BOGOTÁ (apro).- La oposición colombiana denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los servicios de inteligencia militar son usados por el gobernante partido Centro Democrático para espiar de manera ilegal a dirigentes políticos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y periodistas independientes. Los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, quienes presentaron la denuncia ante la CIDH en Washington, pidieron al organismo hemisférico medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas de este caso de espionaje y para impedir que las investigaciones sean obstaculizadas por los autores de la operación criminal. Cepeda, quien fue recibido junto con Barreras por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo que las investigaciones apuntan hacia el Centro Democrático ya que los militares involucrados en la trama pasaban la información obtenida a un funcionario del partido del presidente colombiano Iván Duque.

Jueces, uno de los objetivos

Además, uno de los objetivos de las intercepciones ilegales de teléfonos celulares, servicios de mensajería y correos electrónicos eran los funcionarios judiciales que participan en un proceso penal de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático y mentor político de Duque. Uribe es procesado por manipulación de testigos y enfrenta varias denuncias por presuntos nexos con grupos paramilitares en el Poder Judicial y en el Congreso. Cepeda pidió a la CIDH enviar una misión a Colombia para conocer en terreno detalles de la operación ilegal en la que el Ejército usó numeroso personal, instalaciones militares y sofisticados equipos de inteligencia donados por Estados Unidos para espiar ilegalmente a civiles que el Centro Democrático considera adversarios.

Piden apoyo a Congreso de EU

El senador Cepeda, quien figura entre los objetivos de la operación de espionaje, se reunirá en Washington con congresistas estadunidenses para pedirles fiscalizar cómo se están usando los equipos de intercepción donados al gobierno colombiano para combatir al crimen organizado. La revista colombiana Semana publicó el pasado fin de semana un detallado reporte sobre la forma en que operaba la red militar de intercepciones ilegales y reveló que esa fue la causa que llevó al gobierno de Duque, el mes pasado, de retirar como comandante en jefe del Ejército, al general Nicasio Martínez, quien ha negado su participación en esa trama. Entre los “chuzados” (como llaman en Colombia a las intercepciones telefónicas) están periodistas de Semana, legisladores, defensores del proceso de paz con la ex guerrilla de las FARC y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Algunos de estos “objetivos” eran seguidos por personal de inteligencia militar.

“Es una operación contra los defensores de la paz, contra el periodismo independiente, contra la oposición política y para incidir en el caso Uribe”, señaló Cepeda.