ONU implica a Estados Unidos, Reino Unido y Francia en posibles crímenes de guerra en Yemen

martes, 3 de septiembre de 2019 · 15:57
GINEBRA (apro).- Un nuevo informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostiene que Estados Unidos, Reino Unido y Francia pueden ser cómplices de crímenes de guerra en Yemen al armar, proporcionar inteligencia y apoyo logístico a la coalición liderada por Arabia Saudita. El informe sobre graves violaciones de derechos humanos en estos 5 años de guerra, revela que los investigadores de la ONU compilaron una lista de posibles sospechosos de crímenes de guerra perpetrados por la coalición de estados árabes y el movimiento Houthi que controla la capital de Yemen. Dicha lista de carácter confidencial quedará en poder de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet la cual, llegado el momento, puede ser utilizada en una corte internacional. El panel de expertos encontró “múltiples crímenes” cometidos en ambos lados, al tiempo que destacaron el papel que los países occidentales han jugado como patrocinadores clave de los estados árabes y el que ha tenido Irán en apoyo de los hutíes. La investigación del Consejo de Derechos Humanos detalla como los gobiernos de Yemen, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, así como los hutíes y los comités populares afiliados, han gozado de una "falta de responsabilidad generalizada" tras múltiples violaciones entre las que se incluyen bombardeos indiscriminados, asesinatos y detenciones arbitrarias, torturas, reclutamiento de menores, uso de minas terrestres, violencia sexual y bloqueo de ayuda humanitaria. El informe pide el cese inmediato de todos los actos violentos cometidos contra los civiles y exige a las partes que adopten medidas para protegerlos y garantizar la administración de justicia para todas las víctimas. De igual forma Insta a los Estados implicados a abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en los enfrentamientos y les recuerda que están obligados “a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario por todas las partes en el conflicto”. Cinco años de infierno para la población civil El Grupo de Expertos realizó más de 600 entrevistas a víctimas y testigos, examinó múltiples documentos e investigó casos representativos que sirvieron para establecer pautas de conducta que mostraran presuntas violaciones de los derechos humanos en Yemen desde septiembre de 2014. "Las violaciones contra civiles yemeníes continúan sin cesar tras cinco años de conflicto, con un total desprecio por la difícil situación de la población y la falta de acción internacional para exigir responsabilidades a las partes en el conflicto”, afirmó en rueda de prensa en Ginebra el presidente del Grupo, Kamel Jendoubi, al dar a conocer el informe. Los expertos encontraron “motivos razonables” para creer que las hostilidades de las partes en conflicto causaron un impacto extremo en la población civil y que muchas de ellas “podían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario”. La comunidad internacional “responsable” por omisión "Esta impunidad endémica -por las violaciones y abusos cometidos por todas las partes en el conflicto- no puede tolerarse más. Las investigaciones imparciales e independientes deben habilitarse para exigir responsabilidad a quienes no respeten los derechos del pueblo yemení”, remarcó el presidente del Grupo. “La comunidad internacional tiene que dejar de hacerse de la vista gorda ante estas violaciones y la intolerable situación humanitaria", deploró. Jendoubi calificó como “inhumana” la falta de acceso a medicinas, agua y alimentación que sufre la población yemení e instó a que esta restricción “debe cesar de inmediato”. “La supervivencia de 24 millones de personas necesitadas debería ser la prioridad", urgió. El Grupo también mostró su profunda preocupación ante el posible uso del hambre como método de combate “ya que esos actos contribuían a privar a la población de cosas indispensables para su supervivencia”. La privación de alimentos como arma de guerra contra la población civil en un conflicto armado está prohibida por las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.      

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