MADRID (EUROPA PRESS).- Una investigación de la Policía Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos permitió desarticular una red que se aprovechaba de la preautorización de las compras a través de tarjetas bancarias americanas para defraudar por hasta 12 millones de euros a más de 120 negocios locales, principalmente de Extremadura, ya que tenía su centro de operaciones en un hotel de Miajadas (Cáceres).

Se detectaron cargos desde farmacias hasta un club taurino dentro de la operación de esta red que se basaba en empresas fantasmas en Estados Unidos para –luego de dotarlas de una falsa solvencia económica-- solicitar la expedición de tarjetas bancarias con el máximo importe disponible, con el pretexto de utilizarlas en viajes por Europa.

La operación, coordinada por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, permitió la detención de 105 personas --unas 70 de nacionalidad española-- e investigar a otras 14, así como la práctica de 88 registros simultáneos en cuatro países por un fraude que se extendía en 24 provincias españolas y 15 países. Los investigadores detectaron que la red, que contactó inicialmente en el País Vasco, quería extenderse ahora por comercios de la Costa del Sol.

Red de origen albanés

El fraude pivotaba en el sistema de preautorización desde el datáfono usado como lector de tarjeta, ya que se aprovechaba de la diferencia de aceptación de pago entre los bancos americanos y los españoles. La organización, que emitía facturas falsas, era de origen albanés, aunque estaba formada por nacionales de este país y también de Estados Unidos y España, así como Grecia, Bulgaria, Venezuela y Colombia. Uno de esos socios era el dueño del hotel desde el que operaban en Cáceres.

La investigación comenzó hace un año y medio y es, en palabras del comisario general de Policía Judicial, Rafael Pérez, "la mayor operación contra estafas con tarjetas bancarias", ya que afecta a unos 30 bancos estadunidenses. El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Conrad Tribble, destacó el trabajo de la Policía, especialmente de la inspectora Beatriz Gómez, quien "no durmió durante 20 meses de trabajo para seguir el dinero hasta sus últimas consecuencias".

Comisión en comercios locales

La inspectora relató que se han llegado a detectar más de 120 comercios en España, principalmente en Extremadura, que propiciaban el fraude a cambio de una comisión del 15%. "Veíamos cargos que se repetían en cuestión de segundos de 8 mil euros, pero luego los había de 40 mil euros e incluso de un millón de euros, que ya resultaba escandaloso para el tipo de comercio desde el que se facturaba", señaló.

investigadores resaltaron que la organización utilizaba armas de fuego porque llegaba a coaccionar a sus integrantes para que cumplieran con los requisitos que previamente habían establecido.

También detectaron a trabajadores de banca que alertaron de que se estaban haciendo investigaciones patrimoniales y siguiendo el rastro del dinero, lo que dificultó la explotación de la operación que ha contado, entre otros, con la colaboración de Europol.