WASHINGTON (apro).– El gobierno del presidente Joe Biden expresó su respaldo a los organizadores y participantes en las manifestaciones pacíficas planeadas para el próximo 15 de noviembre en Cuba, en reclamo a una mayor a una apertura democrática.

“Estamos monitoreando de manera cercana la situación en Cuba e interactuando con contactos clave para la realización de las protestas”, declaró en teleconferencia de prensa Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La funcionaria del gobierno de Biden enfatizó que las protestas planeadas para el lunes 15 de noviembre “dan voz al deseo de los cubanos de respeto a los derechos humanos, libertades elementales y acceso a alimentos y medicinas”.

Mendrala aclaró que Estados Unidos “rechaza las acusaciones del gobierno de Cuba” de que Washington está participando en la organización de las manifestaciones del próximo 15 de noviembre.

“Esas acusaciones son intento del gobierno de Cuba para distraer la atención de lo que se viene el próximo lunes, sobre las demandas que hará de manera pacífica el pueblo cubano”, subrayó la subsecretaria de Estado Adjunta.

La posición de Estados Unidos es retadora al gobierno cubano, puesto que sostiene que utilizará las herramientas diplomáticas a su disposición y otras para evitar que a los manifestantes se les reprima con la violencia como ocurrió en las del pasado 11 de julio.

“Urgimos al gobierno de Cuba que permita las protestas del lunes 15 de julio… estamos enterados que les han informado a los organizadores que las manifestaciones son ilegales; los urgimos a que no utilicen violencia, estamos atentos a identificar y a obligar a que rindan cuentas los violadores de derechos humanos”, agregó Mendrala.

En paralelo, el gobierno de Biden exhortó a la comunidad internacional a que se unan a su voz para estar vigilantes de lo que ocurra el lunes, y a condenar, en caso de ser necesario, la violencia contra el pueblo cubano.

Estados Unidos exigió al gobierno cubano que deje en libertad a las personas civiles detenidas “arbitrariamente” el pasado 11 de julio, a los presos políticos y a periodistas independientes.