HRW urge al gobierno de AMLO una reforma para acabar con la brutalidad policíaca
MADRID, Esp. (Europa Press).- La ONG pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que emprenda inmediatamente una reforma integral de la Policía Nacional, a la que acusa de asesinar y torturar civiles con total impunidad, en ocasiones por orden del narcotráfico, en un comportamiento criminal resultado de múltiples factores, entre ellos el absoluto abandono institucional.
La denuncia de HRW se produce un mes después de una serie de protestas realizadas el mes pasado en el país en respuesta a un serie de asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas policiales, comenzando por la muerte bajo custodia del trabajador de la construcción Giovanni López Ramírez en el estado de Jalisco.
Giovanni López, de 30 años, fue detenido a principios de mayo presuntamente por no llevar la obligatoria mascarilla de protección en plena epidemia de coronavirus en la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Las imágenes de video captadas por los testigos muestran una actuación policial extremadamente violenta, prolegómeno de lo que sucedería después.
Ramírez falleció bajo custodia y, cuando su tía y su hermano fueron a identificar el cadáver, se encontraron con que el cuerpo del trabajador presentaba múltiples contusiones y una herida de bala en la pierna. Un agente de la Policía reconoció ante ellos que sus compañeros se habían excedido en sus capacidades.
El hermano de Ramírez llegó a asegurar ante las cámaras de televisión que el presidente del municipio les había ofrecido 10 mil euros (más de 250 mil pesos mexicanos) para mantener la boca cerrada y les amenazó incluso con matarles si contaban la historia.
Las protestas estallaron en la capital del estado, Guadalajara, y en todo el país. Los manifestantes derribaron las puertas del edificio del capitolio estatal, incendiaron vehículos de la Policía y prendieron fuego a un agente.
En respuesta, oficiales vestidos de civil en camionetas sin identificación armados con palos y bates de béisbol amenazaron y detuvieron a los manifestantes, algunos de los cuales llegaron a perder el conocimiento por los golpes que les propinaron, según informó a HRW un representante del grupo de Derechos Humanos Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó las acusaciones y señaló a los partidos de la oposición como responsables de instigar las protestas. Alfaro, sin embargo, reconoció que cualquier exceso de violencia de la Policía no procedía de orden del estado, sino de los cárteles del narcotráfico, dando a entender que la Policía estatal no está bajo su control, según interpreta HRW.
Las protestas pusieron de manifiesto más casos como el de Ramírez. En Tijuana, Baja California, Yair López Jiménez murió asfixiado mientras era arrestado por un agente que aplastó su cuello con una bota. En Oaxaca, Alexander Martínez, de 16 años, estaba haciendo un recado para su madre cuando fue asesinado a tiros por un oficial de Policía que supuestamente le confundió con otra persona.
En la encuesta más reciente de personas detenidas realizada por la agencia estadística mexicana Inegi, casi dos tercios de los consultados afirmaron haber recibido golpes durante el arresto, más de un tercio fueron asfixiados, y una quinta parte de ellos dijo haber recibido descargas eléctricas.
En casi la mitad de los casos, la persona que llevó a cabo el arresto no se identificó como un oficial y en un quinta parte de los casos el sospechoso fue detenido sin una orden judicial y llevado a un lugar privado y no revelado en lugar de una comisaría de Policía.