GINEBRA, Sui. (apro). - La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sonó las alarmas por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) independientes en América Latina y el Caribe, por parte de gobiernos y otras personas en posiciones de poder.

En los últimos dos años, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha recibido un número creciente de denuncias de INDH (Defensorías del Pueblo, Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos, Oficinas del Ombudsperson) de la región, que han sido acosadas y amenazadas por gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros, simplemente por hacer su labor y cumplir con su mandato, acusa la oficina de Bachelet en un comunicado.

Los incidentes reportados incluyen amenazas o acoso contra las instituciones o su personal en Bolivia, Chile y El Salvador; ataques contra la sede y el personal de la INDH en Haití; e intentos de destitución del director de la organización en Guatemala y en México a nivel estatal.

En el caso de México la oficina de Bachelet aclara a Proceso que se refiere al caso de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo sobre los acontecimientos alrededor de la comparecencia de su presidente Marco Antonio Tóh Euán el 9 de diciembre de 2020 ante el Congreso estatal debido a la decisión que había tomado días atrás para otorgar medidas cautelares a personas integrantes de organizaciones feministas que se encontraban haciendo una protesta pacífica dentro del Congreso del Estado.

La protesta se enmarcó en la discusión sobre una legislación estatal sobre derechos sexuales y reproductivos.

En este sentido el 15 de diciembre de 2020 la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), en un comunicado conjunto llaman a las autoridades del estado de Quintana Roo a garantizar el pleno respeto de la autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

La FMOPDH, la CNDH y la ONU-DH consideran preocupantes los señalamientos realizados por integrantes del Congreso de Quintana Roo que cuestionan a la Comisión de los Derechos Humanos de dicho estado, a su personal y a su Consejo Consultivo por cumplir con adoptar medidas su actuación para garantizar el derecho de manifestación pacífica de grupos feministas en el Estado.

“Los intentos, públicos y privados, de amedrentar o socavar la actuación de defensa de los derechos humanos hacia la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo deben cesar de manera inmediata”, remarca.

En relación con el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos el comunicado se refiere a la denuncia presentada por su titular Raúl Israel Hernández Cruz, en enero de 2021 en relación a la presunta presión por el Gobierno del Estado para que renuncie a su puesto como Ombudsperson.

Por otra parte, en cuanto a otros países Bachelet reprueba las declaraciones públicas que desacreditan la labor de la institución en Ecuador y Uruguay; así como el levantamiento de la inmunidad del personal de la INDH y los recortes presupuestarios en Perú.

“También nos inquieta que durante una década no se haya nombrado al Defensor del Pueblo en Argentina.  El hecho de que hayamos recibido quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema”, declaró Bachelet.

“La labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes es crucial para cualquier sociedad. Sin embargo, sólo pueden cumplir su mandato de proteger y promover los derechos humanos si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y otros, y son capaces de mantener su independencia. De lo contrario, perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir”, agregó.

“Permítanme ser muy clara: estas instituciones, que trabajan estrechamente con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, no deben enfrentarse a ninguna forma de abuso o interferencia, y especialmente, presión política. Instó a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las INDH”, subrayó la jefa de ONU Derechos Humanos.

Estas responsabilidades están consagradas en los Principios de París, un conjunto de normas internacionales mínimas para que las INDH sean eficaces y creíbles, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Estos Principios establecen que las INDH deben defender las normas internacionales de derechos humanos de forma imparcial e independiente.

La Alta Comisionada reconoció que las INDH pueden suponer un reto para los gobiernos porque, según sus mandatos, tienen el deber de poner de manifiesto las lagunas en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, subrayó que los gobiernos pueden beneficiarse de sus evaluaciones independientes para ayudar a resolver los problemas de derechos humanos, un papel que cualquier sociedad democrática debería enaltecer.

Bachelet llamó a las autoridades respectivas para que establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes y eficaces de todos y cada uno de los presuntos ataques, actos de represalia, amenazas o intimidaciones contra estas instituciones.

Finalmente subrayó que, en el contexto actual de la pandemia, las INDH desempeñan un rol aún más esencial, ya que tienen el deber adicional de garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en la respuesta a la COVID-19.