CIUDAD DE MÉXICO (Europa Press).- Tras la petición de tutela presentada por 25 senadores, el Tribunal Administrativo del departamento central de Cundinamarca ordenó al presidente de Colombia, Iván Duque, suspender la autorización que permite a soldados del Ejército de Estados Unidos maniobrar dentro del territorio del país sudamericano bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. A finales de mayo pasado, el Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue --a partir del 1 de junio-- de una misión militar en Colombia, conformada por unos 50 soldados, para asesorar a las fuerzas locales en la lucha contra el narcotráfico, lo que ha levantado suspicacias dentro de algunos sectores de la sociedad y política colombiana. En ese entonces medio centenar de congresistas colombianos pidieron por carta a Duque que explicara "de manera detallada la naturaleza, los objetivos y las condiciones de esa presencia militar extranjera". La decisión del Tribunal se produjo después de una petición de tutela que el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, anunció --el mes pasado-- que sería presentada por parte de la oposición, al considerar que este despliegue de Estados Unidos "tiene un objetivo claramente militar y de agresión". Ahora Duque cuenta con 48 horas para dejar sin efecto esta autorización, aunque el tribunal sugiere que se trata de una medida temporal que busca que el presidente de Colombia envíe al Senado, dentro de ese mismo plazo de tiempo, "toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia" del Comando Sur. Por su parte, el gobierno siempre ha considerado que las actividades que realizará Estados Unidos en su territorio no violan artículo alguno de la Constitución, por lo que no se necesita el visto bueno del Senado, ni del Consejo de Estado, donde también halló oposición, según el diario 'El Espectador'. En un texto enviado al presidente Duque, el Consejo de Estado le recordó que una de sus obligaciones como presidente de la República era la de revisar la legalidad del paso de las tropas de Washington, además de hacerle saber su "especial interés en conocer las razones que sustentan la llegada y las actividades que se pretenden adelantar y su finalidad". No obstante, el tribunal consideró que existe una "evidente relevancia constitucional" y que una decisión de tal magnitud "no es de competencia exclusiva del presidente de la República", pues "deben participar el Senado y el Consejo de Estado, como garantía de control político sobre los actos del jefe de Estado". La oposición denunció que los militares estadunidenses serán desplegados en zonas donde hay una mayor problemática en relación con los cultivos ilícitos, en las que también residen las poblaciones más vulnerables y golpeadas por la violencia en Colombia. Asimismo, calificaron de "sofismas" las explicaciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, después de que dijera que no formarían parte de "operaciones militares", sino tan solo de grupos de trabajo de asesoría. La decisión fue tomada de manera "respetuosa" por parte del gobierno, se informó desde Casa Nariño, pero "se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Honorable Consejo de Estado", pues "la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento" por parte del Ejército de Estados Unidos, "a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República", insistió.