BOGOTÁ (apro).- Senadores colombianos presentaron este miércoles una demanda penal contra personal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por realizar operaciones “ilegales” en este país, donde intervinieron comunicaciones e hicieron investigaciones judiciales sin contar con la autorización de la justicia local. La demanda incluye al exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, por permitir las operaciones irregulares de la agencia estadunidense y participar en algunas de ellas con recursos y policías de la Fiscalía. Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino dijeron que la medida forma parte de los planes para “socavar” los acuerdos de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En un debate convocado por la Comisión Segunda del Senado para analizar el tema de las actuaciones de la DEA y la Fiscalía frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –el tribunal encargado de juzgar los delitos atroces del conflicto armado--, los legisladores señalaron que esa agencia incitó a ciudadanos colombianos a cometer delitos, lo que es ilegal en este país. Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo que desde junio de 2017 agentes de la DEA actuaron en operaciones encubiertas en territorio colombiano, y que el exfiscal Martínez ha reconocido que al menos una parte de ellas “se hicieron sin autorización de la justicia colombiana, es decir que fueron ilegales”. Por ello, Cepeda y Antonio Sanguino, senador de la opositora Alianza Verde, anunciaron la demanda penal contra Martínez, quien renunció al cargo el mes pasado, en medio de serios cuestionamientos por su actuación en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y contra los agentes de la DEA que participaron en operativos no autorizados. Entre los agentes acusados figuran Brian Witek, quien dirigió un operativo de “entrampamiento” (incitación al delito, lo que es ilegal en Colombia) contra el exguerrillero de las FARC Jesús Santrich, acusado de narcotráfico en abril de 2018 por la justicia estadunidense y solicitado en extradición después de ser grabado por colaboradores de la DEA que se hicieron pasar por narcotraficantes. La denuncia también es contra dos mexicanos que son agentes o “cooperantes” de la DEA y que ingresaron en siete ocasiones a Colombia entre 2017 y 2018. Los dos, quienes dijeron ser enviados de una facción del Cártel de Sinaloa que dirige el prófugo narcotraficante Rafael Caro Quintero, utilizaron al familiar de un excomandante de las FARC para llegar a Santrich y grabar con él un video en el que hablan de negocios, de “mercancía” y del “producto”. Ese video fue filtrado a medios el pasado 16 de mayo, un día después de que la JEP decidió rechazar la extradición de Santrich a Estados Unidos con el argumento de que ni la Fiscalía colombiana ni las autoridades estadunidenses aportaron pruebas sobre el delito de narcotráfico que se le atribuye al exguerrillero y sobre la fecha en que habría ocurrido. Esto es importante porque, según los acuerdos de paz con las FARC, los excombatientes que hayan cometido delitos después de la entrada en vigencia de ese pacto, el 1 de diciembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios que les ofrece la JEP, como penas alternativas y sentencias bajas. El senador Cepeda dijo que el nombre de uno de los mexicanos utilizados como agentes encubiertos por la DEA es, al parecer, Marco Aurelio García Weinberg, quien habría participado en tres operaciones para “entrampar” a Santrich” y al exfiscal de la JEP, Carlos Bermeo. Además, ese mismo agente u otro de nacionalidad mexicana buscó, sin éxito, a magistrados y asesores de la JEP para intentar sobornarlos y hacerlos aparecer como funcionarios corruptos. En la sesión de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de los asuntos internacionales y de seguridad, Cepeda dijo que todas esas operaciones se realizaron “utilizando el llamado método de entrampamiento, es decir, la acción deliberada de agentes provocadores de la DEA”, que constituye otra “causa de ilegalidad”. El senador acusó al exfiscal Martínez de emplear el entrampamiento “como un instrumento para destruir el proceso de paz”, y sostuvo que el uso de agentes de la DEA para incentivar la comisión de delitos “es una vulneración de la soberanía nacional y de la autonomía de la justicia colombiana”. De acuerdo con Cepeda, debe realizarse una investigación profunda sobre la actuación de la DEA en Colombia, “porque ese no puede ser un poder paralelo a la justicia colombiana”. El senador Sanguino señaló que los ilícitos que se le atribuyen a la DEA y al exfiscal Martínez deben ser investigados por la Comisión de Acusación del Congreso y la Fiscalía, que en estos momentos está a cargo de un fiscal interino. Son hechos que deben ser “censurados y castigados” para que no se vuelvan a repetir, apuntó. Añadió: “Colombia no es Puerto Rico, no es un estado anexo a Estados Unidos”. La senadora del derechista partido de gobierno Centro Democrático, Paola Holguín, discrepó de sus colegas y precisó que la DEA ha sido un aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y que hay “suficiente jurisprudencia” para permitir las operaciones de agentes encubiertos en este país. La legisladora no se refirió a las actuaciones de la DEA en Colombia sin autorización de autoridades locales ni a las escuchas ilegales que han hecho sus agentes. El ministro de Justicia encargado, Juan Francisco Espinosa, señaló que corresponde a los jueces determinar si la actuación de la DEA en los operativos señalados por los senadores fue legal o ilegal. Además, aseguró que la extradición ha sido un instrumento muy importante para combatir el narcotráfico en Colombia. En respuesta, el senador Cepeda recalcó que el debate no era sobre la extradición, sino para establecer si los agentes de la DEA cumplieron o no con la ley colombiana en los operativos denunciados. “No cumplieron, ese es el problema”, soltó el legislador. Sanguino citó jurisprudencia de las cortes colombianas que prohíben el uso de agentes encubiertos para incitar a cometer delitos. El representante de la Fiscalía en el debate, Majer Abushihab, quien fue un cercano asesor del exfiscal Martínez, descartó que los operativos de la DEA fueran ilegales.