La crispación política en España comienza a intensificarse con la paulatina vuelta a la normalidad y tras 245 mil contagios y 27 mil muertes por el covid-19. Empeñada en descarrilar al gobierno de Pedro Sánchez, la derecha española –partidos, empresarios, medios y miembros de la judicatura– echa mano de una guerra judicial, usando como pretexto la presunta mala gestión de la pandemia, para lograr un proceso similar al que derrotó a Lula da Silva y a Dilma Rousseff en Brasil.
MADRID, Esp. (Proceso).- La derecha española está empeñada en descarrilar al gobierno de Pedro Sánchez, aprovecha la gestión de la pandemia del covid-19 como arma en su intento por romper la coalición de gobierno con Unidas Podemos y evitar que impongan su “ideología comunista” –como acusa– en el plan de reconstrucción social y económica del país.
La crispación política sube de tono cuando los españoles vuelven con cautela a ocupar las calles y se inicia gradualmente la reactivación de la economía, luego de que se aplanó la curva de la pandemia con un saldo que roza los 245 mil contagiados y más de 27 mil fallecidos.
Pese a que la OMS alabó el papel de España frente a la pandemia, la derecha busca culpar al gobierno por las víctimas, sin cargar con la responsabilidad propia por la gestión sanitaria en las comunidades autónomas que gobierna.
El dirigente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, pidió que una comisión parlamentaria esclarezca las responsabilidades del gobierno “en su nefasta gestión de la pandemia”. Y le advirtió a Sánchez que “allí no podrán seguir mintiendo sin consecuencias penales”.
Esa estrategia de menos política y más crispación la anunció Casado durante la investidura de Sánchez el pasado 4 de enero, cuando soltó al nuevo presidente: “Nos vemos en los tribunales y en las calles”.
José Antonio Martín Pallín, exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS), dice en entrevista que, además de la crispación en España, se está produciendo un lawfare o guerra judicial contra el gobierno de Sánchez.
Es una “cacería judicial” para conseguir el repudio al gobierno, “un proceso similar al lawfare que en Brasil permitió derrocar a Dilma Rousseff y llevar a prisión a Lula da Silva”, explica.
Sin embargo, expone que su esperanza es que en España no prospere “por estar en Europa”. Esta idea también la escribió en un artículo titulado El dedo y la luna, en El diario.es.
En ese propósito, el PP y la ultraderecha de Vox –con su retórica ha acusado a Sánchez de “asesino” y “genocida”– no están solos. Se les han alineado integrantes de los sectores más conservadores del empresariado, medios de comunicación de línea editorial afín y determinados sectores de la policía y de la judicatura.
El miércoles 10 de junio, Sánchez enfrentó en la tribuna parlamentaria a Casado, lo acusó de estar empeñado “en hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos”.
No conforme, la derecha llevó su campaña al Parlamento Europeo, donde pidió que se “condicionen” a Madrid los fondos europeos de apoyo para la reconstrucción, por “encubrir cifras” que colocan a España “entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”. Y para que no se vea como “un cheque en blanco” para Sánchez ni para “los caprichos comunistas de Iglesias”.
El vicepresidente Pablo Iglesias, principal objetivo de esta cacería, desenmascaró esa estrategia y tachó a los dirigentes del PP de “traidores” por ser capaces de pedir más “recortes en los servicios sociales”, lo que afectaría a la gente más vulnerable.
El “lawfare” español
–¿Usted ve claro que hay un lawfare para tirar al gobierno de Sánchez por la gestión de la pandemia? –se le insiste a Martín Pallín.
"Sí, por supuesto lo veo claro. Sí hay una intención de quitar al gobierno. La manía de la derecha es echar a Podemos”, sostiene vía telefónica el martes 16, cuando ya se han presentado alrededor de 40 querellas y denuncias penales y otras 30 por la vía contencioso-administrativa relacionadas con la crisis del coronavirus.
“Me parece correcto decir que no se trata de una conspiración, pero sí existe un alineamiento en que todos van en la misma dirección”, es decir, distintos sectores de interés del establishment español tienen ese objetivo.
El también miembro del Secretariado Internacional de Juristas y partícipe en misiones especiales sobre derechos humanos, organizadas por Amnistía Internacional, explica que un caso de conspiración es la causa judicial contra los líderes del procés catalán, donde sí hubo una confabulación entre la vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
En diciembre pasado, el director de El diario.es, Ignacio Escolar, advertía en un artículo titulado “Lawfare contra el nuevo gobierno”, que la “ambición programática del nuevo gobierno es directamente proporcional a la virulencia de los enemigos declarados en su contra”.
Refería que frente a los planes de reformas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (de Podemos) se está creando “otra coalición”, la de “tantos poderes económicos, políticos y mediáticos que están hoy muy incómodos ante estas reformas”. Sostenía que “no se van a quedar de brazos cruzados y la resistencia va a ser descomunal”, pero no la harán en el Parlamento. “Su principal arma va a estar en los juzgados”.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también advertía en entrevista conjunta con los medios El diario.es e Info Libre.es, que la derecha intentó también mermar a su gobierno “tras (los atentados terroristas) el 11-M, y con el 8-M (las marchas feministas) vuelve a deslegitimar a un gobierno de izquierdas”.
Explicó que la crispación se intensifica cuando gobierna la izquierda, porque “la ansiedad que la derecha tiene siempre por volver al poder le lleva a perder el orden lógico de las cosas”. Aunque lamentó que eso se haga ahora, en plena crisis del coronavirus, cuando hay “una tragedia con vidas humanas”.
Guerra-civilista
Martín Pallín sostiene que la derecha pretende poner en duda la legitimidad del gobierno por haber llegado al poder mediante la moción de censura que, en junio de 2018, produjo la caída de Mariano Rajoy, cercado por la corrupción del PP.
“La moción de censura está validada por la Constitución y es tan legítima que ese es el mismo y único mecanismo que (la derecha) podría usar para derrocarlo (a Sánchez). No los periódicos ni los tribunales ni la calle”, explica.
También critica que, para atacar al gobierno, el PP lo señale como una “dictadura constitucional”, lo cual es un contrasentido en sí mismo, o que la ultraderecha de Vox llame a Sánchez asesino en la tribuna del Congreso de los Diputados.
“Solo desde dentro (de España) se puede ver eso, pero más allá de los Pirineos (resto de Europa), estarán con los ojos cuadrados al escucharlos”.
En su opinión, este comportamiento de la derecha en plena crisis del covid-19 se debe a que “la derecha española es muy peculiar porque se basa en el espíritu de los vencedores de la guerra civil (1936-39). Que es algo muy similar a lo que estamos viendo en Estados Unidos en la actualidad, esto que está resurgiendo con el racismo.
“Es decir, la derecha en España no es homologable a la derecha europea. Nada que ver con la de la señora Merkel o de Macron. Aquí la única virtud de la derecha es que siempre ha tenido el poder a través del caciquismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Después lo han detentado durante 40 años (en la dictadura de Francisco Franco). No tienen la cultura de la derecha democrática europea.
“Esta derecha cree que España es su cortijo, cree que le corresponde por derecho divino y que todos los demás que ocupan el poder son unos ‘okupas’”, dice.
Ahora, con Pedro Sánchez que se alió con Podemos, “para la derecha vuelve la guerra civil. Para ellos, Podemos es el comunismo. Aquí no se ha asimilado que en España sigue el binomio vencedores y vencidos (impuesta por el franquismo), donde los primeros aseguraban haber vencido al comunismo, no a la II República y a la democracia”.
Carne para los tribunales
Martín Pallín cree que el Tribunal Supremo deberá rechazar la “andanada de querellas” contra el gobierno porque no tienen de dónde cogerse jurídicamente.
“Ya veremos cómo reaccionan, pero me temo, como ya lo dije antes, que en España hagan como hicieron con Lula y con Dilma Rousseff en Brasil”, advierte el exfiscal respetado en su gremio y de opiniones libres y críticas.
Por ello, no tiene empacho en criticar al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del TS, donde recaerán la mayoría de las denuncias contra el gobierno. Es el mismo que presidió el polémico juicio contra los líderes independentistas catalanes.
En el TS se han recibido poco más de 70 denuncias interpuestas por perjudicados, por asociaciones de profesionales sanitarios, por Vox, pero también por una serie de asociaciones surgidas al vapor de la pandemia que dicen representar a afectados, casi todas con vínculos con la derecha política y declarados franquistas, como Pilar Gutiérrez Vallejo.
“Es una avalancha generalizada. Una cosa increíble, porque acusar de prevaricación al gobierno puede existir, pero ¿de homicidio imprudente? Eso desborda los límites de lo que se enseña en las facultades de derecho sobre lo que es la relación de causalidad”, explica.
Agrega que hay una acusación “tan esperpéntica” como acusar a Sánchez de “genocidio” ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
Una de esas causas fue la polémica, “la querella del 8-M”, que pretendía criminalizar la manifestación del movimiento feminista del 8 de marzo como supuesta causante de la expansión de la pandemia que se detectó en Madrid por la tarde del 9 de marzo. Se trata de una “decisión judicial absolutamente insólita, carente de sustento legal y desprovista de cualquier motivación racional”, opina.
Desmontados los argumentos de esta querella, la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, finalmente acordó el sobreseimiento provisional del caso, al considerar que no había indicios suficientes para mantener imputado al delegado de gobierno, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación administrativa.
“Es una decisión que sirvió para retirar a una persona peligrosísima, como es el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos”, cuyo personal encabezó la investigación de la querella y cuyos informes para la juez estaban plagados de mentiras, noticias falsas y manipulaciones para criminalizar la marcha. El coronel fue retirado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en medio de una fuerte polémica.
González contra Sánchez
Los ataques de la derecha no son el único frente abierto que tiene Sánchez. En su partido (el PSOE) mantiene un fuerte diferendo con Felipe González, muy crítico con la coalición con Podemos porque –en su opinión– se pone en peligro el pacto constitucional.
González declaró que no se siente representado por Sánchez y hace unos días comparó al gobierno de coalición con “el camarote de los hermanos Marx” –icónica escena de la cinta cómica Una noche en la ópera–, por las tensiones cuando uno propone algo, el otro dice “yo quería más. Algo que no me gusta”. Mientras que Sánchez ha dicho del expresidente que ha sido “referente socialista de una España que ya no es”.
En este marco, el relevo en la dirección editorial del diario El País –Javier Moreno suplirá a la periodista Soledad Gallegos– hace unos días, fue interpretado por la prensa española como un capítulo más de ese diferendo político por la histórica influencia que González tiene en ese grupo de medios y entre los accionistas españoles y mexicanos (Roberto Alcántara de Grupo IAMSA, Carlos Fernández González de Finaccess y el empresario Carlos Slim).
Y es que atrás de la guerra accionaria entre Joseph Oughourlian (primer accionista con 29.8% de Prisa, grupo editor de El País) y Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander (4.1% del capital), estaría en juego “el rumbo de la línea editorial” de cara a los acuerdos políticos y empresariales para la reconstrucción del país tras la pandemia, apuntaba El diario.es.
Martín Pallín comparte que la lucha entre Sánchez y González llegó al periódico de referencia de la prensa española.
“Se ha puesto de relieve con el cese de la directora de El País, que es parte del choque de fuerzas internas entre Pedro Sánchez y Felipe González. Pero en esta jugada ha triunfado el sector de Felipe González y toda esa carga mediática y editorial. Porque salvo algunos medios digitales, no hay un poder de contestación al gran poder empresarial por parte de la prensa tradicional, como sucede en Francia con Le Monde, más allá de los vaivenes políticos. Esa es una de las carencias de este país, por eso no debe extrañar lo que está pasando.
Por lo pronto, pese a la grave crisis por la pandemia, las encuestas mantienen al PSOE de Pedro Sánchez como primera fuerza, superando 31%, tres puntos más que en las elecciones del pasado 10 de noviembre.
Este texto forma parte del número 2278 de la edición impresa de Proceso, publicado el 28 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
