GINEBRA (apro).- Urge que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designe una comisión de expertos independientes para que investigue las graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes internacionales, piden integrantes del Grupo de Lima y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas. En un debate con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la sede de la ONU en esta ciudad, la embajadora de Perú, Silvia Elena Alfaro, en nombre del Grupo de Lima –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú– anunció que impulsarán una nueva resolución sobre la creación de una Comisión de Investigación, especialmente a la luz del informe oral de Bachelet y en vista de que la situación en el país se agrava constantemente. “Adjetivos como ‘grave’, ‘seria’ o ‘profunda’ no alcanzan para describir la crisis en Venezuela, el único país del mundo que, sin existir un conflicto armado, genera el segundo mayor número de refugiados en el mundo”, dijo Alfaro ante el pleno. “Más de cuatro millones de personas desde 2015 y casi dos millones desde hace sólo 12 meses, han salido de Venezuela para escapar del hambre, la miseria, la falta de servicios médicos, el miedo y la desesperanza. Todos estos hechos están registrados en los informes de la alta comisionada y del sistema interamericano”, detalló la diplomática peruana, quien consideró que las observaciones hechas por Bachelet confirman que “estas tendencias continúan y se agravan”. “Esto es fuente de una gran preocupación para la región y el mundo”, sostuvo. “La crisis se expresa también en las más de siete mil ejecuciones extrajudiciales; en la persecución a sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos; en el sistemático socavamiento de las instituciones; en las constantes amenazas a la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima y democráticamente electa”, remarcó. Alfaro indicó que “el propio pueblo venezolano reclama la solidaridad de la comunidad internacional. No podemos permanecer indiferentes ante la situación que vive este país. Este Consejo tampoco”. En vista de ello anunció que los países del Grupo de Lima presentarán un proyecto de resolución sobre Venezuela el cual llama a establecer una Comisión de Investigación (Coi). El texto de la resolución que será presentada en el Consejo de Derechos Humanos –y que Proceso pudo consultar– y que será discutido en estas semanas para ser considerado el 27 de septiembre, pide crear dicha Coi para llevar a cabo “una investigación exhaustiva sobre las violaciones y abusos de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela desde enero de 2014, incluso sobre su alcance y si pueden constituir crímenes internacionales, con miras a contribuir a la lucha contra la impunidad”. La resolución detalla su alarma por la situación que atraviesa el pueblo venezolano y llama a “identificar a los presuntos autores de violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela, con el fin de garantizar la plena rendición de cuentas”. De igual forma pide a la Coi formular recomendaciones sobre los pasos a seguir “para garantizar que los autores de estas violaciones y abusos, independientemente de su afiliación, sean responsables de sus actos”. La comisión deberá colaborar con las autoridades venezolanas y todos los demás interesados, en particular los organismos de la ONU, la sociedad civil, los refugiados, la presencia sobre el terreno de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, la OEA y la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, con el fin de proporcionar apoyo y experiencia para la mejora inmediata de la situación de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. El texto solicita a los expertos que integrarán dicha Coi presentar un informe final al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU e insta al régimen del presidente Nicolás Maduro “a que coopere plenamente con la comisión de investigación, le otorgue acceso inmediato, pleno y sin restricciones en todo el país y le brinde toda la información necesaria para cumplir su mandato”. Además, expresa su profunda preocupación por la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela, “que incluye patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos –civiles, políticos, económicos, sociales y culturales– en el contexto de la política, la economía, crisis social y humanitaria”. De igual forma manifiesta su alarma por la erosión del estado de derecho en el país y por la variedad de violaciones interrelacionadas de los derechos económicos y sociales, “particularmente de los derechos a la alimentación y a la salud, incluida la grave escasez de alimentos, medicamentos y vacunas”. Y acusa de manera especial “el impacto desproporcionado de la crisis en los derechos de las mujeres, las niñas, los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y otros grupos vulnerables” a lo que se suma la compleja situación de 7 millones de venezolanos que según la ONU requieren asistencia humanitaria urgente debido al colapso de los servicios básicos, violencia e inseguridad. La reacción del Grupo de Lima se suma a lo denunciado por Bachelet en su último informe, en el que sostiene que continúan ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, detenciones arbitrarias perpetradas con anuencia del gobierno y lamentó el grave deterioro de la situación humanitaria. Y como era de esperarse el gobierno de Maduro negó las acusaciones. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, reiteró su rechazo “a la metodología empleada por la oficina de la alta comisionada para elaborar el informe presentado ante este consejo el pasado 5 de julio. Este informe está dominado por una visión selectiva y parcializada, convirtiéndose en un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores”. Urgente identificar la cadena de mando En entrevista con Proceso José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, consideró que la alta comisionada ha hecho una gran contribución con sus informes, especialmente el último, que ha sido contundente sobre las graves violaciones a derechos humanos que se cometen por parte del régimen de Maduro y la crisis humanitaria que están sufriendo los venezolanos. “Y como era de esperarse, la reacción del gobierno de Maduro fue de total descalificación argumentando que el informe era sesgado, selectivo y politizado”, observó . “El gobierno de Maduro no asume responsabilidad por ningún tipo de violaciones a derechos humanos, no acepta ninguno de los cargos que se formulan en el informe”, remarca Vivanco. Es un régimen que, entre Maduro y Hugo Chávez, es decir en 20 años, no han permitido la visita de procedimientos especiales, salvo de un relator, pero no ha habido nadie que haya podido entrar del sistema de derechos humanos de la ONU, aparte de Bachelet, que pudo ir sólo unos días. “De tal manera que estamos hablando de una dictadura brutal, en la que no se puede confiar, que viola derechos fundamentales como parte de una política de Estado”, lanza Vivanco. “En estas circunstancias lo que cabe hacer por parte de la comunidad internacional es aumentar la presión y por eso estamos solicitando la designación de una comisión de investigación de expertos independientes que puedan no sólo documentar abusos sino identificar a los responsables”, recalcó. “Específicamente”, agrega Vivanco, “el mandato tendría que estar dirigido a identificar responsables por esas violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en Venezuela, estableciendo incluso una responsabilidad de mando. “Esta Comisión no solamente debería identificar a los autores materiales sino también a los jerarcas del régimen, civiles y militares que tengan responsabilidades en estos hechos”, dice Vivanco, quien recalca que “deberían ser individualizados y ese creo que sería un importante mandato para esta comisión de expertos”. Esta propuesta, además de avalarla el Grupo de Lima y HRW, también es apoyada por las principales organizaciones de derechos humanos a nivel global, como Amnistía Internacional y también la sociedad civil venezolana. Reveló que el Grupo de Lima “está empujando con mucha fuerza” para que se adopte esta resolución y cuenta con buena receptividad de los países de la Unión Europea. “Tenemos la esperanza de que esta propuesta sea aprobada por el Consejo”, expresa Vivanco y argumenta que “no habrá avances en el plano político en Venezuela si no hay justicia por las atrocidades cometidas”. El Consejo de Derechos Humanos ha establecido comisiones de investigación para Siria, Palestina, Eritrea, Corea del Norte, República Centroafricana y Sri Lanka, entre otras naciones. México debe sumarse Al ser cuestionado sobre el papel de México respecto a esta iniciativa, Vivanco afirma que “obviamente México debería sumarse”, pese a que dejó de pertenecer al Grupo de Lima desde que Andrés Manuel López Obrador inició su mandato. “¡Y ojalá lo haga!”, exclama. “Sin embargo, dadas las posiciones del gobierno a partir de la elección de López Obrador y los giros que ha tenido en su política exterior, tengo una enorme preocupación y yo diría un fuerte grado de escepticismo de que México pueda jugar un rol útil en este proceso sumándose a una propuesta como la que está sobre la mesa”, remata Vivanco.