PORTO (proceso.com.mx).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció el fracaso de la “guerra contra las drogas” en el marco de la cumbre bianual sobre reducción de daños y descriminalización de las personas que consumen drogas. “La llamada guerra contra las drogas es impulsada por la idea de que las medidas de represión contra las personas que usan drogas, o que están involucradas en el comercio de drogas, harán que el uso de drogas desaparezca. Pero sabemos, por experiencia, que esto simplemente no es verdad”, afirmó Bachelet. “Después de décadas de este enfoque, los países que lo adoptaron no están más cerca de estar "libres de drogas". Por el contrario, el rango y la cantidad de sustancias que se producen y consumen hoy es mayor que nunca”, remarcó. Detalló que entre 2000 y 2015 hubo un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas. La expresidenta de Chile afirmó que durante 2015 hubo con 450 mil “muertes desgarradoras”. “Por el lado de la demanda, continuó Bachelet, las políticas represivas en realidad han impedido políticas que podrían abordar algunos de los factores sociales que agravan la vulnerabilidad de un individuo al uso de drogas y sus resultados nocivos”. Además, refirió que el mundo es testigo de un aumento de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las medidas de control de drogas, incluyendo extensas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas en algunos países; el uso de la pena de muerte por conductas relacionadas con las drogas y la detención arbitraria. Aumentan asesinatos extrajudiciales relacionados con las drogas Observó que en los últimos años, se ha visto un fuerte aumento en los informes de asesinatos extrajudiciales de personas percibidas como usuarios de drogas, o involucradas en el narcotráfico. “Y quiero ser muy clara aquí. Todo ser humano acusado de un delito tiene derecho al debido proceso en un tribunal. Cualquier persona responsable de asesinar a esa persona, ya sea que el perpetrador o los responsables sean agentes del Estado o no, está cometiendo un delito grave que debe ser investigado, procesado y sancionado”, advirtió. Según Bachelet la criminalización del uso de drogas disuade a las personas de acceder a tratamientos y otros servicios sociales y de salud. Junto con las actitudes estigmatizantes y la discriminación que alimenta, además de que la criminalización también puede conducir a tasas más altas de riesgos por sobredosis. “La criminalización del uso de drogas también alimenta el encarcelamiento masivo: el número de personas actualmente encarceladas en todo el mundo supuestamente alcanza los diez millones, con 1 de cada 5 reclusos encarcelados por delitos relacionados con las drogas, la mayoría de ellos, por posesión para uso personal”, remarcó. Además, Bachelet enfatizó que el encarcelamiento también es muy costoso, mucho menos rentable que el tratamiento y el asesoramiento. “En este contexto, con frecuencia parece ser una sanción injusta o desproporcionadamente grave”, subrayó. Abogan por enfoque de salud pública para consumidores de drogas Por otra parte, detalló que más del 80 por ciento de las personas que se inyectan drogas viven con o han tenido una infección por hepatitis C y tienen un riesgo 23 veces mayor de contraer el VIH. El número de países que ofrecen terapia de sustitución de opioides ha disminuido desde 2014. El uso de drogas inyectables está presente en 179 de los 206 países revisados por Lancet, pero en la actualidad, solo 86 países implementan el intercambio de agujas y jeringas, a diferentes niveles, lamentó Bachelet. Como lo demuestra el ejemplo de Portugal, las políticas guiadas por la preocupación por la salud pública y los derechos humanos son más efectivas para abordar tanto la oferta de drogas como la demanda de ellas, así como sus efectos más perjudiciales para la sociedad, sostuvo. En 2001, Portugal tenía la tasa más alta de VIH en Europa entre los usuarios de drogas inyectables. António Guterres, entonces Primer Ministro de Portugal y actual secretario general de la ONU, presentó respuestas no penales a la posesión de drogas para uso personal ese mismo año. Recordó que se asignaron mayores recursos a la prevención, el tratamiento, incluidas las medidas de reducción de daños, y los programas para la reintegración de las personas que consumen drogas en la sociedad. Gracias a ello, destacó Bachelet, Portugal tiene ahora una de las tasas de mortalidad más bajas para el uso de drogas en Europa. La expresidenta chilena cuestionó “¿por qué tantas personas están privadas de sus derechos como seres humanos porque han estado atrapadas en el uso de drogas?” “¿Por qué tantos países aún tienen barreras legales y políticas para los servicios de reducción de daños que salvan vidas, incluidas las leyes que hacen que el intercambio de agujas y jeringas y el tratamiento de sustitución de opioides sean ilegales?” Al menos 3,940 personas fueron ejecutadas por un delito de drogas en la última década, deploró. “Recomendamos encarecidamente a los Estados que enmienden sus códigos penales y ya no impongan la pena de muerte por ningún delito, incluidos los delitos relacionados con las drogas”, urgió. “Las personas no pierden sus derechos humanos porque usan drogas. Tienen los mismos derechos que todos nosotros: a la salud ya la vida; a la no discriminación; a la libertad de arresto y detención arbitrarios; y a la libertad frente a la tortura y otras formas de malos tratos”, remató Bachelet ante una sala repleta con cientos de activistas, médicos, sociedad civil, legisladores y científicos.