WASHINGTON (apro) – El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se defendió del proceso judicial que se prepara en su contra en el Congreso federal de su país, argumentando que no puede ser enjuiciado como exmandatario por un discurso protegido constitucionalmente.

En un documento de 14 páginas y firmado por los abogados del expresidente, Bruce L. Castor y David Schoen, se rechaza la impugnación a Trump aprobada por la Cámara de Representantes por el delito de “incitación a la insurrección”.

Los abogados que representarán a Trump en el segundo juicio político al que lo someterán en el Capitolio y que está calendarizado para iniciar el próximo 9 de febrero en el Senado, sostienen que el proceso no se aplica a su cliente porque ya no ocupa el poder ejecutivo.

“La provisión constitucional requiere que la persona ostente actualmente el poder para poder ser enjuiciado. Tomando en cuenta que el presidente número 45 ya no es ‘presidente’… es imposible que por segunda ocasión el Senado cumpla el mandato”, anotan los abogados en el documento.

El delito que le imputó a Trump la Cámara de Representantes es en referencia al discurso que ofreció el pasado 6 de enero delante de miles de sus seguidores, quienes después de concluido el evento allanaron y el Congreso federal estadunidense.

Conocido como el asalto al Capitolio, ese evento en el que perdieron la vida cinco personas, fue un intento de los fanáticos de Trump por sabotear el proceso de confirmación legislativo de Joe Biden, como el presidente número 46 de los Estados Unidos.

Los legisladores federales de la Cámara de Representantes argumentaron para acusar a Trump, que el discurso que dio ante sus miles de fanáticos y seguidores fue para motivarlos a atacar el Congreso utilizando la violencia y destruyendo oficinas del histórico edificio.

Castos y Schoen sostienen que ese discurso que dio su cliente minutos antes del asalto al Capitolio no es evidencia de ningún delito ya que está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución referida a la libertad de expresión a los ciudadanos estadunidenses.

Los abogados de Trump insisten en que su cliente, contrario a lo que argumentan quienes lo acusan, habló de la idea de que las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, fueron fraudulentas y manipuladas respaldado en sus derechos constitucionales.

“Después de la elección de noviembre, el presidente número 45 ejerció su derecho de la Primera Enmienda bajo la constitución para expresar lo que creía sobre la elección y sus sospechas”, apuntaron los dos abogados que representar{an a Trump en el juicio.

Exoneración en puerta

Para declarar culpable a Trump del delito que se le imputan en el segundo juicio, se requieren 67 de los 100 votos que integran el Senado por lo que ya se adelanta que, como el primer juicio el ahora exmandatario saldrá exonerado.

El Senado está integrado por 100 legisladores, 50 demócratas (que tienen en su poder la mayoría representativa porque la vicepresidenta Kamala Harris, es la presidente de la Cámara ‘atempore’) y 50 republicanos.

Aunque algunos senadores republicanos ven a Trump como el responsable intelectual del asalto al Capitolio, los demócratas no cuentan con el apoyo necesario para alcanzar los 67 votos que se necesitarían para declarar culpable al expresidente.

La opción que persiguen los demócratas con el juicio es realizar una votación en base a la 14 enmienda constitucional, para imposibilitar a Trump de por vida para que pueda nuevamente competir por la presidencia o a cualquier puesto de elección popular.

Para vetar de por vida al mandatario incluso para dirigir un partido o movimiento político, las reglas del Senado requieren de la mayoría mínima, 51 votos, los cuales incluso con la oposición de todos los republicanos, los demócratas lo lograrían con el voto de Harris.

En el Senado todo está listo para el segundo juicio contra Trump, el cual aún no se sabe si los presidirá John Roberts, presidente de la Suprema Corte de Justicia como marca la constitución, o en su reemplazo lo haría la vicepresidenta Harris.

La parte acusadora, los fiscales, está integrada por un grupo de 9 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que encabeza, Julian Castro, del estado de Texas, mientras que el jurado está compuesto por los 100 senadores que emitirán el fallo de inocente o culpable cuando termine el juicio.