Colombia

Estallido social y represión escalan en Colombia; van 43 muertos

El suicidio de Alison Salazar, de 17 años, quien antes de suicidarse denunció en Facebook que el pasado miércoles fue violentada sexualmente por cuatro policías antimotines en la sureña ciudad de Popayán, provocó la indignación de miles de jóvenes colombianos que intensificaron las protestas.
sábado, 15 de mayo de 2021

BOGOTÁ (proceso.com.mx).- El suicidio de una menor de edad que habría sido abusada sexualmente por cuatro policías que la detuvieron en una manifestación provocó el recrudecimiento de las protestas sociales en Colombia y de la respuesta violenta de la policía, cuyo accionar frente a las masivas marchas en todo el país había provocado hasta este sábado 43 muertos.

El suicidio de Alison Salazar, de 17 años, quien antes de suicidarse denunció en su cuenta de Facebook que el pasado miércoles fue violentada sexualmente por cuatro policías antimotines en la sureña ciudad de Popayán, provocó la indignación de miles de jóvenes colombianos que intensificaron las protestas en las principales ciudades del país.

En Popayán, un proyectil de la policía mató el viernes al estudiante de ingeniería Sebastián Quintero, de 27 años, al impactarlo en la cabeza, y una tanqueta blindada atropelló a varios jóvenes que protestaban en el centro de la ciudad, lo que detonó una reacción de ira popular que acabó en el incendio de un edificio de la Fiscalía y de las instalaciones del servicio forense.

“Estamos en una espiral de destrucción y de estallido social al que hay que ponerle alto con diálogo, no con más violencia”, dijo este sábado a periodistas el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, quien exigió a la Fiscalía y a la Procuraduría una investigación “con resultados rápidos” sobre las muertes de Sebastián Quintero y de Alison Salazar.

La joven se quitó la vida el pasado jueves luego de publicar en Facebook que policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) --que tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos y muertes de manifestantes desde hace varios años— abusaron de ella tras detenerla cuando se dirigía a casa de un amigo.

“En medio de eso –escribió Alison en la red social-- me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video (grabado por el periodista Kevin Acosta) queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnuando (sic) quitando el pantalón”.

El suicidio de Alison intensificó las protestas sociales en todo el país y este sábado, cuando las movilizaciones cumplen 18 días consecutivos, miles de jóvenes exigieron esclarecer las denuncias de abuso sexual que hizo la adolescente contra cuatro policías del Esmad, quienes fueron separados de sus cargos.

El comandante de la cuarta región de la policía, general Ricardo Alarcón, calificó los señalamientos de “una mentira vil y ruin”.

El periodista Kevin Acosta, de la plataforma Red Alterna, quien presenció y grabó la detención de Alison, dijo que escuchó cuando ella les reclamaba a los policías que por qué le estaban bajando el pantalón.

El activista humanitario Deivin Hurtado dijo que, durante las protestas, que se prolongaron hasta la madrugada de este sábado, unos 45 manifestantes resultaron heridos como resultado de los “excesos policiales”.

El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) informó que con la muerte del estudiante Sebastián Quintero van 43 muertos “por violencia homicida de la policía”, una cifra sin precedentes en los últimos años en América Latina que evidencia la intensidad de la represión.

“Colombia está al borde del caos y es necesario evitar una guerra, que es lo que quieren la ultraderecha y los radicales del Centro Democrático (el partido del presidente Iván Duque)”, dijo el presidente de Indepaz, Camilo González Posso.

Continúan las protestas

Las protestas continuaron este sábado en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, las seis principales ciudades de Colombia, mientras representantes del gobierno de Duque y del Comité Nacional del Paro tenían programada una reunión para este domingo para intentar establecer un diálogo.

Los manifestantes piden el cese de la represión, una reforma estructural a la policía, detener una iniciativa de reforma al sector salud presentada por el gobierno en el Congreso y establecer una renta básica universal de un salario mínimo durante seis meses para las familias pobres y vulnerables.

El senador opositor Iván Cepeda dijo que el gobierno debe comenzar por disolver el Esmad.

“Hay mucha indignación popular, la violencia contra los manifestantes ha sido brutal, inaceptable”, dijo Cepeda a Proceso.

El senador y varias organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Duque y los altos mandos de la policía y el Ejército, a quienes acusan de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas sociales.

La CPI, un tribunal que actúa contra responsables de delitos atroces cuando los sistemas de justicia nacionales dejan impunes esos crímenes, recibió un documento de 100 páginas en el que los denunciantes afirman que en las protestas se han registrado dos mil 110 casos de violencia policiaca y 17 denuncias de abusos sexuales.

De acuerdo con la acusación, la Fuerza Pública de Colombia ha cometido “delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”.

CIDH pide visitar el país

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formalizó este sábado ante el gobierno colombiano una solicitud para visitar el país a fin de observar de primera mano la difícil situación humanitaria que se ha registrado en el marco de las protestas.

“La CIDH, en virtud de su mandato y en respuesta a la solicitud de miles de personas, cientos de organizaciones y movimientos sociales de Colombia, formalizó pedido de anuencia al Estado para realizar visita de trabajo sobre la situación de DD. HH. durante las protestas sociales”, señaló el organismo hemisférico.

Port su parte, 55 congresistas estadunidenses pidieron al gobierno del presidente Joe Biden denunciar “de manera clara e inequívoca la violencia” de la policía colombiana contra los manifestantes para “restablecer la calma y la confianza y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 (con las FARC) de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político”.

Las fuerzas de seguridad de Colombia, indicaron los legisladores en una misiva, y “especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos”.

El uso “brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios Esmad ha sido denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos”, agregó.

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