#8M en España: 'más miedo al patriarcado que al coronavirus”

domingo, 8 de marzo de 2020 · 14:31
MADRID, Esp. (Proceso Digital)..— El movimiento feminista volvió a ocupar de forma multitudinaria las calles de más de 20 ciudades españolas para demandar políticas que amplíen los derechos de las mujeres, con reivindicaciones de una igualdad real y para frenar los intentos de la extrema derecha de limitar los derechos logrados. Este es el tercer año que el feminismo muestra su fuerza al movilizarse este 8 de marzo, en un ambiente festivo y reivindicativo. En Barcelona, Madrid y Sevilla se vieron pancartas con el lema: “más miedo al patriarcado que al coronavirus”. A las 17:00 horas locales, inició la marcha en Madrid desde Atocha bajo el lema “Con derechos, sin barreras. Feministas sin fronteras”, que terminara en la Plaza de España, donde la Comisión 8M leerá un manifiesto. [caption id="attachment_620918" align="aligncenter" width="877"] Foto: AP[/caption] España tuvo un mal despertar frente al extendido fenómeno de la violencia machista, el 17 de diciembre de 1997, con el brutal crimen de la granadina Ana Orantes, solo unos días después de que esta mujer relatara en la televisión de Andalucía los años de golpizas que vivió al lado de su victimario, su exesposo José Parejo, quien la asesinó quemándola. Pero el movimiento feminista prendió y se extendió por las calles españolas al extender su grito de “yo sí te creo” en respaldo a la joven víctima de la Manada, un grupo de cinco jóvenes que perpetraron una violación multitudinaria el 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. Este caso emblemático, cuya cobertura periodística cruzó las fronteras españolas, despertó la indignación del movimiento feminista por el fallo de dos tribunales, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Navarra, de considerar el ataque como abuso sexual y no como una violación. [caption id="attachment_620915" align="aligncenter" width="889"] Foto: AP[/caption] Pero como el caso fue recurrido, llegó hasta el Tribunal Supremo que en julio pasado enmendó la sentencia inicial y concluyó que sí se trató de una violación de una joven, que los acusados “buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno” de lo que iba a suceder, que la víctima quedó “totalmente anulada”. Que los procesados celebraron sus actos delictivos como “un triunfo”al que quisieron “dar proyección” al grabarlo en sus celulares, hechos de “enorme sordidez y crudeza” en la que “la víctima sufrió en todo momento”.

Ley de libertad sexual

Desde el año 2003 que España empezó a registrar los casos de violencia de género, se han registrado 1,046 asesinatos machistas. En 2019 se registraron 55 casos y en lo que va de este año se tiene registro de once homicidios, de acuerdo a los datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. El año 2008 fue el de mayor incidencia, con 76 casos. Sin embargo, la legislación actual sólo contabiliza como feminicidios aquellos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, dejando fuera otros casos de violencia mortal del que han sido víctimas otras mujeres.  Con la llegada del nuevo gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) se impulsa un Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, recién aprobada en el Consejo de Ministros. El propósito es actualizar la ley contra la violencia de género del 2004 –impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— con el Convenio de Estambul que contempla aplicar el estatus de víctima de violencia de género a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia por parte de un hombre aunque no exista relación sentimental entre ellos. Se busca ampliar y dar claridad a la legislación penal contra los distintos casos de violencia hacia la mujer y, en el ámbito jurídico, estos casos serían instruidos en un juzgado especializado de violencia sobre la mujer En entrevista, la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde cuyo departamento se impulsa esta iniciativa, destaca que con este anteproyecto y una serie de políticas del nuevo gobierno, se pretende hacer un esfuerzo transversal donde no solo se reforme el Código Penal, sino una serie de políticas para ayudar a la prevención y a la sensibilización de los distintos servicios de servidores públicos que atienden casos de violencia machista. [caption id="attachment_620917" align="aligncenter" width="904"] Foto: AP[/caption] Se buscarán poner en marcha políticas de redistribución e igualdad, centradas en el replanteamiento de las relaciones económicas y sociales en materia de trabajo, de usos de tiempo y de corresponsabilidad. “El trabajo de este gobierno con el feminismo tiene una gran importancia, para nosotras es una prioridad pero también nos parece que a nivel internacional los pasos que demos en España pueden ayudar a mujeres de otros países a defender sus derechos. Cada avance de los derechos del feminismo en un país representa un avance para otros países, y en eso queremos volver a ser un país pionero en la defensa y en los derechos de las mujeres”, señaló. Montero consideró que en España existe un mayor número de denuncias por los distintos tipos de violencia hacia la mujer, pero eso no significa que haya un incremento en la incidencia de casos, como lo dejaba sentir la alerta que en febrero emitió la embajada de Estados Unidos en España, al aconsejar a sus ciudadanos tener precaución incluso contar con un abogado para afrontar un proceso en caso de ser víctimas de un delito sexual. “Más denuncias no significan más casos, sino más seguridad. El incremento de denuncias tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas, no con el aumento de las agresiones”, decía Montero repitiendo el argumento que emitió Igualdad tras la alerta estadounidense. Recordó que hace unos años en España esa violencia se comparaba con temas pasionales, incluso a la fecha algunos titulares de la prensa hablan de “una mujer muerta”, cuando “se trata de un asesinato”. El concepto de “violencia intrafamiliar”, explicó, es lo que la nueva oleada política de la extrema derecha está pretendiendo implantar, como si ese tipo de violencia fuera un asunto familiar. “La extrema derecha, y no solo en España, impulsa la idea de que se maneje como violencia doméstica o intrafamiliar, pero no lo es, es una violencia de género”, apuntó. “La violencia machista no es solo una cosa española, se produce en muchos otros países”, añadió. Recordó que la extrema derecha pretende imponer en algunas comunidades autónomas la “censura parental” –pin parental, le denominó Vox, el partido de extrema derecha— que es una autorización previa de los padres para la asistencia de sus hijos a actividades en los centros educativos, como los talleres con contenido sobre diversidad afectivo-sexual, sobre feminismo o cuestiones sobre identidad de género o la comunidad LGTBIQ. Vox ha impuesto la introducción de la censura parental a cambio de aprobar presupuestos en varias comunidades autónomas, con una idea engañosa sobre estos cursos, como la expresada por el líder Santiago Abascal, quien asegura que “la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está cerca de la corrupción de menores”, lo cual es falso. El dirigente se refiere a Skolae, el programa educativo sobre igualdad de Navarra, que ha sido premiado por la Unesco, pero que la ultraderecha critica. Al respecto, Montero señala que la extrema derecha pone en duda la labor de los profesionales de la educación y con ello pone en duda uno de los pilares del sistema democrático, como es la educación, y considera que es la reacción que pretende frenar los avances del movimiento feminista. Otro de los avances en la materia, que ya cuentan con registros en España son los casos de menores asesinados en el marco de la violencia machistas, que se conoce como “violencia vicaria” –conocida así porque el agresor utiliza a los menores para infligir daño a la madre—. Desde 2013, que inició el registro, se han registrado 34 menores muertos a manos de su padre o pareja de su madre, solo 3 en 2019, de acuerdo al Ministerio de Igualdad. La ministra comentó que trabajan en tres líneas políticas, la relacionada con la lucha contra las violencias machistas, otra contra la trata de personas con fines de explotación sexual, y una más sobre al distribución de la riqueza entre hombres y mujeres y la de igualdad en el trabajo, igualdad en permisos de paternidad y maternidad. “Uno de los ejes que trabajamos con otros ministerios es el relacionado con la redistribución de la riqueza entre hombres y mujeres”, señaló. Sobre el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual explicó que no solo se refiere a las modificaciones al código penal, sino se tiene una visión más integral, más transversal, que incluya el acompañamiento, prevención, sensibilización y formación en el ámbito educativo, entre personal sanitario, policial, militares, para la capacitación para saber cómo actuar en casos de violencia de género. Explicó que es necesario eliminar las diferencias actual de la ley sobre abuso y agresión sexual, porque dará mayores garantías a la víctima y en aplicar sanciones a los agresores, pero consideró que es evidente que la reforma legal no va a evitar por sí misma la violencia. “Nosotros coincidimos con las reivindicaciones del movimiento feminista, que es erradicar la violencia con prevención, sensibilización y facilidades a las mujeres que son víctimas pero también en concienciar a los hombres qué es una agresión o que es abuso, porque muchos se sienten legitimados de cometer estos actos”, dijo. Consideró que el caso de la Manada muestra de forma clara que en las declaraciones de los hombres que cometieron la violación no valoran que hayan cometido una agresión sexual, inculpando a la víctima como que ella quería estar con ellos, lo cual demuestra un enorme trabajo por hacer en materia de educación.

“Somos un grito global”

Al término de la manifestación en la madrileña Plaza de España, las organizadoras leyeron un manifiesto en el que resaltan: “Nos queremos vivas, libres y diversas todos los días del año”. “Somos un grito global de distintos pensamientos, unidas contra el patriarcado y dispuestas a dar la batalla para construir vidas mejores”, dijeron, y exigieron que todas las violencias machistas sean consideradas una cuestión de Estado, y pidieron una definición contra la “justicia patriarcal”.