SANTIAGO (apro).- En medio de un vendaval de críticas, el gobierno del presidente Sebastián Piñera retiró de la Contraloría General de la República el Decreto Supremo 256 que involucraba a las Fuerzas Armadas en la lucha antinarco (Proceso 2229). La decisión de ayer estuvo precedida de una reunión --el viernes 19-- entre el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el contralor Jorge Bermúdez, en la que éste criticó algunos aspectos del citado Decreto, que requiere de la “toma de razón” de Contraloría para su entrada en vigencia. Según informó este lunes Meganoticias --del canal Mega--, Contraloría cuestionó dos puntos del decreto de Piñera, que serán modificados previo a su reingreso. El primero dice relación con las razones que tuvo el ejecutivo para pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas para realizar tareas que son propias de Carabineros, y en segundo término se le planteó a Espina que explicase en qué consistirá la coordinación que ejecutará el Ministerio de Defensa con el de Interior, luego de poner en marcha la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas antinarcóticos. Una vez que estos aspectos estén subsanados, el gobierno reingresará el Decreto con el objetivo que la Contraloría realice “la toma de razón”. El pasado martes 9, en la tradicional ceremonia de “juramento a la bandera”, realizada en la Escuela Militar, el presidente Sebastián Piñera anunció la firma del citado Decreto. Éste dispone que las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) aportarán tecnología, logística, transporte y vigilancia para combatir el narcotráfico, fundamentalmente en zonas fronterizas. “Como presidente de Chile no sólo tengo el derecho, sino que también tengo el deber de combatir el narcotráfico y el crimen organizado con toda la fuerza y con todo el rigor de la Ley”, dijo Piñera en su discurso, presenciado por las máximas autoridades del Ejército y por el ministro de Defensa, Alberto Espina. Según lo dispuesto por Piñera, será el Ministro de Defensa el encargado de dirigir las operaciones que las Fuerzas Armadas realicen en las fronteras para detener el narcotráfico. La decisión del presidente motivó una fuerte reacción de un amplio arco de fuerzas políticas y de analistas en materias de defensa, quienes recordaron los “nefastos” resultados que ha tenido en México y Colombia la aplicación de políticas similares. Parlamentarios comunistas (PC), del izquierdista Frente Amplio (FA) y del Partido Progresista (PRO) han realizado presentaciones a la Contraloría con el fin de que no apruebe la medida de Piñera, a la que han calificado de inconstitucional. Así lo hizo el lunes 15 el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Este afirmó en su escrito que el artículo 101 de la Constitución Política del Estado circunscribe el rol de las Fuerzas Armadas “a la defensa de la soberanía e integridad territorial” y no a “la conservación del orden público y de la seguridad pública”, aclarando que esas atribuciones están entregadas a la Policía.