Internacional

Gobierno de Bukele deporta al periodista Daniel Lizárraga

Agentes del gobierno de El Salvador se presentaron en la casa del comunicador mexicano para notificarle que debe abandonar el país, informó El Faro; medio que lo invitó a trabajar como editor.
miércoles, 7 de julio de 2021 · 15:13

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió deportar de su país al reconocido periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien funge como editor del multipremiado medio electrónico El Faro, contra el cual despotrica regularmente el autoritario presidente y cuyo personal tiene medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El gobierno salvadoreño, envuelto en una serie de denuncias por corrupción desde Estados Unidos, argumentó que Lizárraga no logró demostrar que es periodista –a pesar de su larga trayectoria en Proceso, Aristegui Noticias o el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre otros--, aunque según Carlos Dada, fundador de El Faro, la medida representa “una forma más de acoso contra nosotros y un intento más por limitar nuestro ejercicio periodístico”.

Dada indicó que agentes del Estado acudieron ayer a la casa de Lizárraga y le dieron cinco días para abandonar el país, ya que el gobierno le había negado su permiso de trabajo “porque no ha podido demostrar que es periodista”.

En febrero pasado, la CIDH otorgó medidas cautelares a 34 miembros de El Faro, tras determinar que existían indicios según los cuales “los derechos del personal están en riesgo y la situación es de gravedad”; a través de estas medidas, el organismo ordenó al Estado salvadoreño a que adopte "medidas para preservar la vida y la integridad" de los trabajadores.

El Faro ha denunciado con insistencia las agresiones que el gobierno de Bukele le ha lanzado, las cuales incluyen “bloqueos a conferencias de prensa; amenazas de instituciones de Gobierno que han dificultado el trabajo periodístico de fiscalización y rendición de cuentas; campañas de desprestigio a través de artículos anónimos publicados en medios de comunicación bajo tutela del Estado; estigmatización y acoso en las conferencias de prensa; seguimientos a periodistas y auditorías a la contabilidad del periódico que exceden lo tributario”.

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