CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló que el confinamiento por la pandemia de covid-19 ha propiciado que los traficantes de personas se enfoquen en reclutar a mujeres y niñas a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas son insuficientes para detenerlo en el espacio virtual, por lo que pidió a las compañías de redes sociales y mensajería implementar controles que mitiguen el riesgo de la trata y la explotación sexual, así como su apoyo para identificar a traficantes e individuos ligados estos delitos. 

La CEDAW también solicitó a los gobiernos abordar las causas que empujan a las mujeres y las niñas a caer en situaciones de alta vulnerabilidad, así como movilizar recursos públicos y fortalecer los servicios para la igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. 

Dalia Leinarte, integrante del CEDAW, afirmó que la trata “es un crimen de género muy vinculado a la explotación sexual”, y subrayó que los Estados deben crear las condiciones propicias para asegurar que las mujeres y las niñas “sean libres del peligro de la trata” a través de políticas públicas que les otorguen autonomía y acceso equitativo a la educación y el empleo.

El Comité recomendó garantizar la participación de las víctimas, las comunidades afectadas y las personas en riesgo de sufrir este delito, en la toma de decisiones para prevenir y combatir la trata de las mujeres y las niñas, así como la erradicación de normas y valores patriarcales que a través de leyes facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad. 

También pidió la creación de políticas migratorias seguras, que respondan y protejan a las mujeres y niñas migrantes, así como sistemas de protección y asistencia para desplazados internos y la creación de un sistema para reportar casos de tráfico de personas en las inspecciones laborales que no afecte a las víctimas por su condición migratoria.