BEIJING (apro).-  Es la ulterior prueba de la teoría del aleteo de la mariposa: un asesinato en Taiwán ha generado un año después en Hong Kong las protestas más multitudinarias de su historia. Un veinteañero hongkonés estranguló a su pareja embarazada durante unas vacaciones en Taiwán, tiró su cadáver a unos matorrales y regresó a la excolonia. Fue detenido y confesó su crimen, pero sólo ha sido condenado por un delito económico. Hong Kong no ha podido enviarlo a Taiwán para que se le juzgue por asesinato porque carece de tratado de extradición. Los padres de la víctima mandaron cinco cartas pidiendo ayuda a Carrie Lam, jefa ejecutiva de Hong Kong, que se puso manos a la obra. La Ley de Extradición fue aprobada en la víspera de año nuevo en el Consejo Ejecutivo, un órgano formado por los ministros y una docena de legisladores. Y cuando se hizo pública, se fraguó la tormenta. Para el gobierno isleño la ley no sólo es necesaria sino imprescindible. Acabará con las lagunas procedimentales que impiden enviar delincuentes a otros gobiernos con los que carece de tratado de extradición como el de Taiwán, Macao o la China continental, ayudará a la lucha internacional contra el crimen e impedirá que Hong Kong siga siendo un refugio para fugitivos. Pero en la isla no preocupa el envío de asesinos a sistemas judiciales escrupulosos como el taiwanés. Preocupa que Beijing utilice la ley para reclamar a los disidentes políticos y cualquier elemento que considere incómodo para que sean juzgados en un sistema escasamente garantista, que contempla largas detenciones incomunicadas y con más de un 99% de sentencias condenatorias. La ley atenta, según sus críticos, contra la independencia judicial y el sistema de derechos y libertades que Beijing se comprometió a preservar cuando Hong Kong regresó a la madre patria en 1997. El asunto permite interpretaciones opuestas a un lado y otro. “Si no quieren la ley, pueden quedarse con los asesinos y violadores en su pequeña y preciosa isla. El gobierno no tiene que disculparse por nada. La democracia no consiste en acceder a lo que la mayoría o el que grita más fuerte quiere”, opina Wen Liu, empresaria inmobiliaria en Beijing. “Si se aprueba la ley, todos los hongkoneses estaremos bajo el control de un sistema legal injusto. El gobierno hongkonés ya actúa en un 90% de los casos como los del interior. Con esa ley lo perderemos todo en esta ciudad”, afirma por teléfono Shelly Li, empresaria hongkonesa y asidua a las manifestaciones. Lam se ha esforzado en tranquilizar a la opinión pública con enmiendas: la ley excluye los delitos políticos y religiosos y las extradiciones serán examinadas caso por caso por un tribunal de la isla. Pero persiste el temor de que Beijing pueda cocinar cargos y es dudoso que el gobierno local posea la voluntad y mucho menos las fuerzas para oponerse a una exigencia del gobierno central. Contra la ley se han levantado todos, dentro y fuera de la excolonia. Ha conseguido un extraño consenso en una sociedad fracturada entre jóvenes idealistas y pragmáticos padres. Abogados y jueces, periodistas, comercios, universidades, sindicatos y otras organizaciones civiles han mostrado su oposición. Algunos magnates ya habían empezado a sacar sus fortunas de la isla ante la inminente aprobación de la ley. Los hongkoneses, tradicionalmente ocupados en amasar fortunas, le han tomado gusto a la calle. La isla ha vivido tres manifestaciones en una semana. Las protestas empezaron el domingo anterior, con un millón de hongkoneses protestando por la inminente tramitación de la ley. El Ejecutivo de Lam ignoró la voz popular y siguió adelante. El viernes, cuando estaba programada su segunda lectura parlamentaria, miles de jóvenes cercaron la sede del Legco para impedir el acceso de los legisladores. Su desalojo por los antidisturbios provocó violentas algaradas, con lanzamiento de adoquines y vallas por un bando y bolas de goma y gas por el otro. No se recordaba una jornada tan violenta en uno de los lugares más seguros y pacíficos del mundo. Hubo una ochentena de heridos, veinte de ellos policías. Lam firmó la capitulación al día siguiente anunciando la suspensión indefinida de la ley para acabar con la convulsión social y evitar más heridos. Sería la primera de sus tres disculpas en cuatro días. Es probable que también persiguiera desinflar la manifestación prevista dos días después. Era evidente su fracaso cuando a mediodía emitió un comunicado de disculpa al pueblo por su “inadecuado” trabajo y prometió aceptar las críticas “en la forma más sincera y humilde”. Tampoco esa humillación pública funcionó. Hong Kong acogió las protestas más multitudinarias que se recuerdan: dos millones de participantes según los organizadores, y 400 mil según el gobierno local. La afluencia convirtió la planeada manifestación en una concentración que se extendió desde la plaza Victoria hasta Admiralty y se desparramó por las calles adyacentes. Muchos vestían camisetas negras para representar su ira y portaban flores blancas para depositar a los pies del edificio desde el que cayó un activista cuando intentaba colgar una pancarta el miércoles. Los insultos abundaron frente a la comisaría de Wanchai, de donde salieron los agentes que se enfrentaron a los estudiantes aquel día. Los concentrados mantienen un largo pliego de exigencias: la dimisión de Lam, sus disculpas por llamar vándalos a los manifestantes del miércoles y por ordenar la presunta represión policial, garantías de que ningún joven será enjuiciado por aquellos hechos y la cancelación definitiva de la ley de extradición. Algunas peticiones son de relevancia dudosa. La suspensión indefinida de la ley equivale ya a su muerte y entierro porque no será debatida en esta legislatura y ningún gobierno venidero se atreverá a airearla de nuevo. A Lam la acusan de títere de Beijing, lo mismo que escuchó durante años su predecesor, CY Leung, y que escuchará su sustituto. No es un problema de nombres sino de la creciente desconfianza de la isla hacia Beijing. La fórmula “un país, dos sistemas” de Deng Xiaoping, el arquitecto de las reformas, solventó el complicado encaje de un territorio con derechos y libertades en la dictadura china. Funcionó a la perfección durante años, con el continente y la isla profundizando en sus sinergias económicas y el respeto incondicional de Beijing a aquel compromiso. Pero en los últimos tiempos se percibe la voluntad del interior por inmiscuirse en asuntos de la isla. La mayoría de los hongkoneses no pretenden la democracia ni la independencia sino el respeto a su autonomía y su hecho diferencial. Se añade la degradación económica en un territorio que siempre mostró la mayor concentración de millonarios por metro cuadrado. La isla sufre ahora la competencia de otros centros financieros asiáticos como Singapur y, sobre todo, de pujantes ciudades del interior como Shanghái y Shenzhen. Esta generación de jóvenes será la primera que vivirá peor que sus padres y se enfrenta a problemas serios como la dificultad de acceder a la vivienda. Muchos acusan de la escalada de sus precios al aluvión de chinos del interior, que también tensan la capacidad de servicios como hospitales o guarderías. La prensa local los describió años atrás como una plaga de langostas. Es un cuadro sensible que exige de Beijing una mano izquierda que no siempre ha tenido. Empresarios o libreros han desaparecido en las calles de Hong Kong y emergido semanas después en comisarías del interior. La desconfianza hoy es irremediable: la reciente inauguración de un puente que une la isla con el continente, con indudables beneficios económicos para Hong Kong, generó las protestas generalizadas. “Las nuevas generaciones son pesimistas sobre su futuro. La vivienda es demasiado cara y los buenos trabajos no abundan. Este sentimiento se manifestó cinco años atrás en la revuelta de los paraguas y en las protestas actuales. Los jóvenes son muy sensibles hacia lo que perciben como una erosión del estatus especial de Hong Kong. Así que, si la ley de extradición se tramita de nuevo, sospecho que volverá la agitación”, señala Andrew Wedeman, director de Estudios Chinos de la State University de Georgia. Beijing ha seguido el libreto durante las protestas: ha censurado en internet y los medios todo lo relacionado con las protestas para evitar el contagio, acusado a fantasmagóricas fuerzas extranjeras de espolear el caos en la excolonia y subrayado su apoyo al gobierno isleño. La muerte de la ley supone una inédita derrota del Gobierno frente a las masas. Aquella revuelta de los paraguas murió tres meses después por simple agotamiento sin haber conseguido sus objetivos: ni la dimisión de CY Leung, antecesor de Lam, ni la aprobación del sufragio universal. Pero consiguió la victoria intangible de despertar la conciencia política de la juventud. Las protestas de hoy nacieron en aquella.