fiscal Carlos Stornelli estaba dispuesto a pasar por alto el hecho, a cambio de “recibir una atención”. Marcelo D’Alessio acompañaba la extorsión con capturas de pantalla de mensajes que intercambiaba con el fiscal Carlos Stornelli. La amenaza no podía considerarse una broma. La “Causa de los cuadernos”, instruida por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío, ha obligado a desfilar por los tribunales federales a la expresidenta Cristina Kirchner y a varios de los empresarios más poderosos de Argentina. Se han dictado múltiples procesamientos y prisión preventiva para exfuncionarios kirchneristas y empresarios vinculados a la obra pública. El productor agropecuario Pedro Etchebest se reunió con Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli en Pinamar el 7 y el 20 de enero. Días después pagó un anticipo de 15 mil dólares. Luego acompañó su denuncia contra el “abogado”, el fiscal y el juez Claudio Bonadío con registros telefónicos y filmaciones de esos contactos y encuentros. La estocada, muy profunda, hiere la credibilidad de la “Causa de los cuadernos”, uno de los pocos caballitos de batalla que le quedan al gobierno para afrontar la contienda presidencial de octubre. Delirios Marcelo D’Alessio es sobrino del Escribano General de la Nación, Carlos D’Alessio, e hijo de los dueños de una conocida consultora. Se presentaba como abogado sin serlo. Al desatarse el escándalo, tanto algunos referentes del gobierno como el fiscal Carlos Stornelli optaron por catalogarlo como un “delirante” o un “enfermo psiquiátrico”. A la vez desestimaron los registros fotográficos y telefónicos que vinculan a D’Alessio con varios de ellos. Sin embargo, cuando el juez Ramos Padilla allanó su casa, en un barrio privado del Gran Buenos Aires, constató Marcelo D’Alessio que no solo contaba con autos y motos de lujo. Allí había sofisticados equipos de espionaje, armas de guerra, un chaleco antibalas de la Prefectura Naval Argentina, una placa de la Drug Enforcement Administration (DEA). La sorpresa aumentó al analizar los dispositivos electrónicos y los documentos incautados. Marcelo D'Alessio tenía en su celular información privilegiada sobre la “Causa de los cuadernos” que instruye el fiscal Carlos Stornelli. Conocía un fallo de la Cámara Federal seis días antes de que se hiciera público. Pero además disponía de datos sensibles de abogados, periodistas, políticos, empresarios y figuras del espectáculo. Para la confección de estos informes personalizados se habían utilizado intervenciones telefónicas, cámaras ocultas, seguimientos y drones. Así lo reveló el juez Ramos Padilla, al comparecer ante dos comisiones parlamentarias el 13 y 21 de marzo. El juez considera que la información recabada se utilizó para crear pistas falsas, influir en causas judiciales, generar operaciones psicológicas de prensa destinadas a influenciar la opinión pública. A la luz fueron saliendo otras operaciones de coacción de Marcelo D’Alessio, siempre complementadas por periodistas, entre los que se menciona a Daniel Santoro, del diario Clarín. El “objetivo” a extorsionar debía pagar una suma elevada o sumarse a una operación que consistía en declarar primero ante la prensa y luego en la Justicia un guion previamente establecido. El andamiaje y la operatoria, de larga data en Argentina, funcionan a la perfección con en el gobierno de Mauricio Macri, que primero aprobó la “Ley del arrepentido” y luego apeló a jueces amigos para encarcelar a exfuncionarios y empresarios que no declaran lo que se les pide. El 21 de marzo, el juez Ramos Padilla citó por tercera vez al fiscal Carlos Stornelli a declaración indagatoria. Carlos Stornelli es un hombre del riñón de Macri. Lo acompaña desde su época al frente del club Boca Juniors. Desde el gobierno apuestan a quitarle el expediente a Ramos Padilla, invocando que el pago de la extorsión se efectuó en Buenos Aires. Se pretende trasladar el expediente desde la ciudad de Dolores hasta los tribunales federales de Buenos Aires, sede mayor del descrédito que atraviesa la Justicia argentina.  La Cámara Federal de Mar del Plata debe decidir la competencia. En caso de que el juez Ramos Padilla procese a Carlos Stornelli por considerarlo partícipe de una asociación ilícita, el fiscal debería apartarse de la “Causa de los cuadernos”. Su caída dispararía los pedidos de los abogados defensores de empresarios y políticos para exigir la nulidad de lo actuado. Numerosos juristas han criticado la aplicación irregular y arbitraria que allí se hace de la prisión preventiva, utilizada como elemento extorsivo para producir declaraciones. “La causa de los cuadernos es una gran farsa, y se va a caer más allá de lo que haga el juez Ramos Padilla”, dice a Apro el periodista y politólogo Ari Lijalad. “Es una causa iniciada, una vez más, por un periodista, en la que están metidos los servicios de inteligencia, exmiembros de las Fuerzas Armadas y también el fiscal Stornelli, y ellos mismos han relatado el modo en que diagramaron juntos la operación judicial y mediática”, dice. “La prueba original, que eran los cuadernos, nunca apareció. Hay fotocopias, de las que no se puede comprobar su autenticidad. La Ley del arrepentido dice que los testimonios de un arrepentido no son prueba. La causa no se va a caer este año, porque la necesitan como maniobra electoral”, sostiene. Agentes Marcelo D’Alessio solía presentarse como jefe regional de la DEA. La Embajada norteamericana en Buenos Aires, en respuesta a una requisitoria del juez Ramos Padilla, declaró sin embargo que D’Alessio “nunca ha tenido relación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha participado de actividad o programa alguno que involucre al gobierno de los Estados Unidos”. “Es la contestación de manual ante el desliz de cualquier agente caído en desgracia”, escribió el periodista Horacio Verbitsky, a quien se debe la revelación del escándalo, en el portal El cohete a la luna. De la nota se desprende que si Marcelo D’Alessio no revista como agente de la DEA, ni tampoco del FBI, pero igual tiene acceso a los registros secretos de Estados Unidos, se trataría de un agente inorgánico de la CIA. “Claramente es un personaje que se dedica a hacer operaciones de espionaje e inteligencia que son ilegales, por fuera de la Ley de Inteligencia”, dice Ari Lijalad. “Eso es lo que surge de la investigación judicial. Va a ser difícil dilucidar a qué agencia pertenece, pero más bien parece ser de una que tiene miembros que revistan de manera inorgánica y no registrada, como podría ser la CIA”, coincide. “Todo agente de la CIA sabe que si te agarran, te agarran: es parte de las reglas del juego. Que la Embajada de Estados Unidos haya contestado que no tampoco es una garantía, porque no va a salir a decir que es un agente propio y que lo tenían operando de manera ilegal en Argentina”, explica. En su exposición ante las comisiones parlamentarias, el juez Alejo Ramos Padilla informó que las operaciones de espionaje incluyen claras evidencias de contactos con agencias de inteligencia extranjera. Las declaraciones, audios y documentos revelan que dos de las terminales de las operaciones judiciales, periodísticas y de espionaje poseen conexiones con las embajadas de Estados Unidos e Israel. Algunas aristas opacas se corresponden con la actividad de sus actores. En el marco de la causa, el juez Ramos Padilla detuvo a Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, dos excomisarios exonerados de la policía que revistarían como agentes inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Curiosamente, o no, el empresario agropecuario Pedro Etchebest, que denunció la extorsión de Marcelo D’Alessio, compartió hasta 2016 con los dos excomisarios una oficina, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en la que también trabajaban otras seis personas. La promiscuidad entre servicios de inteligencia, funcionarios judiciales y periodistas profundiza el descrédito de la justicia. Esta es una demanda de la sociedad argentina a los gobiernos democráticos desde hace décadas. El desempeño de los jueces federales en Buenos Aires, que es donde se tramitan los casos de alto voltaje político, está en el centro de la crítica. De acuerdo con una encuesta publicada por Perfil, el 15 de marzo, el 55.9 % lo considera muy malo y un 18.8% adicional lo considera malo. En este contexto, el pedido de destituir al juez Ramos Padilla, hecho por el propio presidente Macri, es percibido como una defensa del sistema imperante. “Es algo completamente ilegal”, dice a Apro el exjuez federal Carlos Rozanski. “La obligación del Estado, en el caso del Poder Ejecutivo, es no interferir con el trabajo de la Justicia, y claramente el gobierno está interfiriendo de una manera explícita”, sostiene. “La denuncia del gobierno tiene solamente una intención política, no tiene fundamentos jurídicos mínimos para denunciar al juez y mucho menos para destituirlo”. Por lo pronto, el juez Ramos Padilla recibió el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que elevó la asignación de recursos para que investigue, y de Human Rights Watch, que a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió que “el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, y pareciera que “está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”. “Claramente, el gobierno no tiene ningún interés en que haya un juez que no controla que lleve adelante esta investigación, lo cual es un reconocimiento de que esta investigación va a tocar intereses muy poderosos que están vinculados al gobierno nacional”, dice Ari Lijalad. Y abunda: “El hecho de querer quitarle la causa a un juez que está en un momento primigenio de la investigación es prácticamente una confesión de parte de que no quiere que ese juez investigue”