MADRID (apro).- El Tribunal Supremo español avaló este martes la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y que sus restos sean trasladados al madrileño cementerio de El Pardo-Mingorrubio. De esta forma, los magistrados rechazaron la petición de la familia que pretendía trasladarlo a la catedral de la Almudena, en el centro de la capital española. Los seis magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo que han estudiado los recursos de la familia y de la Abogacía del Estado resolvieron por unanimidad avalar la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, propuesta que hizo desde julio del 2018, en base a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, informó que la exhumación y reinhumación del dictador se tratará de hacer antes del inicio de la campaña de cara a las elecciones del 10 de noviembre próximo. La decisión de hoy es histórica, porque España es el único país europeo que mantiene –con recursos del erario— la sepultura de un dictador en un monumento público, porque el complejo pertenece a Patrimonio Nacional. Calvo recordó que el Parlamento Europeo ya había recordado a España que era el único país con un dictador en un mausoleo público. Conocido públicamente como el Valle de los Caídos, se trata de un conjunto monumental construido por órdenes de Franco en el madrileño municipio de San Lorenzo del Escorial, entre 1940 y 1958. El conjunto se compone de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de la abadía que ocupa la congregación de monjes benedictinos, situado en el Valle de Cuelgamuros, donde están enterrados Franco, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, además de 33 mil 872 combatientes de la guerra civil de ambos bandos. Los muertos represaliados por el franquismo fueron llevados ahí por órdenes de Franco, sin el conocimiento y, menos aún, sin el consentimiento de sus familiares. Descontento familiar El alto tribunal español consideró hoy que la decisión del gobierno de Sánchez, aprobada por Real Decreto, está dentro de los límites de esta ley y por tanto considera que no hay nada que impida su aplicación. Además, rechaza que los restos sean enviados a la cripta de la catedral de la Almudena (vecina del Palacio Real, en el centro de Madrid), como lo solicitaba la familia. La Abogacía del Estado presentó un informe de la Delegación del gobierno que desaconsejaba esa opción por problemas de seguridad que conllevaría que los restos del dictador estuvieran en pleno centro de Madrid. La propia Iglesia católica mostró su preocupación que se optara por la catedral madrileña. La familia tiene aún la opción de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional, esgrimiendo los argumentos que han hecho públicos hasta ahora, que el decreto vulnera el “derecho fundamental a la libertad religiosa”, el “derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, y por considerar que se trata de “una ley de caso único”. El magistrado Joaquim Bosch, miembro de Jueces y Juezas por la democracia (JJpD) consideró positiva la decisión del Supremo, porque valora el interés público de la decisión de reubicar los restos del dictador sobre la imposición que una familia pretende imponer a una sociedad democrática. En entrevista televisiva, el juez añadió que el procedimiento ha sido muy garantista y que el alto tribunal ofrece a la familia la opción de una sepultura digna, pero le impide imponer su criterio. “En una sociedad como la española no se puede estar glorificando a un dictador mientras se mantienen miles de cuerpos en las cunetas de este país”. A su vez, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, comentó que la sentencia le provocó “una profunda decepción”, y adelantó que van a “agotar todos los recursos” para intentar revertirla.