ROMA (apro).- En un acto sin precedentes, el barco humanitario de Sea Watch forzó este miércoles la política de puertos cerrados y entró en aguas italianas sin la autorización del gobierno, con 42 migrantes rescatados en el Mediterráneo hace dos semanas. La capitana de la nave, la alemana Carola Rackete, explicó que la decisión se hizo necesaria tras las repetidas negativas de Italia a recibir --por 14 días continuados-- a los migrantes, algunos de los cuales incluso amenazaron con suicidarse si no eran acogidos en Europa. “Decidí entrar en el puerto (de la isla italiana) de Lampedusa. Sé los riesgos que corro, pero los 42 supervivientes que están a bordo están exhaustos”, explicó Rackete en un mensaje difundido por Twitter, poco antes de encender los motores en dirección de Italia.

? Aggiornamento dalla nave: la Guardia di Finanza è ancora a bordo e si attendono istruzioni.#SeaWacht3 pic.twitter.com/DzTexpGS1v

— Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 26 de junio de 2019

“Basta, entramos. No por provocación, sino por necesidad, por responsabilidad”, anunció Sea Watch a primera hora de la tarde. “Nuestra capitana no tiene otra opción”, continuó. A media tarde, la decisión de Sea Watch, que provocó una reacción de las autoridades de Italia, las cuales en reiteradas ocasiones intentaron detener a Rackete, sin éxito, suscitó una enorme atención mediática: la escena de la entrada del barco en Lampedusa, escoltada por lanchas militares, fue trasmitida en directo por todas las principales televisiones y diarios del país. De inmediato, los humanitarios respondieron en tierra firme, así como miembros del clero católico, entre ellos el párroco de Lampedusa y sus fieles, quienes se colocaron en el muelle del puerto italiano para recibir a los migrantes. En esta misma línea, diputados del Partido Demócrata (PD) y de otras fuerzas políticas de izquierda también anunciaron su sostén a la decisión de Sea Watch, una de las pocas organizaciones no gubernamentales (ONG) que han continuado con el rescate de migrantes en el mar, pese a los actos de hostilidad del gobierno italiano. “Junto a otros grupos del PD estaremos en Lampedusa para dar las gracias a la tripulación por haber salvado vidas humanas y para contrarrestar la barbaridad de quienes cierran los puertos”, indicó el diputado Matteo Orfini, expresidente del PD. En el bando opuesto, Matteo Salvini, ministro de Interior y líder de la Liga, tachó la decisión de Sea Watch de “provocación” y “acto hostil”, dos términos que en el Derecho Internacional remiten a una situación de conflicto. En esta línea, Salvini pidió a Holanda, el país en el que está registrado el barco de Sea Watch, de hacerse cargo de los migrantes, y calificó de “bravucona” a la capitana de la nave. Multas, secuestro y arrestos De acuerdo con la nueva legislación italiana, denominada Decreto Seguridad bis y aprobada a comienzos de este mes por Italia, ahora se prevé que el gobierno imponga una multa de hasta 50 mil euros a las ONG por auxiliar a migrantes en mar, y que la nave usada para el rescate sea secuestrada. Además de ello, Salvini pidió la detención inmediata de la capitana del barco, por el “flagrante delito”, mientras que, ya de noche, todavía se mantenía la incógnita sobre el destino de los migrantes rescatados. “La culpa: haber sido rescatados por una ONG. El castigo: Asarse sobre la cubierta de una nave durante semanas. Rechazados y abandonados por Europa”, indicó Sea Watch. “500 millones de habitantes (los que viven en la UE) incapaces de acoger a 42”, insistió. El pasado miércoles 12, el barco de Sea Watch salvó frente a costas libias a 52 personas, 10 de las cuales fueron posteriormente evacuadas por razones médicas, y rechazó la devolución del resto a Libia, tras considerar que ese país no es un puerto seguro, como también dice la ONU. En lo que van del año, de acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), alrededor de 600 personas han fallecido ahogadas en el Mediterráneo, aunque otras fuentes elevan esta cifra a decenas más. Ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respondió a una denuncia de Sea Watch que no podía intervenir en el caso, al ser una ley de un Estado soberano de Europa. 2016 El endurecimiento de la política italiana hacia los migrantes inició en 2016, cuando el entonces gobierno progresista decidió financiar y armar a la Guardia Costera libia para impedir que cruzaran a Europa y cerrar esa ruta, que es una de las más mortíferas del mundo. La decisión no interrumpió completamente el flujo, pero sí lo ralentizó, convirtiendo el periplo de los migrantes en el mar en un camino aún más difícil de lo que era anteriormente. Posteriormente, tras la victoria de una coalición integrada por el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga de Salvini, las ONG se convirtieron en uno de los principales ‘enemigos’ de Salvini. Tanto así que varias de ellas fueron sujetas a mayores controles y sus barcos secuestrados por largos períodos. Esto provocó que algunas de esas organizaciones, como Médicos Sin Fronteras, decidieran suspender sus actividades en el Mediterráneo central.