La pena de muerte o castigos draconianos no acabarán con las violaciones: Bachelet

jueves, 15 de octubre de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que la pena de muerte o castigos draconianos contra los responsables de violaciones no acabarán con el problema. La expresidenta de Chile comentó que comparte el enojo e indignación por los numerosos informes de violaciones ocurridas en las últimas semanas en países como Argelia, Bangladesh, India, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Túnez, pero expresó su preocupación por la aprobación de leyes para aplicar a los agresores la pena de muerte y otros castigos crueles e inhumanos, como la castración. “Por muy tentador que pueda resultar imponer penas draconianas para aquellos que llevan a cabo estas acciones tan monstruosas, no podemos permitirnos cometer violaciones adicionales”, dijo Bachelet, quien abundó que la pena de muerte “discrimina de forma sistemática y desproporcionada a las personas pobres y más marginadas, además de resultar a menudo en violaciones adicionales de derechos humanos”. Añadió: “El principal argumento en favor de la pena de muerte es que disuade que se cometan violaciones”. Sin embargo, dijo, “los datos demuestran que la certeza de recibir una pena, más que su severidad, disuade de cometer el delito”, y consideró que el “problema clave” es que en muchos países las víctimas no tienen acceso a la justicia. La ausencia de justicia –denunció-- es ocasionada por “estigma, miedo a las represalias, estereotipos de género arraigados y desequilibrios de poder, falta de formación de policías y jueces, por leyes que consienten o excusan ciertos tipos de violencia sexual o por la falta de protección para las víctimas”. Por ello, instó a los Estados a adoptar un enfoque centrado en la víctima para combatir la violación y otros tipos de violencia sexual, y resaltó que es fundamental que las mujeres sean participantes activas en el diseño de las medidas para prevenir y combatir estos delitos, así como que los funcionarios de orden público y judiciales reciban la formación pertinente para poder ocuparse de estos casos.