MADRID (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacional (AI) dio a conocer su último informe sobre la pena de muerte, en el que se pone de relieve que, pese a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, algunos países continúan haciendo un uso "implacable" de las ejecuciones y las sentencias de muerte.

"Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente al covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación por recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa", lamentó la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard.

"Los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de covid-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020", reveló el organismo internacional.

Además, destaca cómo, a pesar de que hubo una tendencia general a la baja, "algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones", lo que para la ONG es síntoma de "un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención se centra en proteger a la gente de un virus mortal".

Entre los países que se mostraron más activos ejecutando sentencias de este tipo en 2020 se encuentra Egipto, que llegó a triplicar su cifra anual, y China, cuyas autoridades anunciaron que castigarían con la muerte aquellas infracciones que violaran las políticas de prevención contra la pandemia.

El informe también hace mención a la administración de Donald Trump en Estados Unidos, donde se reanudaron las ejecuciones federales tras casi 20 años de paréntesis, con 10 ejecuciones en tan solo seis meses, al igual que hicieron otros países, como India, Omán, Qatar y Taiwán.

"La pena de muerte es un castigo abominable y llevarla a cabo en medio de una pandemia subraya aún más su crueldad inherente. La lucha contra una ejecución es difícil en los mejores momentos, pero la pandemia provocó que muchos condenados no pudieran acceder a asistencia legal en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables", denunció Callamard.

Los cinco países que firmaron más ejecuciones

Oficialmente a Irán le corresponde el dudoso honor de encabezar la lista de países que más ejecuciones ha realizado a lo largo del año: 246. Sin embargo, Amnistía sospecha que el más prolífico en este sentido sería China, con "miles" de ajusticiamientos anuales, ya que todos ellos están considerados "como secreto de Estado y se impide el escrutinio independiente".

"Las cifras de que dispone Amnistía Internacional sobre todas las ejecuciones de las que se ha tenido noticia no incluyen las llevadas a cabo en China", reconoce la ONG, que sí dispone de los datos de otros países, como Egipto, con 107 ejecuciones; seguido de Irak, con 45; y Arabia Saudí, con 27.

En el caso de Egipto, las cifras se han triplicado en el último año. Amnistía detalla que una veintena de estas sentencias se habrían llevado a cabo por delitos de índole "política" en "juicios manifiestamente injustos" basados en "confesiones forzadas" y otras violaciones graves de los derechos humanos.

Por su parte, y aunque Amnistía admite que las ejecuciones en Irán han continuado por debajo de las de años atrás, "el país ha utilizado cada vez más la pena de muerte como arma de represión política, contraviniendo así el Derecho Internacional", denuncia.

En relación con Estados Unidos, la ONG recalca que fue el único país del continente americano en 2020 en el que se ejecutaron este tipo de condenas. En julio, recuerda, el gobierno de Trump firmó la primera ejecución federal en 17 años, y cinco estados ajusticiaron a un total de siete personas.

"Virginia se convirtió recientemente en el primer estado del sur de Estados Unidos que derogó la pena de muerte, mientras que en el ámbito federal hay pendientes ante el Congreso varios proyectos de ley para abolirla", recalcó Callamard.

En cuanto al resto de la situación mundial, la ONG alerta de que "muchos países" de Asia y Oceanía violaron el derecho y las normas internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no incluyan el homicidio intencional.

Se impuso la pena de muerte para delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam; por corrupción en China y Vietnam; y por blasfemia en Pakistán, que al igual que Bangladesh dictó estas penas en tribunales especiales con diferentes procedimientos judiciales. Mientras, en Maldivas continúan condenadas a muerte cinco personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el delito.