CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras 12 años de operación, durante los cuales desmanteló estructuras de corrupción en los más altos círculos de poder en Guatemala y ayudó en condenar a 400 integrantes de la élite político-empresarial del país centroamericano, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó hoy su mandato, bajo los aplausos de distintas agencias de la ONU y de la sociedad civil. Su logro más destacado sucedió en 2015, cuando reveló la red de corrupción conocida como La Línea, que generó una ola de protestas ciudadanas y desembocó en la renuncia y el posterior encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Desde su creación por mandato de Naciones Unidas en 2008, y hasta su expulsión del país, decretada por el presidente saliente Jimmy Morales, en agosto de 2018 --mientras él y familiares se encontraban en el centro de una investigación por financiamiento ilícito--, la CICIG consiguió acusar a más de mil 500 integrantes de la élite guatemalteca, entre ellos miembros de gabinete, legisladores, jueces y empresarios. La CICIG, que calificó a Guatemala como un “Estado capturado”, dejó al Ministerio Público 60 casos por investigar, entre otros, una acusación contra Acisclo Valladares --el ministro de Economía-- en un asunto de espionaje político contra miembros de la oposición. Por lo pronto, la semana pasada Alejandro Giammattei, presidente electo, anunció que sustituirá a la CICIG por otra comisión. Si bien no detalló el perfil de sus integrantes ni su mandato, aseguró que dicha instancia ya cuenta con el apoyo del gobierno estadunidense de Donald Trump, el cual, a su vez, pretende imponerse en Guatemala. “Espero que asuma con sinceridad sus propósitos anticorrupción y los desarrolle en el país, porque si algo dejó en claro todas las actividades de investigación de la CICIG (…) es el alto grado de corrupción en el país, que la hemos caracterizado como sistémica, estructural, que ha producido una verdadera captura del Estado. Esperamos que se den cuenta de la gravedad de la situación en Guatemala”, expresó Iván Velásquez, hasta hoy responsable de la CICIG. Varios altos funcionarios de la ONU respaldaron hoy la labor de ese organismo y expresaron su inquietud ante las eventuales represalias que podrían sufrir quienes participaron en la lucha contra la corrupción en Guatemala, país al que la organización Transparency International colocó en el lugar 144 de 180 de las naciones más corruptas del planeta. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, urgió el gobierno guatemalteco a “proteger los derechos de quienes participan en la lucha contra la impunidad en Guatemala”, y Jordán Rodas Andrade, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos guatemalteca, exigió que se garantice la seguridad de los extrabajadores de la CICIG. Por su parte, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, reiteró su “respeto y admiración” por la CICIG, y recordó al gobierno guatemalteco “la obligación del Estado de garantizar la protección de fiscales, juezas y jueces, magistradas y magistrados, para que desarrollen su función de manera independiente e imparcial”. “Creo que es muy factible que haya retrocesos, y me parece que pueden presentarse dos situaciones simultáneas: de un lado, una ola de persecución, de criminalización de los exfuncionarios de la CICIG, pero también de fiscales y de jueces que se comprometieron en la lucha contra la corrupción”, comentó a su vez el excomisionado Velázquez.