CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, el expresidente peruano Alejandro Toledo Manrique fue detenido hoy en Estados Unidos –donde se encontraba prófugo– por mandato de extradición, con el que enfrentará la justicia de su país. A diferencia de México, donde el escándalo de los pagos de sobornos de Odebrecht todavía no se judicializa –el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se encuentra en Alemania y está prófugo de la justicia–, las autoridades peruanas tomaron en serio el caso, y detectaron casos de corrupción que involucraron a los últimos cuatro expresidentes del país. Uno de ellos, Alan García, se suicidó con un disparo en la cabeza el pasado 17 de abril, mientras estaba a punto de ser detenido. La Fiscalía acusaba al exmandatario de presunto lavado de activos provenientes de sobornos, al igual que otros tres expresidentes –Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski–. En una entrevista con Proceso, Alejandro Gertz Manero, titular de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR), se refirió a Perú como el país donde hubo “mayor éxito” en investigar y sancionar a los implicados en el escándalo de Odebrecht. Con base en las investigaciones lanzadas en Brasil, la Fiscalía peruana desnudó un complejo entramado de influencias y sobornos de Odebrecht que afectó a prácticamente toda la clase política-empresarial del país sudamericano: se mencionaron los nombres de Keiko Fujimori –hija del exdictador–, expresidentes regionales, la exalcaldesa de Lima, así como un abanico de exministros y legisladores. Exdirectivos de Odebrecht señalaron que pagaron sobornos por 10.5 millones de dólares a Lozoya, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego como director general de Pemex. En los últimos dos años del sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) frenó la investigación sobre los sobornos de Odebrecht; no presentó ningún avance concreto y tampoco judicializó la carpeta de investigación, a pesar de que en octubre de 2017 el exprocurador Raúl Cervantes Andrade anunció que la carpeta estaba concluida. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó que, debido al tiempo transcurrido, habría prescrito el delito de supuesto financiamiento ilícito de Odebrecht en la campaña electoral de Peña Nieto en 2012, si es que existiera tal delito. Tras su llegada al frente de la FGR, Gertz deploró que “después de todos estos años, el último país que no ha tenido resultados (en el caso Odebrecht) somos nosotros”, y advirtió que las autoridades mexicanas irían “tras quien tengamos que ir”.