GINEBRA, Suiza (Apro). - El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC) adoptó una resolución en la que se acordó llevar a cabo una investigación comprehensiva sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el gobierno de Rodrigo Duterte, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”. La resolución promovida por Islandia –y a la que el gobierno de Manila trató de echar abajo usando todas las herramientas diplomáticas posibles– se aprobó con 18 votos a favor, 14 en contra (incluyendo a China) y 15 abstenciones, entre ellas la de Japón. En el periodo previo a la votación, los diplomáticos filipinos presionaron ferozmente para disuadir a los 47 miembros del UNHRC y enviaron sendas cartas a las misiones diplomáticas para que no se apoyara lo que consideraban una movida abusiva de las competencias del órgano de la ONU. “Nunca he visto una contracampaña de este nivel”, dijo a la prensa Laila Matar, directora adjunta de Human Rights Watch (HRW). “Es una resolución modesta, pero es un paso muy importante para las víctimas, para poner a Filipinas en el camino hacia la rendición de cuentas y para demostrar que el asesinato de miles de personas en esta llamada guerra contra las drogas no ha pasado inadvertidas a la comunidad internacional”, aseguró Matar. Pese a que el texto es conciso y para varios activistas “se queda corto”, logra establecer que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llevó a cabo un informe comprehensivo sobre la situación, ya que por un lado el gobierno filipino reconoce que la policía ha matado a unas 6 mil 600 personas por cuestiones relacionadas con las drogas y por otra parte, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y HRW calculan que se han llevado a cabo al menos 27 mil ejecuciones extrajudiciales en los últimos tres años. La votación se llevó a cabo el jueves 11, pocos días después de que una de las víctimas más jóvenes de la guerra contra las drogas, Myca Ulpina, de tres años, fuera asesinada en una redada policial. Para activistas que se encuentran en el terreno y que temen por sus vidas, como Ellecer Budit Carlos, el texto también envía un fuerte mensaje a quienes han elogiado a Duterte. “Esta guerra contra las drogas, como hemos dicho en repetidas ocasiones, es una guerra simulada”, dijo en un encuentro con la prensa después del voto celebrado en la sala del Consejo de Derechos Humanos, en el Palacio de las Naciones. Afirmó que decenas de miles están siendo asesinados mientras la policía aterroriza a las comunidades pobres, usando “listas de vigilancia” para identificar a los sospechosos usuarios o distribuidores y ejecuta a muchos en forma de operaciones encubiertas. “La policía niega esto, diciendo que todos sus asesinatos fueron en defensa propia”, deploró el activista filipino. Amenaza al Consejo “No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe. Habrá consecuencias, consecuencias de largo alcance”, amenazó el embajador de Filipinas en Ginebra, Evan García, en respuesta a la resolución. “La resolución es un travesti de derechos humanos (…) está muy alejada de la realidad y surgió directamente de la boca de la reina de Alicia en el País de las Maravillas”, lanzó el funcionario, cuyos comentarios incendiarios hicieron que levantaran las cejas de varios de los miembros del Consejo. “Mi gobierno no va a ser quebrantado por esa resolución”, remarcó el embajador, quien observó que el texto es de motivación política basada en planteamientos erróneos y por lo tanto no puede prosperar”. “Va contra Filipinas, la rechazamos”, afirmó. De igual forma Salvador Panelo, portavoz de Duterte, dijo en Manila que la decisión del Consejo “es grotescamente unilateral, escandalosamente estrecha y maliciosamente partidaria. “Apesta a una política nauseabunda, totalmente desprovista de respeto por la soberanía de nuestro país, incluso cuando está desprovista de las espantosas realidades de la amenaza de las drogas”, recalcó. La investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas que llevará a cabo la oficina de Bachelet se presentará al Consejo en junio de 2020. Hasta el momento organizaciones defensoras de derechos humanos han publicado informes que documentan el patrón de graves violaciones cometidas por las fuerzas armadas leales a Duterte en su devastadora guerra contra las drogas. El más reciente es el de AI titulado “They Just Kill”. “Sólo matan” El informe publicado por AI a principios de este mes muestra que la policía actúa con total impunidad cuando asesina a las personas de barrios pobres, cuyos nombres aparecen en “listas de control de drogas” elaboradas al margen de todo proceso legal. Revela que tras el traslado de altos mandos policiales de Metro Manila –hasta entonces epicentro de los homicidios del país– la provincia de Bulacán, en Luzón Central, es ahora el campo de batalla más sangriento. Duterte ha defendido reiteradamente la “guerra contra las drogas” de su administración, alegando que las personas que las tienen son “delincuentes” cuyo homicidio es “justificable”. Según AI, “lo único que hace falta para asesinar a alguien es una acusación sin pruebas de consumo, compra o venta de drogas. En todos los lugares a los que fuimos para investigar homicidios relacionados con las drogas, la gente corriente estaba aterrorizada. El miedo ha calado hondo en el tejido social de la sociedad”. La investigación revela un patrón tras las ejecuciones, en el que la policía justifica su actuación del mismo modo: una operación encubierta contra la droga, en la que los sospechosos estaban armados y opusieron resistencia, lo que “provocó” el uso de fuerza letal. Las familias y los testigos refutan reiteradamente la versión policial. En algunos casos la familia de la víctima explicó que ésta nunca había tenido un arma de su propiedad o que era demasiado pobre para comprar una. En otros, las víctimas de homicidios relacionados con las drogas habían sido registradas primeramente como desaparecidas, hasta que de pronto, al descubrirse su cadáver, la policía las había clasificado como objetivos de una operación encubierta. Una perito forense filipina entrevistada por AI aseguró que los informes policiales de operaciones encubiertas que había examinado no cumplían los criterios mínimos de verosimilitud: “Es tan coherente; es un guion. De hecho, cuando ves el informe parece una plantilla”. En un caso, por ejemplo, la policía afirmó que Jovan Managua, de 30 años y padre de tres hijos, había disparado y que habían encontrado un arma de calibre .38 así como “bolsitas” de drogas ilícitas en el lugar de los hechos. Según testigos, Managua estaba durmiendo con sus hijos cuando los agentes llamaron a la puerta de su casa preguntando por otro hombre. Su familia dijo que Jovan no tenía arma y llevaba más de un año sin consumir drogas. “Lo mataron como a un animal”, deploró uno de sus familiares. Las “de control de drogas” son verdaderas listas negras que sirven para indicarle a la policía a quiénes tiene que detener o matar. Se presiona a los funcionarios locales hasta el nivel de administración de barrio (barangay) para que muestren su competencia recopilando los nombres de los denominados “consumidores”, “traficantes”, “proveedores” y “protectores” de su zona. AI considera que estas listas son poco fiables, ilegítimas e injustificables. Son una prueba más del hostigamiento del gobierno contra las comunidades pobres y marginadas, pero sumado a ello y a pesar de que la mayoría de las veces se trata de acusaciones infundadas, “es muy difícil salir de esas listas” “La administración Duterte ha creado una especie de lotería mortal, en la que los funcionarios deben elaborar listas y darles seguimiento, con independencia de que las personas incluidas en ellas consuman o vendan realmente droga. Este sistema insaciable y perverso recompensa el acatamiento ciego y el asesinato”, denunció AI.